Villaescusa quiere cobrar el IBI a la Iglesia por las propiedades que tiene arrendadas

Según explico el regidor, el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de reclamar al Obispado de Santander y a las Hermanas Trinitarias el IBI «de aquellos inmuebles que no están destinados al culto religioso y que tienen en arrendamiento obteniendo, por ello, un lucro económico». En los cálculos llevados a cabo, el Consistorio entiende que hay al menos «seis o siete» edificios que la institución religiosa tiene alquilados a sociedades mercantiles o particulares por lo que, a su juicio, deberían abonar el citado impuesto «como hacen el resto de vecinos o empresas del municipio», comparó Fernández. «No se trata de que paguen por las iglesias o ermitas», matizó también.

El alcalde puso dos ejemplos de inmuebles por los que el Obispado debería pagar, ya que obtiene de ellos varios miles de euros en concepto de arrendamiento. Es el caso de la Escuela Waldorf de Villanueva, así como el albergue de Cabárceno en el barrio de Castanedo, también en Villanueva. Fernández agregó que el clero tiene «muchísimas propiedades» en Villaescusa debido a la generosa aportación del exalcalde y diputado a Cortes Marcial Solana. «Donó sus propiedades y todo su patrimonio a la Iglesia para que se crease una Fundación en beneficio del pueblo que nunca se materializó», recordó el regidor.

Parte de esas propiedades son fincas con aprovechamiento forestal o agrario de las que el mandatario de Villaescusa asegura que también se beneficia la Iglesia, aunque, de momento, se han iniciado las gestiones poniendo el foco en estos inmuebles señalados ya que es fácil demostrar que están en régimen de alquiler por el que la institución religiosa saca un provecho y, a su juicio, no corresponden a un fin social, obra pía o de culto sino a una actividad lucrativa, por lo que no se trataría de ningún supuesto de las exenciones de pago recogidas en el Concordato entre España y la Santa Sede de 1979.

El municipio cántabro de Villaescusa sigue así la estela de otros Ayuntamientos como el de Valencia, Zamora, Cádiz o León -entre otros muchos- que han apostado por echar el pulso a la institución eclesiástica.

El último en ganar la batalla al clero ha sido el de Barcelona el pasado agosto, tras demostrar en sede judicial su legitimidad para cobrar el IBI a una congregación de la Iglesia que alquilaba un edificio de su propiedad a una sociedad mercantil dedicada a la educación. Se trata de un caso similar al que plantea ahora Villaescusa en los antiguos edificios de Villanueva y Castanedo.

Cada vez son más los consistorios españoles que se suman a cobrar el recibo del IBI a la Iglesia en estos supuestos. Un goteo que se inició en 2017 tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resolvió en favor del Ayuntamiento de Getafe en su litigio con las Escuelas Pías para el cobro de poco más de 26.000 euros del Impuesto de Obras, Instalaciones y Construcciones (ICIO).