«Nuestras demandas no eran caprichosas, sino fundadas en hechos y derechos»

Los tres propietarios que denunciaron en los juzgados la «ilegalidad» de las obras de construcción de la segunda planta del garaje que comparten los edificios 14, 14A, 16, 16A y 18 de la calle Camilo Alonso Vega, condenada a derribo, defienden que los tribunales estimaron sus demandas y «nos dieron no sólo la razón legal, sino que también valoraron que nuestra conducta no era caprichosa, egoísta y abusiva, sino fundada en hecho y derecho». Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº10 de Santander, ratificada después por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, obliga a derribar la segunda planta del aparcamiento que comparten 66 propietarios, construida entre 2009 y 2011, porque las obras «no son ajustadas a derecho», lo que ha incendiado aún más las relaciones vecinales.

Una parte de ellos, la mayoría, encabezados por César Fernández Mañanes y Carlos Valderrama, los dos últimos presidentes de la comunidad de propietarios, consideran «una traición» la actitud de los tres denunciantes, porque se desdijeron del acuerdo «unánime» al que habían llegado los 66 propietarios para realizar la obra, tal y como exige la Ley de Propiedad Horizontal al afectar a los pilares del edificio. Incluso, tal y como publicó este periódico, han expuesto su protesta en unas llamativas pancartas que cuelgan desde hace semanas de ventanas y balcones de varios edificios de la populosa calle santanderina. 'Nos quieren derribar 66 plazas de garaje, ¿quiénes son los culpables?', se puede leer en algunas de ellas. Otro de los mensajes es aún más contundente: 'Estos garajes tienen sentencia de derribo. Tres propietarios piden para no ejecutarla 189.000 euros, cuatro plazas y tres trasteros de por vida'.

Mientras, la parte denunciante -J. A. C., M. C. H. y los herederos de M. B. F.- insiste en que su reivindicación «está amparada por sentencias, documentos, actas y no en palabras, apreciaciones y mentiras, como las expuestas en las pancartas o las contadas a la prensa». Estos propietarios defienden que «no han colocado pancartas en balcones ni pegatinas ni carteles con datos falsos, ni mensajes subliminales por portales y quioscos, ni han faltado al respeto a ningún vecino o a algún miembro de sus familias», como «sí han hecho» desde la otra parte. «Todos estos mensajes atentan contra nuestro honor y dignidad, poniéndonos en entredicho, enfrentándonos a la gente. Se están metiendo con personas mayores, intimidándolas, coaccionándolas...». Justifican que ellos sólo «acudieron» a la vía judicial en defensa de sus derechos, «que es lo que hay que hacer. Vivimos en un Estado de derecho y las personas de bien que ven vulnerados sus derechos acuden a la Justicia y no intentan tomársela por su mano», indica J. A. C.

«Los tres propietarios -continúa- buscamos en su día el auxilio judicial pues las obras acordadas vulneraban el régimen de 'proindiviso' -propiedad compartida- al que estaba sujeta la comunidad y no contaba con la unanimidad de todos los propietarios afectados. Ellos defienden que tenían la de los 66 dueños del garaje», sigue explicando J. A. C., «pero también se necesita la de los otros propietarios de pisos y locales comerciales que no tienen derecho a aparcamiento. Y de estos no tuvieron la autorización correspondiente, algo imprescindible. La obra es ilegal, tal y como plasman las sentencias, porque se construyó sobre un terreno que es de 104 propietarios, no de 66. No se puede construir sobre algo de lo que no se es propietario de pleno derecho».

J. A. C. señala a Fernández Mañanes y Valderrama como «responsables» del derribo «porque tenían conocimiento de un procedimiento judicial en marcha y en vez de esperar el resultado del mismo, como aconsejaría la prudencia, deciden por su cuenta y riesgo ejecutar las obras hasta el final. Y cuando supieron que las obras no se ajustaban a derecho, siguieron adelante con una política de hechos consumados, porque pensaban que no se iba a derribar».

Los vecinos que se opusieron a la construcción del garaje desmienten que el derribo de la planta a la que obliga ahora la sentencia judicial ponga en peligro «la estabilidad de los edificios y nuestras vidas», tal y como han alertado Mañanes y Valderrama. «Los arquitectos y aparejadores entienden que el problema de seguridad se produjo cuando se realizó la construcción de la plataforma de hormigón porque se incrementó la carga sobre las zapatas y las columnas. El derruir una cosa conlleva menos peligro», señala J. A.C.

En las pancartas colgadas de los balcones de Camilo Alonso Vega uno de los mensajes repetidos es que los demandantes piden como «condición» para retirar la orden de ejecución del sentencia «189.000 euros, cuatro plazas de garaje y tres trasteros de por vida». J. A. C. contesta rápidamente en su defensa y la de los otros dos aludidos: «Eso no es así, lo único que pedimos es poder escoger una plaza porque llevamos nueve años sin poder aparcar ya que a los tres que no estábamos de acuerdo nos asignaron una plaza de moto en vez de coche. Ahí no cabe ni un Mini», explica, sacando a relucir «otra negligencia».

«Las instalaciones vulneran la ley al ser mayor el número de coches aparcados al de plazas autorizadas, ya que se otorgaron 50 para automóviles y 16 de motos, algunas de ellas, las más amplias, están ocupadas por coches», desvela. Pero esto no lo cuentan -prosigue-, como tampoco que han alquilado 12 o 14 aparcamientos cuando no se puede, ya que sólo pueden hacer el titular del piso o sus familiares».

Y sobre el dinero solicitado, J. A. C. explica que son «los gastos derivados por no tener aparcamiento y vernos obligados a utilizar parkings privados durante estos años y los de los peritos, aparejadores y arquitectos que contratamos para realizar los informes». Los demandantes lamentan que el problema se haya resuelto en los tribunales, pero indican que ha sido imposible alcanzar cualquier tipo de conciliación.