La venta de Quinta Labat se resiste por las diferencias entre Gobierno y Ayuntamiento

Tras el éxito en la venta de la discoteca Aqua y el alquiler de La Pereda, el Gobierno de Cantabria quiere seguir adelgazando su patrimonio inmobiliario estancado. Pero el siguiente edificio en la lista será más complicado de colocar que los anteriores. El palacete de la Quinta Labat, situado cerca de los pinares de El Sardinero y anexo a la Fuente de Cacho, no solo ha sufrido tres subastas fallidas, sino que las diferencias de criterio entre el Ayuntamiento de Santander y el Ejecutivo hacen poco probable que un empresario privado se interese a corto plazo por él.

El inmueble del siglo XIX, vacío y sin uso desde hace años, figura como equipamiento público en el Plan General de la capital, lo que limita mucho la actividad que puede albergar. Puede destinarse a un uso social, cultural, sanitario o administrativo, pero no puede venderse ni alquilarse para abrir allí un hotel o residencias particulares. Curiosamente, el arquitecto Casimiro Pérez de la Riva lo diseñó en 1895 como vivienda, y el propio Gobierno regional destinó 100 millones de pesetas casi un siglo después para reformarlo y convertirlo en la residencia oficial del presidente cántabro. Pero a Juan Hormaechea nunca le gustó la idea y a Jaime Blanco no le dio tiempo a mudarse.

Tras un tiempo utilizado como sede de la Consejería de Industria, y después vacío y sin uso, la Consejería de Economía quiere ahora recalificar el terreno para que los inversores privados no tengan reparos en pagar los 2,8 millones de euros por los que salió a subasta la última vez. Pero lejos de ese interés por sacarle el máximo rendimiento económico, la filosofía del Ayuntamiento de Santander defiende la conservación pública de este equipamiento.

«No estamos a favor de que los ciudadanos pierdan equipamientos. Ése es nuestro criterio. Queremos que Quinta Labat preste un servicio a la ciudad», señalaron desde el Consistorio.

Si el Gobierno quiere hacer un cambio urbanístico que flexibilice el uso del palacete, tiene por delante un farragoso camino burocrático que no le asegura el éxito. En primer lugar, deberá justificar una modificación de esa envergadura del Plan General y «no es fácil justificar ese uso lucrativo», señalan desde el Consistorio. En la lista de inconvenientes hay que añadir que ni tiene ascensor ni se le puede instalar. No cabe por el hueco de la escalera y para colocarlo habría que destrozar el diseño original del edificio, cuya fachada está protegida.

La Ley del Suelo impone, además, unas condiciones para el uso residencial que no siempre se pueden resolver en la misma parcela, como las dotaciones para espacios libres o la cesión del 10% de edificabilidad. La parcela actual mide 4.884 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad, y al fondo de la finca, junto a La Fuente de Cacho, hay una superficie plana, sin jardines, con suelo de cemento, en la que el Gobierno imagina otro edificio de viviendas.

Incluso si consigue superar todos estos obstáculos, la modificación del Plan General tendría que aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento. Y ahí se encontraría con el voto en contra del PP, convencido de que el edificio, aunque ahora no se use para nada, tiene posibilidades reales de aportar algo a la ciudad. Es cierto, explican, que el equipamiento actual permite «muy poco», pero sí habría «margen» para elegir el área de actividad: sanitario, administrativo, cultural, social... Pero nunca hotelero ni residencial.

Según un informe del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Cantabria, sólo el trámite de reforma del PGOU llevaría como mínimo 15 meses. Sin contar, después, las aprobaciones en el Consejo de Gobierno y en el Ayuntamiento de Santander. Eso sí, una vez superado el escollo urbanístico, la Consejería de Economía podría subastar de nuevo este inmueble con un valor mucho mayor del actual, ya que está ubicado en una situación estratégica y un cambio de uso del terreno sería un importante reclamo para sectores como el turismo o el inmobiliario.

Mientras se reactivan las conversaciones entre las dos administraciones para intentar llegar a un acuerdo antes de las elecciones, el Gobierno buscará otras vías de financiación para su último presupuesto de la legislatura. Una vez vendida Aqua por 221.000 euros y alquilada La Pereda por 27.120 euros al mes, Economía prepara la documentación para vender o alquilar el antiguo psiquiátrico de Parayas, como ya adelantó este periódico.

Abandonado desde hace dos años, cuando el Servicio Cántabro de Salud (SCS) se llevó a los últimos pacientes al Hospital de Liencres ante el desastroso estado de las instalaciones, el psiquiátrico está valorado en 20,4 millones de euros si sumamos su finca de 150.000 metros cuadrados y sus quince edificaciones.

Además, el Ejecutivo cántabro tiene aún el reto de desprenderse de otros dos edificios vacíos con un valor millonario: el palacete de la calle Sol (1,5 millones) y la antigua escuela de música en Menéndez Pelayo (657.000 euros).