El Gobierno da el primer paso para crear los juzgados de violencia contra la infancia

Lo intentará a través de un atajo legislativo. El grupo socialista en el Congreso busca aprobar las modificaciones en la ley del Poder Judicial indispensables para la implantación de los nuevos juzgados a través de las enmiendas que presentó este mes al proyecto de ley de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, que el Consejo de Ministros envió a la Cámara Baja en marzo y que en septiembre se debatirá en la Comisión de Justicia.

Para lograr su propósito necesitará pactar una mayoría que respalde las enmiendas específicas sobre infancia y que esté dispuesta también a aprobar la totalidad del proyecto de ley original. El Ejecutivo intenta que la nueva norma, que transformará por completo la planta judicial española, esté aprobada hacia final de año, con lo que entraría en vigor a lo largo de 2025.

En cualquier caso, el Gobierno ya va con retraso. Hace más de dos años que incumple el mandato de su propia ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia que, en junio de 2021, con su entrada en vigor, fijó al Ejecutivo un tope de un año para que enviase al Parlamento las reformas legales precisas para crear juzgados y fiscalías especializadas en esta materia, a imagen y semejanza de lo que ocurre con los tribunales de violencia contra la mujer. La Plataforma de Infancia, que aglutina a 70 de las principales ONG que trabajan con menores, califica estos órganos como el «gran reto pendiente» en el despliegue de la ley y como «el aspecto fundamental para evitar la revictimización « de los menores. A día de soy solo funciona un juzgado de este tipo en todo el país, la experiencia piloto creada en Gran Canaria en 2021.

La reforma pretende que cada uno de los 431 partidos judiciales que existen en España cuente con su sección judicial para la violencia contra menores, que debe ser completada por fiscales especialistas. Estos órganos instruirán las causas por maltrato, trata, lesiones u homicidio de menores, por ataques y agresiones a su libertad sexual y delitos contra su intimidad y el derecho a la propia imagen, y también tomarían las medidas cautelares para la protección de estos chicos. Eso sí, en los casos en que los hechos sean también competencia de los juzgados de violencia contra la mujer, como puede ocurrir con la violencia de género, la causa será asumida por los segundos.

La creación de las secciones de violencia contra la infancia debe ir acompañada de un plan para implantar unidades de valoración forense en estos juzgados (médicos, psicólogos y trabajadores sociales), técnicos indispensables para asegurar el mandato de prueba preconstituida y no revictimización de la norma de 2021. Para evitar la revictimización, en el caso de menores de 14 años, su primera declaración judicial, sea víctima o testigo, se convertirá en prueba preconstituida y no tendrá que repetirla ni en el juicio. Son los expertos de los equipos psicosociales los que, con las preguntas del juez y las partes, hagan la indagación, que, además, siempre quedará grabada. Deberán tener unas instalaciones amigables para los menores, en las que se sientan cómodos y bien tratados, y en las que en ningún momento del procedimiento tengan que coincidir con su agresor.

La reforma legal prevé que en un máximo de cuatro meses desde su entrada en vigor tanto el Poder Judicial como la Fiscalía y las autonomías convoquen cursos de especialización para jueces y magistrados, fiscales y equipos técnicos de los juzgados para hacer posible la puesta en marcha de los nuevos órganos, que luego deberán actualizar y mantener con formación continuada.

Otra parte de las enmiendas socialistas ordena también la creación de secciones judiciales especializadas en familia en todos los partidos judiciales, órganos muy demandados por la Abogacía que serán competentes en todo lo relativo a los matrimonios, a la guarda y custodia de hijos, a la manutención familiar, a la maternidad y adopción, a todas las relaciones paternofiliales, a la sustracción de menores, a su ingreso en centros de protección y a la protección de personas con discapacidad.

La ley de protección a la infancia contra la violencia que ahora aplicarán estos juzgados especializados paralizó la prescripción de los delitos violentos contra los menores hasta que la víctima tenga 40 o 50 años, impuso la obligación de denunciar los abusos y agresiones a familiares y profesores y ordenó retirar la tutela y las visitas a los padres agresores. Busca romper la coraza de opacidad y silencio que oculta la violencia y los abusos contra los menores, que en el 80% de casos se dan en el ámbito familiar, que se callan el 85% de las veces y que si se denuncian tardan décadas en hacerlo, por el 'shock' emocional y la dependencia de las víctimas.