La implantación de la administración electrónica enfrenta a los técnicos

La implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Torrelavega, para su incorporación a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, no solo se está realizando con retraso, sino que ha originado un enfrentamiento entre los técnicos municipales. El Secretario ha pedido al Consistorio que se encargue una auditoría informática y se adapte a la nueva normativa, mientras el Jefe del Servicio de Informática y Telecomunicaciones le acusa de actuar desde el desconocimiento. El asunto no ha pasado desapercibido para la oposición, que exige explicaciones al alcalde, José Manuel Cruz Viadero.

En un informe realizado por iniciativa propia, el Secretario plantea a la consideración de la Alcaldía que valore la adopción de varias medidas. En primer lugar, propone efectuar las reuniones oportunas para establecer el calendario de adaptación del Ayuntamiento a los requerimientos de la nueva Ley que regula la implantación de la administración electrónica. Con independencia de lo anterior, plantea el inicio del procedimiento de contratación de una asistencia técnica externa para elaborar una auditoria informática, con el fin de evaluar los medios con que cuenta este servicio en el Ayuntamiento, al objeto de adoptar las medidas organizativas y de gestión que proceda para mejorar «la eficacia y eficiencia de los servicios que son propios de dicho departamento».

El Secretario emite su informe para poner de manifiesto la situación en el Ayuntamiento de la implantación de la administración electrónica, con el objetivo de que por la Alcaldía y las concejalías competentes se den las órdenes oportunas para que, junto con el Servicio de Informática y Telecomunicaciones, se contribuya a realizar una «implantación efectiva» lo antes posible.

El funcionario advierte de la entrada en vigor de nuevas normas legales que obligan al Consistorio a adoptar medidas en este sentido. Estima necesario disponer a la mayor brevedad de un cronograma «detallado y claro», en el que se fijen los plazos y las diferentes medidas a adoptar por parte de los servicios competentes, particularmente el de Informática y Telecomunicaciones. Por otro lado, señala que muchas de las vertientes de la referida implantación afectan «de lleno» a las funciones de «fé pública» que la Secretaría General tiene que realizar.

Por último, justifica la elaboración del informe en que no se aprecia «suficiente iniciativa» por parte del Servicio de Informática y Telecomunicaciones para poner en marcha «soluciones concretas» que permitan la implantación de la administración electrónica, lo cual, sin perjuicio de la adopción de las medidas que puedan proceder de otros ámbitos, «afecta de lleno al efectivo cumplimiento de las obligaciones legales en esta materia, de próxima entrada en vigor».

Preocupación

La respuesta del referido departamento no se ha hecho esperar. El Jefe del Servicio de Informática y Telecomunicaciones señala en su informe de réplica que le resulta preocupante que «se emitan juicios de valor sobre un campo del que se presentan manifiestas carencias técnicas, llegando a poner en tela de juicio actuaciones cotidianas como la actualización de sistemas». También le preocupa que se cataloguen como «evasivas» las consideraciones de uno de los técnicos que suscriben el documento, formado y con experiencia en el ámbito de la E-administración o administración electrónica.

Otro asunto que inquieta al Jefe del servicio es que se clasifique como «trabas» los informes emitidos sobre actuaciones en la contratación de software discrecionales y sin valoración técnica, «por parte de un servicio sin competencias en este ámbito o el posible incumplimiento de un contrato firmado por este Ayuntamiento con un proveedor externo». También se queja del incumplimiento de los plazos en la contestación de requerimientos, aclaraciones e informes por parte de la sección de Personal, y de la falta de desarrollo normativo y procedimental en la implantación de la administración electrónica.

El técnico hace hincapié en la «falta total» de medios en el Registro General, así como el desarrollo normativo de la Ventanilla única, la elaboración de un catálogo de procedimientos actualizado y ajustado a las nuevas normativas, y la generación de un esquema organizativo que permita la asignación de roles definidos para todos los circuitos de firma. Por último, califica la situación de grave, pide a la Alcaldía que se encauce a través de la Comisión de Personal y recuerda que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones precisan de «organización y normativa».