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Personas mayores residentes del centro geriátrico público de Laredo
El envejecimiento de la población ha propiciado la apertura de 21 geriátricos en la última década

El envejecimiento de la población ha propiciado la apertura de 21 geriátricos en la última década

El 74% de las 6.615 plazas existentes en la región son concertadas y el Gobierno estima que con 98 más estará equilibrada la oferta con la demanda

María de las Cuevas

Domingo, 17 de abril 2016, 09:11

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. «No será necesario construir prácticamente ninguna residencia nueva en el medio plazo, si la demanda sigue como hasta ahora». El diagnóstico del área de Política Social del Gobierno de Cantabria tiene en cuenta los 21 centros geriátricos que se han levantado en la región desde 2003 y calcula que son suficientes para cubrir las necesidades de la población cántabra. Y eso a pesar de la progresión del envejecimiento desde el 2009, con una tasa de más del 20% de mayores de 65 años, según el Padrón Municipal de 2015, y la característica añadida del alto índice de longevidad, que en 2015 marcaba que de cada 100 mayores de 64 años, el 52% supera los 75 años.

Cantabria dispone de 61 residencias de mayores que suman entre todas 6.615 plazas, de las que 4.902 son concertadas (el 74% del total), es decir, que los Servicios Sociales contribuyen al copago del precio de la plaza en función de los ingresos de cada residente.

Algo más elevada es la cifra que calcula el sindicato CC OO, que considera que la demanda de plazas se vería satisfecha con «la concertación de 1.148 plazas más para ese 10% de la población mayor de Cantabria que lo requiere».

En la actualidad, según las cifras que maneja el Instituto Cántabro de los Servicios Sociales (Icass), 5.000 plazas públicas son la cifra deseable, por lo que «bastaría con 98 plazas concertadas más para cubrir la demanda».

Quizás la diferencia entre uno y otro cálculo haya que buscarla en un cambio de enfoque que plantea el Gobierno: «Pretendemos promover la permanencia de la persona mayor o dependiente en su domicilio con los apoyos necesarios siempre que sea posible y sea esa su voluntad, como establecen los modelos más avanzados de atención en Europa». Esta premisa, según adelantó el Gobierno a EL DIARIO, preside la filosofía del modelo de atención que se plasmará en el nuevo plan estratégico de servicios sociales.

Plaza cerca, plaza lejos

La lista de espera actual, según el Icass, asciende a 335 personas que solicitan plaza en residencias del entorno de las ciudades y, por otro lado, hay 275 plazas vacías en pequeñas residencias de zonas rurales alejadas de centros urbanos.

La lista de espera varía de un centro a otro porque hay un problema de «dispersión geográfica», según señala la directora de la Residencia La Caridad, Soledad Berasategui: «En las ciudades se concentra mayor población y faltan plazas para cubrir las solicitudes, y tenemos grandes listas de espera. En cambio, en la periferia y zonas rurales, sobran plazas. Hay un evidente problema de distribución propiciado porque en la provincia nadie se quiere quedar porque los hijos no pueden desplazarse para realizar las visitas».

Antes de la crisis del ladrillo fueron muchos los constructores pequeños o medianos que vieron en los geriátricos un negocio seguro, ante el inevitable envejecimiento de la población y estimulado por la política vigente entonces de un pueblo, una residencia.

«Estas políticas han derivado en residencias que no cubren plazas o, incluso, que nunca se han llegado a inaugurar, como la de San Felices de Buelna», señala Aitor Pellón, presidente de la Plataforma de Atención a la Dependencia.

La última residencia que se construyó fue la Residencia de la Virgen del Faro, en Cueto, que se levantó en terrenos municipales a través de una colaboración público-privada, inaugurada en 2014.

«Desde entonces, solo se acometen proyectos de ampliación, como recientemente ha hecho el centro privado Fundación San Cándido, y es lo único que veremos los próximos años. Los centros geriátricos son un negocio con poco margen de beneficio y con la peculiaridad de que el dinero se gana en las últimas plazas que se llenan. Los recortes en el copago han hecho daño a la rentabilidad de este negocio», continúa Pellón.

Las solicitudes de entrada a las residencias de mayores cambian en función de la temporada del año. En invierno se producen muchas altas, con el frío y las gripes los mayores empeoran, y en los meses de verano corre más la lista.

Desde el Ayuntamiento de Santander existe la intención de promover la construcción de un nuevo centro en la ciudad. La concejala de Servicios Sociales, María Tejerina, ha informado a este periódico de que «han presentado un proyecto al Gobierno de Cantabria para construir una nueva residencia y ha pedido la colaboración del Ejecutivo, administración competente, para el concierto de plazas en el centro, aunque de momento no ha habido respuesta».

El copago

El precio medio de una plaza en Cantabria es de 1.500 euros al mes o 1.800 euros en caso de dependencia severa. Esta cifra ha evolucionado a la baja desde 2012 y, a fecha de hoy, la Administración paga entre 42 y 58 euros por plaza de cada residente al día.

La vida en estos hospitales de larga estancia, como se consideran dentro del sector, se prolonga aproximadamente los tres últimos años de vida del cliente. El precio incluye asistencia médica las 24 horas del día, gericultores, apoyo psicológico, terapias cognitivas y físicas, fisioterapia, servicio de comedor, higiene personal y lavandería.

La pensión media en la región se sitúa en 1.040 euros mensuales. El Icass hace una valoración de ahorros, patrimonio y recursos de cada solicitante y en base a ello aporta un porcentaje. El copago ha ido creciendo progresivamente por el recorte del presupuesto de servicios sociales, de forma que el residente ha pasado en cuatro años de pagar el 38% del valor de la plaza al 50%.

El sindicato UGT denuncia que «en ocasiones el copago llega a ser excesivo, incluso confiscatorio para el residente, ya que no les queda pensión para hacer algo de vida propia», señala Asunción Villalba, secretaria para la Igualdad y Protección Social.

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