La eterna amenaza de la piqueta

El inicio del derribo de las viviendas del Alto del Cuco se hizo realidad hace tan solo unas semanas.
El inicio del derribo de las viviendas del Alto del Cuco se hizo realidad hace tan solo unas semanas. / R. Ruiz
  • Apenas se ejecutan derribos en Cantabria, pero sus procesos judiciales se prolongan décadas

  • Los nuevos planes urbanísticos han salvado ‘in extremis’ a la mayoría de las construcciones y otras muchas están en proceso de legalización

Un vistazo rápido al mapa de sentencias de derribo en Cantabria certifica que no existen predilecciones geográficas. De norte a sur y de este a oeste, toda la región está plagada de construcciones que alguna vez fueron denunciadas, en la mayoría de los casos por su impacto medioambiental o paisajístico. Solo unas pocas –algunas no superaron la fase de esqueleto de hormigón–, han sido demolidas. Pero la mayoría, principalmente viviendas ocupadas por familias, asiste al largo y doloso proceso de incertidumbre detrás de su legalización con sucesivos planeamientos urbanísticos. Es una lucha que permanece abierta en el peor de los casos desde hace 25 años y que ha enfrentado a los afectados con las Administraciones de los distintos gobiernos con pocos avances.

Arnuero, Escalante, Piélagos, Argoños y Miengo son los cinco municipios costeros más castigados, con exactamente 621 viviendas marcadas por sentencias de derribo –según indica el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria–, a las que habría que añadir los 214 casos del Cuco. De esas 621, al menos 449 son legalizables por la vía de los nuevos planes urbanísticos. Fuera de esa lista de hogares hay que sumar también otras infraestructuras como pabellones polideportivos, hoteles e incluso depuradoras, como Vuelta Ostrera.

La capital también ha tenido su cita con la justicia. Precisamente fue en Santander donde las palas actuaron por vez primera en la región. Derribaron un chalé en El Sardinero, condenado por infracción urbanística por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en septiembre de 1993. La demolición llegó 11 años después, en diciembre de 2004. El panorama de hoy es el siguiente.

Santander

Desde El Sardinero a La Maruca

Aquel primer derribo en 2004 sentó las bases de los casos sucesivos que se han dado en Cantabria. En la misma capital cántabra estuvieron amenazados también diez chalés de la Calleja Norte, también en El Sardinero, sobre los que pesaba una sentencia de derribo tras 23 años de litigios. En 2014 un nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) respaldó la postura del consistorio para anular la demolición, ya que las viviendas estaban arropadas por el nuevo Plan General.

En el último año no han corrido la misma suerte las construcciones irregulares en el barrio de Corbanera, en La Maruca. Se trata de eliminar los chamizos que están levantados en terrenos protegidos y que, a lo largo de los años, han ido aumentando de superficie sin autorización municipal. No pueden formalizar licencia por erigirse en terrenos de naturaleza rústica. El concejal de Infraestructuras, César Díaz, advierte de que "no es posible legalizar la mayoría de esas viviendas".

Demolición de una vivienda unifamiliar afectada por sentencia de derribo, situada en la urbanizacion Camino del Portillo, en 2012.

Demolición de una vivienda unifamiliar afectada por sentencia de derribo, situada en la urbanizacion Camino del Portillo, en 2012. / R. Ruiz

Argoños

Uno de los casos más destacados con 255 viviendas

El municipio concentra buena parte de la atención en este problema. No solo porque reúne el mayor número de viviendas amenazadas por la piqueta después de Piélagos, sino porque su ayuntamiento está en quiebra y no puede hacer frente a ninguna indemnización por los derribos. Un factor esencial con el que la ley ampara a los llamados ‘terceros de buena fe’, es decir, a los propietarios que en medio de esos litigios se encuentran indefensos frente a la protección de su patrimonio. De esas 255 casas, 11, situadas en Camino del Portillo –en la urbanización Las Llamas II–, no son legalizables y están abocadas a desaparecer. Además, otras 59 ubicadas en la misma zona podrían ser insalvables al verse afectadas por el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Santoña, Victoria y Joyel.

Arnuero

42 apartamentos tirados y 102 sin salvación posible

El problema está en la urbanización El Encinar, en la playa de La Arena, en Isla. Construida en medio de un encinar, que otorga nombre a la construcción, fue condenada a la demolición por la Sala de lo Contencioso Administrativo en 1994. Entonces se barajaba la cifra de 144 apartamentos. Siete años después, y tras la nueva sentencia del Supremo, comenzaron los planes para echarlo abajo. En abril de 2009 fueron derribados 42 apartamentos que se encontraban en estructura y nunca fueron habitados. Quedaron en pie los 102 actuales, que algún día serán deribados.

Escalante

Un futuro optimista para sus 32 casos

Tras sendos varapalos, primero en 1990 y después con la resolución del Supremo en 1999, que confirmaba la ilegalidad de 32 viviendas en el edificio Las Torres, el nuevo planeamiento urbanístico legaliza la situación, siempre a falta de lo que decidan los tribunales en el caso de que exista un recurso. El nuevo PGOU establece que en ese solar podría construirse un edificio similar, lo que convierte en absurda la hipotética demolición.

Miengo

Final feliz para 110 hogares tras 20 años de litigios

Los propietarios de los 110 hogares duermen más tranquilos desde que el pasado marzo se confirmó que todas las casas son legalizables. De hecho el Supremo validó después de 20 años que la franja de protección costera son solo 20 metros, salvando de la piqueta a 20 viviendas que ya son perfectamente regulares. Las otras 90 han sido regularizadas al amparo del nuevo plan urbano, pero los vecinos tendrán que pedir otra licencia.

Piélagos

80 viviendas en proceso y 214 en el caso del Cuco

Si las previsiones se cumplen, las 214 viviendas construidas a los pies del monte Picota serán historia en menos de un año. Este mismo verano comenzó la demolición de alguno de los bloques. Levantada en 2004 empujada por el boom inmobiliario, la urbanización, que nunca ha sido habitada, fue denunciada por la organización ecologista ARCA. Con 294 viviendas con sentencias de demolición, Piélagos es el municipio que más impacto registra en este problema. De las 80 restantes, todas tienen redención legal salvo 17 ubicadas en Cerrias I, en Liencres. Se pueden regularizar las 21 casas de la L-05, las 20 de Entrelindes y las 22 de Cerrias II, todas ellas en Liencres, según establece el PGOU, cuya aprobación definitiva está prevista para finales del año próximo.

Obras de demolición del edificio de El Solar (Santillana del Mar), que albergaba el Museo de la Inquisición.

Obras de demolición del edificio de El Solar (Santillana del Mar), que albergaba el Museo de la Inquisición. / Luis Palomeque

Santillana del Mar

El Museo de la Inquisición ya es historia

La caída, en proceso, del edificio que albergaba el museo es un daño colateral que se consumó el pasado mes por el derribo de El Solar, la parcela ubicada en el casco histórico de la localidad. La sentencia del TSJC se produjo en 1993, y fue ratificada seis años después por el Tribunal Supremo.

Suances

Vuelta Ostrera y el Gran Hotel colean en los tribunales

El nombre de la depuradora de Vuelta Ostrera es de sobra conocido desde que su destrucción fuera ordenada en 2005 por el Tribunal Supremo al señalar que invadía el dominio público marítimo terrestre. Se estableció un horizonte de siete años para demolerla desde el inicio del proceso de ejecución forzosa de la sentencia que comenzó en septiembre de 2013. La infraestructura, que costó 24 millones de euros hace una década, tendrá, en teoría, sustituta después de que el Gobierno central publicase el pasado miércoles el concurso para redactar el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de una "solución alternativa". Un informe cuyo precio de licitación asciende a 687.940 euros.

En el caso del Gran Hotel de Suances, el asunto sigue coleando en los tribunales doce años después de la sentencia por exceder los 2.065 metros cuadrados de volumetría permitida. Ahora se sopesa la legalización parcial del hotel con 70 habitaciones clausuradas. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJC.

Castro Urdiales

Un polideportivo, un hotel y dos chalés

El caso más conocido es el del polideportivo Peru Zaballa, que en febrero de 2011 se salvó de desaparecer. Pese a ubicarse en terrenos de dominio público marítimo terrestre, y con la concesión expirada en 2006, el Ministerio de Medio Ambiente decidió desafectar el terreno y permitir su legalización. Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó el deslinde marítimo terrestre que sitúa al histórico hotel castreño Miramar –inaugurado en 1945– dentro del dominio público, porque se asienta sobre terrenos que forman parte de la playa de Brazomar. El consistorio busca ahora nuevos usos con el objetivo de evitar que la Demarcación de Costas lo derribe, a falta de que el Tribunal Constitucional resuelva el último recurso de los propietarios. Sí desaparecieron ya los chalés número 79 y 80 de La Loma. Dos viviendas que no se habitaron nunca y que fueron declaradas ilegales por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander por haber sido construidas sobre suelo rústico.

En primer plano, 'Mingo', el día que comenzó el derribo de su chiringuito.

En primer plano, 'Mingo', el día que comenzó el derribo de su chiringuito. / Esteban Cobo

Bareyo

El icónico final del chiringuito de ‘Mingo’

Fue un suceso que tocó el corazón de muchos cántabros. Estaba previsto que la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se ejecutara el 24 de noviembre de 2008, pero los trabajos quedaron suspendidos ante la presión de los vecinos, familiares, clientes y representantes de las plataformas de afectados por los derribos que allí se dieron cita. Finalmente, el 30 de abril de 2009 se procedió a la destrucción del edificio que era al mismo tiempo vivienda y negocio de Domingo Herrero ‘Mingo’.

Laredo

El Edificio Tenis tendrá que adecuarse a la legalidad

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) emitió el pasado julio un auto en el que pide al Ayuntamiento de Laredo información sobre el plazo de ejecución de la demolición parcial del Edificio Tenis, de acuerdo a la sentencia firme de este órgano de 16 de noviembre de 1992 y al auto firme para su ejecución de 20 de enero de 1999, que ordena al promotor y a los propietarios la demolición de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45º.