Santander es el municipio cántabro con más viviendas vacías, por delante de Torrelavega y Castro Urdiales
Santander es el municipio cántabro con más viviendas vacías, por delante de Torrelavega y Castro Urdiales / Javier Cotera

Cantabria regulará las viviendas vacías dentro de la Ley del Suelo

  • La comunidad cuenta con 47.059 hogares desocupados, un 13% del total, la mayoría en Santander, Torrelavega y Castro

El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha una regulación específica para las viviendas vacías dentro de la Ley del Suelo, tal y como anunció ayer el consejero José María Mazón tras la reunión mantenida con el Observatorio de la Vivienda. En concreto, hay 47.059 hogares desocupados, disponibles para venta o alquiler o simplemente inhabitables o abandonados, lo que supone un 13,1% de las 358.618 viviendas que existen en la región y un 38,6% sobre el total de viviendas no principales, siendo éstas 121.756.

Ese 13,1% sitúa a Cantabria en la media nacional (13,6%), aunque es muy superior a la que puede considerarse normal en Europa, que ronda el 5%. Las comunidades con mayor porcentaje son Galicia (18,6%), La Rioja (17,9%) y Murcia (16,6%) y las que menos, País Vasco (7,9%), Madrid (9,1%) y Cataluña (11,6%).

La mayoría de las viviendas vacías en la región se concentra en las ciudades más pobladas, Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, que aglutinan el 37,8% del total, pero en términos relativos hay más en los núcleos pequeños, que se están quedando despoblados, según destacó Mazón a partir de los datos recogidos en el estudio presentado.

Cantabria no tiene marco legal propio para las viviendas vacías o deshabitadas y la legislación se remite a la vivienda protegida. Desde el año 2007 han sido varias las comunidades autónomas que han realizado algún tipo de regulación en relación a la vivienda vacía ante la ausencia de legislación estatal en la materia, pero los casos de Andalucía, País Vasco y Cataluña, por ejemplo, han terminado en recursos ante el Tribunal Constitucional, por lo que el Gobierno cántabro «tendrá en cuenta» estas experiencias previas para redactar una normativa que sea «diferente». La misma, que se está analizando y se continuará estudiando en los próximos meses porque es «muy compleja», según admitió el consejero, partirá de un estudio «muy completo» que podrá ser consultado en próximas fechas en la web de Gesvicán.

En la que fue la tercera reunión del Observatorio de la Vivienda y Suelo se hizo también balance del Plan de Vivienda 2013-2016, que finalizó el 31 de octubre y que, en palabras de Mazón, ha «cumplido» los objetivos fijados en todos los programas de ayudas –al alquiler, a la rehabilitación y a la evaluación de edificios–, pese a que el programa no era «especialmente ambicioso» desde el punto de vista económico. Así, recordó que estaba dotado con 17 millones de euros, de los que casi 12 fueron aportados por el Estado.

Lo único que ha «fallado» es la Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del Cabildo de Santander. El consejero de Obras Públicas y Vivienda espera que el nuevo ministro de Fomento y exalcalde de la capital, Íñigo de la Serna, haga un «esfuerzo» para «superdotar» estas ayudas y esta obra «tan necesaria» pueda «salir adelante».

De cara al próximo Plan de Vivienda, José María Mazón confía en potenciar la rehabilitación, «ya que genera empleo y evitaría utilizar otro tipo de subvenciones», y las ayudas a la construcción de nuevos pisos de protección oficial, tanto para venta como para alquiler.

«Nueva etapa»

Respecto al Observatorio de la Vivienda y Suelo de Cantabria, indicó que comenzará una «nueva etapa» que centrará su trabajo en tres bloques: actualizar los trabajos ya existentes (estadísticas de compraventa, la base de precios de la construcción y situación de la Oficina de Emergencia Habitacional); elaborar nuevos informes (estudiar cuál es la reversión a las arcas públicas de las ayudas al alquiler, analizar las subvenciones a la vivienda que existen en conjunto en las distintas administraciones, establecer una nueva hoja de ruta para la rehabilitación dentro de la estrategia nacional de ahorro energético); y dar una mayor «participación» y «visibilidad» al Observatorio entre sus reuniones, que se celebran cada cinco o seis meses, con la organización de jornadas o mesas redondas.