El Tribunal de Cuentas advierte a la UC de que no cumple con la paridad de género

El estudio refleja que, «diez años después» de la adaptación de la Ley de Universidades (LOU) a los valores y postulados de la Ley Orgánica que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de hombres y mujeres sea real y efectiva, la UC «no cumple los objetivos propuestos en materia de paridad». Un mal que es «compartido» con el conjunto de las universidades públicas españolas, al igual que otras deficiencias señaladas por el informe.

«En el tema de la igualdad hay aspectos que dependen de nosotros y otros no», defiende Ángel Pazos, que explica que desde 2015 hasta ahora se han dado «pasos» para reducir este sesgo. Pone como ejemplo la configuración del equipo de Gobierno de la UC, del que forman parte seis hombres -el rector y cinco vicerrectores- y cuatro mujeres -tres vicerrectoras y la secretaria general-; y de las direcciones de área, en las que hoy en día «hay paridad absoluta -ocho y ocho-. Otra cosa es la configuración de los órganos electos, que luego repercuten en la formación de otros colectivos de representación. «Si en las elecciones a los claustros de las facultades, son elegidos todos decanos -así sucede en diez de once- o si las candidaturas están mayoritariamente encabezadas por varones, nosotros no podemos hacer nada, el voto es libre», indica el rector.

El Tribunal de Cuentas traslada su análisis sobre la paridad al resto del personal de la UC. En este ámbito señala que «ha mejorado ligeramente» la paridad de género de los trabajadores respecto al anterior informe -que data de los años 2013 y 2014-, pero que sigue presentando «sesgos importantes» en favor del género masculino en el Personal Docente e Investigador -35% mujeres/65% hombres-, superior incluso a la media nacional. Una diferencia que crece en la categoría más importante del PDI, pues la Universidad tiene sólo un 12% de catedráticas frente al 21% estatal, mientras que en el cuerpo de profesores titulares la proporción es de 36%/64%.

El órgano supremo de fiscalización del sector público denuncia que de los concursos convocados durante el curso 2015/16 para cubrir 16 plazas en los cuerpos docentes, la composición de los tribunales no cumplió el porcentaje de paridad de género requerido en diez casos y en seis de ellos todos sus miembros fueron varones. «Hoy en día, estamos exigiendo ya la paridad en los tribunales, siempre que sea posible; y el pasado año aprobamos introducir en los criterios para asignar las plazas que, en caso de empate, se otorgue a una mujer», resume Pazos sobre las medidas puestas en marcha.

Mientras, en el Personal de Administración y Servicios (PAS) «sí existe una composición claramente mayoritaria del género femenino».

El Tribunal de Cuentas señala igualmente la «falta de implantación de una contabilidad analítica» en la Universidad, lo que provoca, por ejemplo, que los precios públicos «no se fijan en función del coste real de la prestación del servicio». El gerente de la UC, Enrique Alonso, indica que desde el año 2014 la Universidad tiene implantado el modelo de contabilidad analítica, si bien no se disponen de los primeros resultados hasta mayo de 2015. En cualquier caso considera que la información proveniente de estos informes «no puede ser utilizada» para el cálculo de los precios públicos ya que la aplicación de este modelo aprobado por la Intervención General de la Administración del Estado y el Ministerio de Educación «provoca un significativo deslizamiento de los costes hacia las actividades de investigación, lo que tiene una importante repercusión en los márgenes de cobertura de los costes de las distintas titulaciones», que, recuerda, en la UC son de los más baratos de España. Y manifiesta que el propio Ministerio «es consciente» de este problema en el modelo y de la «imposibilidad» de su implantación.

Entre otras cuestiones, el informe avisa de que no se justifican «suficientemente» algunos contratos -caso de los servicios de limpieza o del mantenimiento de las zonas verdes-; y que la UC no tiene asegurado el inmovilizado de su propiedad, existiendo «un riesgo de posible quebranto económico no cubierto adecuadamente».