La Audiencia confirma la imputación de dos exalcaldes de Castro en el caso Proconor

Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, en una comparecencia ante los medios en 2009, cuando el primero era concejal de Obras y el segundo, alcalde de Castro.
Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, en una comparecencia ante los medios en 2009, cuando el primero era concejal de Obras y el segundo, alcalde de Castro. / Abel Verano
  • La Sala ha rechazado los recursos presentados por ocho de los 23 investigados y acepta los del arquitecto municipal y un notario del municipio

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado las imputaciones por prevaricación de ocho de los 23 investigados en el denominado ‘caso Proconor’, por la construcción de las 51 viviendas de Proconor en Castro Urdiales, que, a juicio de la Fiscalía, deberían ser demolidas por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo.

Los siete investigados que han visto como la Sala rechazaba sus recursos son los exalcaldes de Castro, Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, los exconcejales Jaime Díez Muro, Fidel Uriarte Macho, Paulino Lavín y Guzmán Miranda; el exsecretario municipal, y una técnico. Por contra, el arquitecto municipal y un notario de Castro han sido absueltos de toda acusación.

Esta causa es una pieza separada de la investigación que inició el magistrado Luis Acayro Sánchez en el año 2008 y que afecta a la denominada unidad de ejecución 1.26, donde se ubica el polideportivo Pachi Torre.

El instructor castreño, que remitió el caso hace ya tres años al Juzgado de lo Penal de Santander tras acordar la apertura de juicio oral, señalaba en dicho auto que la Fiscalía pide un año de cárcel y diecisiete de inhabilitación para el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, y para la ingeniera municipal Mari Carmen Villanueva.

El Ministerio Público justifica su petición asegurando que fue el exalcalde de Castro el que concedió la licencia de obras a Proconor y aprobó el estudio de detalle y los proyectos de reparcelación y urbanización, "a pesar de ser consciente de estar incumpliendo la normativa aplicable, al no haberse realizado las cesiones previstas por ley y no ampararse en un instrumento de planeamiento conforme a derecho". Respecto a la ingeniera municipal, la Fiscalía apunta que emitió informe favorable de la licencia de construcción, "a sabiendas de la vulneración de la norma". Los otros 19 imputados se enfrentan a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

En este caso, que está a la espera de que se presenten los escritos de defensa y se fije la fecha del juicio, se investiga el desarrollo urbanístico de una unidad de ejecución, una tramitación que tuvo como resultado la apertura de un vial general no previsto en el planeamiento sobre una parcela destinada a equipamiento público, sin compensación para el Ayuntamiento, que perdió más de 400.000 euros, además de la concesión de una licencia de obras de 51 viviendas.