La devolución del canon del agua ahoga a las pedanías de Castro

El pedáneo de Sámano, José María Liendo, señala uno de los depósitos de la Junta que gestiona ahora el Ayuntamiento de Castro.
El pedáneo de Sámano, José María Liendo, señala uno de los depósitos de la Junta que gestiona ahora el Ayuntamiento de Castro. / Abel Verano
  • El juzgado rechaza los recursos de tres juntas al no haber demostrado el perjuicio que les causaría reintegrar la subvención que recibieron del Ayuntamiento castreño

Tres de las cuatro pedanías de Castro Urdiales a las que el Ayuntamiento les reclama la devolución de la subvención que recibieron en 2008, tras ceder sus infraestructuras del agua al consistorio para que asumiera su gestión, están contra las cuerdas. Sámano, Mioño y Otañes han visto esta semana como el juzgado ha rechazado sus recursos contra la medida cautelar que adoptó el ayuntamiento castreño para que devolvieran esas ayudas que no pudieron justificar en su momento, después de que los tribunales anularan la prórroga que el Consistorio les concedió en 2012 para ese fin.

Eso sí, según aclaran desde el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), este revés judicial que han sufrido estas tres juntas vecinales –que podrán presentar recurso de apelación– no es ni mucho menos definitivo «ya que queda un largo camino por delante: la presentación de la demanda, la contestación a la demanda, la proposición de pruebas, la práctica de las mismas, y la resolución del pleito».

Por su parte, la cuarta pedanía en cuestión, Ontón, ha visto como su recurso ha prosperado a pesar de que las reclamaciones de las cuatro juntas, que han caído en diferentes juzgados, han sido presentadas bajo el paraguas del mismo letrado. En este caso, Juan Varea, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Santander, señala en un auto que «es cierto que la pedanía no aporta ni un solo dato referido a su situación económica, ingresos, solvencia, presupuestos, etc, que permita advertir que el pago inmediato genere un perjuicio superior al mero desembolso, compensable a posteriori por la devolución con intereses». Sin embargo, y a pesar de esta ausencia probatoria concreta que llevaría a desestimar la medida, «debe valorarse el elevado importe del reintegro y la naturaleza de la entidad local, una Junta vecinal, cuyo estado patrimonial no es desconocido en estos Juzgados donde se hace notablemente difícil la ejecución de condenas dinerarias por este motivo».

Así, el magistrado cree que el inmediato desembolso podría ocasionar un problema de liquidez o carencia de recursos para atender los pagos ordinarios y la efectiva paralización de la entidad pública. «En todo caso, generaría un importante desequilibrio presupuestario, solo por su importe».

En los otros tres casos, que han caído en el Juzgado de lo Contencioso Nº 2 y el Nº 3, los magistrados rechazan las pretensiones de Sámano, Mioño y Otañes al no haber «concretado absolutamente nada ni de qué manera puede afectar negativamente el reintegro de la subvención al funcionamiento normal de la Junta Vecinal».

Ante esta situación, los representantes de estas tres juntas vecinales tienen previsto reunirse con su abogado esta semana para ver qué pasos se siguen a partir de ahora.

El pedáneo de Sámano, José María Liendo (PP), cree que a la Junta Vecinal de Ontón le han aceptado su recurso, a diferencia del resto, porque ha caído en manos de Juan Varea, «que conoce muy bien la situación de las juntas vecinales de Castro, al menos la de Ontón y la nuestra». «Con esta resolución es más el quebranto que se ocasiona a las juntas que el problema que se le causa al Ayuntamiento», añade Liendo;avanza que recurrirán en apelación y dice que «nos ponen en una situación comprometida de cara al Ayuntamiento».

De su lado, el pedáneo de Mioño, Tomás Ortega (PSOE), asegura que su junta «no tiene dinero para devolver esa cantidad que le reclaman». «Andamos muy mal porque aquí no entra dinero. No sé qué va a pasar porque las juntas no pueden hacer frente a esas cantidades», señala, al tiempo que reconoce que no sabe la deuda que tiene Mioño «porque con tantos números te vuelves loco».

En el caso de Otañes, su pedáneo, Santiago Berriolópez (PSOE), culpabiliza a los anteriores gestores de la junta vecinal –condenados por un delito de prevaricación administrativa– de la situación a la que se ha llegado ahora. «La Junta no se va a cerrar. Se pagará como se pueda».

Más contento se muestra Javier Gil (PSOE), pedáneo de Ontón, que espera que el Ayuntamiento de Castro sea «sensible» y acate el fallo judicial, aunque puede apelar.

"El futuro no es halagüeño"

Frente a todo ello el alcalde de Castro, Ángel Díaz Munío, reconoce que el futuro de las pedanías «no es halagüeño por su propia gestión». Entre otras razones «porque si tuvieran que devolver el dinero que les reclama el Ayuntamiento, se quedarían sin recursos». «Lo que pasa es que si no lo tienen, tampoco lo van a perder», añade el regidor.

Aún con todo, Díaz Munío considera que la delicada situación económica de estas cuatro juntas vecinales va más allá de las subvenciones municipales que el Ayuntamiento no les puede conceder hasta que no devuelvan el canon del agua.