Los ediles del PSOE de Laredo pagan la multa del 'caso Tenis' e inician los trámites del derribo

El Edificio Tenis se encuentra enclavado en primera linea de playa./Abel Verano
El Edificio Tenis se encuentra enclavado en primera linea de playa. / Abel Verano

El equipo de gobierno, que está a la espera de que se resuelva su recurso contra la sanción, ha pedido un informe al arquitecto municipal antes de sacar a concurso las obras

Abel Verano
ABEL VERANOLaredo

El equipo de gobierno de Laredo (PSOE) ha remitido un escrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el que informa de los pasos que ha dado en los dos últimos meses de cara a ejecutar la demolición del Edificio Tenis -de forma subsidiaria- de acuerdo a la sentencia firme de 16 de noviembre de 1992 y el auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999, que ordena al promotor y a los propietarios del inmueble la demolición de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45º.

Esta notificación se produce después de que la Sala impusiera el pasado mes de octubre una multa de 150 euros al alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, y a cada uno de los otros cuatro ediles del PSOE que forman parte del equipo de gobierno (Rosalina López, Jesús San Emeterio, Javier Solana y Charo Losa) por no cumplir los plazos previstos para llevar a cabo el derribo. Pese a abonar esta multa, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales, el equipo de gobierno pejino recurrió la sanción alegando que «no es responsable del retraso, ni de negligencia alguna», y señalando a Dynamis, la empresa de ingeniería encargada de redactar el proyecto de demolición, como responsable del incumplimiento de los plazos previstos en un cronograma aprobado por el propio Ayuntamiento.

LAS CLAVES

Noviembre de 1992
Primera Sentencia: El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) emite una sentencia en la que se ordena el derribo parcial del Edificio Tenis.
Mayo de 1994. Condena
El Supremo condena por prevaricación al entonces alcalde de Laredo, el socialista Juan Ramón López Revuelta, y a otros tres ediles de su grupo. En 1996, Revuelta recibió el indulto tras el último Consejo de Ministros de Felipe González.
Enero de 1999. Ratificación
El Supremo emite un auto firme en el que confirma la sentencia de derribo.
Enero de 2009. Trabajos
La empresa Pentia presenta el proyecto de demolición parcial del edificio.
Octubre de 2007. Multa
El TSJC acuerda imponer multas al equipo de gobierno ante el incumplimiento de los plazos acordados.

El recurso del gobierno socialista, que está aun pendiente de resolverse por parte de la Sala, fue impugnado por el vecino afectado por el exceso de construcción de la edificación, quien asegura que el Ayuntamiento de Laredo «sigue manteniendo una postura dilatoria y rebelde respecto al cumplimiento de la sentencia, con argumentos difícilmente sostenibles desde un análisis racional, lógico y jurídico».

A la espera de que se resuelvan tanto el recurso de los cinco integrantes del Gobierno pejino como la impugnación del vecino afectado, los responsables municipales han remitido un escrito a la Sala en el que dan cuenta de los trámites realizados desde diciembre hasta el pasado mes de enero con el objetivo de proceder al derribo de parte del edificio. En ese escrito, el gobierno socialista informa al tribunal de que el arquitecto municipal realizó el pasado 22 de diciembre informe de supervisión correspondiente a la segunda fase del cronograma denominada 'Redacción del informe de supervisión del proyecto', un trámite que debía estar solventado antes del pasado 10 de agosto. Asimismo, el Ayuntamiento pejino señala que el pasado 22 de enero la empresa Dynamis presentó la 'Respuesta al informe de supervisión municipal del informe de análisis estructural del proyecto de derribo de las obras ilegales en el apartahotel Tenis de Laredo', correspondiente a la tercera fase del cronograma, un trámite que se tenía que haber realizado antes del 10 de septiembre de 2017.

Antes de pasar a la cuarta fase, la de licitación, adjudicación y firma del contrato de las obras de demolición -previsto para el pasado 10 de diciembre-, el equipo de gobierno señala que «la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 121 nos exige que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato». Así las cosas, el gobierno socialista ha dado un plazo de 10 días al arquitecto municipal para que emita un informe.

La demolición parcial no se ha ejecutado después de 19 años

an pasado 19 años desde que el Supremo confirmara el derribo parcial del Edificio Tenis y aún no se ha ejecutado. Tras varios trámites infructuosos, en el año 2009 se inició un incidente de inejecución. Ese año, la empresa Pentia presentó el proyecto de derribo. Dada audiencia a sus propietarios sobre dicho proyecto, acudieron al TSJC a fin de plantear diversas cuestiones técnicas y de seguridad del edificio para la ejecución del proyecto, acompañando el informe de un perito. La Sala, ante los defectos imputados al proyecto redactado por Pentia, acordó la intervención de un tercer perito, que presentó un informe ante la Sala y las aclaraciones solicitadas por las partes.

En 2015, una de las partes personadas reclamó la ejecución del derribo, «ya que desde el 29 de diciembre de 2011 no ha existido ningún tipo de actuación ni trámite procesal». El TSJC emitió un nuevo auto, en junio de 2016, en el que pedía al Ayuntamiento información sobre el plazo de ejecución de la demolición. Asimismo, le daba un plazo de tres meses para informara sobre si mantenía el proyecto técnico de demolición, lo modificaba o presentaba otro nuevo..

En septiembre de 2016, la Sala dictó otro auto en el que solicitaba al Gobierno pejino que presentara la documentación requerida en junio, apercibiéndoles de que el incumplimiento podría suponer una sanción de 150 euros a cada edil. Tras un nuevo requerimiento, el Ayuntamiento presentó en diciembre de 2016 cuatro escritos especificando sus actuaciones. En octubre de 2017, la Sala acordó imponer las multas ante el incumplimiento de los plazos acordados.

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