Acayro cita a los promotores de La Loma y a varios funcionarios de Castro Urdiales

El magistrado Luis Acayro Sánchez ha retomado la investigación judicial en el Ayuntamiento de Castro Urdiales tras el parón navideño. Hoy tendrán que declarar como imputados, dentro del caso La Loma, (el de las presuntas irregularidades urbanísticas por falta de licencias y construcción de viviendas en suelo público) los administradores de Quinorsa; el administrador de Teconsa, José Luis Martínez; Javier Sainz, en representación de Norsur; los administradores de Sacyr Vallehermoso y el exconcejal de Obras, Pedro Olano. Las declaraciones comenzarán a las 9:30 horas.

También tendrán que comparecer ante el instructor de este caso, aunque en su caso en calidad de testigos, la exgerente de Urbanismo, Alicia García; la tesorera municipal, el interventor y la secretaria municipal. El jueves testificarán los representantes de la Fundación Barquín; el director general de Urbanismo del Gobierno regional, Pedro Ángel Gómez Portilla; el exdirector general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre y la registradora de la propiedad.

En un providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro dice que el Ayuntamiento de Castro ha presentado diversa documentación «que no tiene nada que ver con los hechos investigados al estar fuera del Suelo Urbanizable No Programado» y que por tanto se ha devuelto a dependencias municipales.

Además, señala que la secretaria municipal ha presentado un certificado en el que indica que no consta en el Ayuntamiento expediente de adjudicación de las obras de urbanización de una promoción de chalés de La Loma.

Recurso

Las empresas que construyen en La Loma recurrieron hace unas semanas el auto en el que el juez, además de inhabilitar al alcalde Muguruza y el edil Rodríguez López, ordena la paralización de la edificación e incluso la retirada de toda la publicidad referente a la venta de chalés de 'Residencial San Pelayo', en Santullán. Las constructoras alegan que cuentan con la pertinente licencia de obra por parte del Ayuntamiento y que no han cometido ilegalidad alguna en la ejecución de sus promociones. Por ello, y ante el perjuicio económico que esta paralización les está ocasionando, solicitaron la revocación del auto.