"Miedo" en Camargo ante la notificación de desalojo a vecinos de viviendas municipales

María Cruz Núñez Iglesias lleva una «semana a lexatines». Sentada en el salón de la casa emplazada en Herrera de Camargo en que ha vivido durante los últimos 32 años, sostiene con manos temblorosas y con las lágrimas resbalando por los surcos propios de un rostro que ya ha visto pasar 72 primaveras una notificación municipal que llegó días atrás para sacudir su vida. Una fría resolución del Ayuntamiento a través de una carta certificada en que se le indicaba que tenía 15 días para presentar alegaciones o en un mes debía abandonar el inmueble, de propiedad municipal.

Núñez, acompañada en la sala por su hija, María Cruz Hurtado, rememora todas las vivencias que se han producido en esas paredes que ha cuidado como si fueran de su propiedad. «Soy pobre pero conservo las cosas», esgrime, mientras presa del disgusto explica los motivos que le llevaron junto a su marido, ya fallecido, y sus cuatro vástagos, hoy adultos independizados, a la casa situada a escasos metro del Colegio Sagrada Familia. «Vivíamos en Revilla, pero el Ayuntamiento necesitaba los terrenos donde se levantaba el inmueble para construir el Instituto Valle de Camargo. Como compensación por esa expropiación, el entonces alcalde, Ángel Duque, nos ofreció esta casa y nos dijo verbalmente que podíamos quedarnos aquí hasta que yo me muriera. De aquello hace casi 35 años y ningún político jamás nos ha puesto inconveniente alguno», relata.

Su hija, Cruz Hurtado, va más allá. «No queremos nada que no sea nuestro. Cuando mi madre ya no esté llevamos las llaves al Ayuntamiento, pero esto es indignante. Nos están dando trato de okupas», reprocha, mientras su madre le da la razón: «Como a okupas», acompaña.

El de esta septuagenaria vecina de Herrera es uno de los casos más extremos que se han producido en los últimos días en Camargo. Pero no el único, pues el Consistorio ha remitido una serie de cartas similares a otras familias del Valle. Al menos así consta en dos resoluciones de Alcaldía rubricadas el pasado 19 de octubre en que se daba luz verde al «expediente de desalojo y recuperación» de oficio de dos inmuebles municipales situados en la calle Hermanos Torre Oruña de Muriedas y otros tantos enclavados en la Avenida de Santander, en Herrera. La reacción de los afectados, en la mayor parte de los casos, se resume con una única y clara palabra: «Miedo», motivado en buena medida por lo sobrevenido e inesperado de la situación.

Explicación municipal

La regidora camarguesa, Esther Bolado, andaba ayer revisando los datos de un proceso que, admite, «me ha cogido por sorpresa», toda vez que las resoluciones se firmaron durante su ausencia. En todo caso, trató de espantar las tribulaciones que se ciernen sobre varias familias del municipio. «No vamos a echar a nadie de su casa», adelanta, a la par que precisa que las amenazadoras cartas no se han circunscrito a los cuatro hogares reseñados, sino a todos los beneficiarios de alguna vivienda de titularidad municipal, unas 15, según los cálculos de Bolado, que confía en tener el lunes todos los datos sobre el caso encima de su mesa.

Entonces, ¿cuál es el motivo de emprender esta polémica andadura y poner negro sobre blanco a varios vecinos que tienen un mes para hacer las maletas? Según detalló, los técnicos locales se habían percatado de la falta de información relativa a buena parte de estas viviendas públicas y sus moradores, cuyos expedientes adolecían de información actualizada desde hace diez años en algunos de los casos.

Según Bolado, meses atrás se remitió una misiva a todos los beneficiarios para «ordenar y regularizar la situación». ¿El resultado de esa iniciativa? «Nadie contestó, solo una señora en Herrera», la propia María Cruz Núñez, que todavía no sabe qué será de su vida. Las amenazantes comunicaciones conforman el siguiente paso del trayecto administrativo, afirmó la primer edil.

Sí es cierto que el jueves la alcaldesa se puso en contacto con algunos de los aludidos, pero entre los damnificados han ofendido las formas. «Si me dicen que necesitan esta vivienda para otra gente y que a mí me pueden ayudar a encontrar un piso más pequeño acorde a mis necesidades, yo me iría sin problema. Pero a través del cartero... Ha sido muy frío, me temblaban tanto las manos que no podía ni firmar el recibí», narra la anciana.

La regidora abundó en que no habrá desalojos, y para ello acude al propio contenido de la misiva, aparentemente claro en sus intenciones. «En la carta se dan 15 días para presentar alegaciones. Es en ese momento cuando queremos que vengan al Ayuntamiento y podamos regularizar la situación», sostuvo. «Nos dijo que lo habíamos entendido mal, pero yo lo leo muy claro», replica María Cruz Hurtado, junto a su madre.

Eso sí. Bolado advirtió de que se han producido «abusos» por parte de algunos moradores. «En uno de los pisos se murió el progenitor y entró el hijo con un sobrino teniendo empleo. Esto tampoco lo vamos a permitir».

De momento, la angustia llega tanto a justos como a pecadores. La familia Hurtado Núñez ya ha puesto el caso en mano de un abogado para que su madre no abandone el hogar donde ha pasado media vida. Si se cumplen las promesas de la alcaldesa, el final feliz es el único desenlace posible.