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El equipo de gobierno PSOE-PRC, a pesar del apoyo de IU (izquierda), no pudo sacar adelante en Pleno su rebaja fiscal

El Pleno de Camargo rechaza la rebaja fiscal de un equipo de gobierno en minoría

El edil Marcelo Campos vota en contra de sus antiguos compañeros de gestión y junto al PP desactiva la propuesta del gabinete PSOE-PRC

jesús lastra

Miércoles, 28 de diciembre 2016, 15:52

La nueva situación que se vive en el Ayuntamiento de Camargo a raíz de la destitución de Marcelo Campos como concejal de Servicios Sociales dejó ayer patente el difícil encaje de bolillos que tendrá que llevar a cabo el gabinete que dirige Esther Bolado (PSOE) para sacar adelante las propuestas capitales que quedan en la legislatura.

El equipo de gobierno PSOE-PRC, ahora en minoría a pesar del apoyo ratificado de Izquierda Unida, llevó al Pleno una rebaja fiscal para 2017 del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del gravamen sobre el Instrumento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la denominada Plusvalía, con objeto de compensar el incremento anual de los valores catastrales.

Sin embargo, la propuesta encalló durante la sesión y no obtuvo la mayoría suficiente para salir adelante: diez votos a favor por once en contra, los correspondientes a la decena de concejales del Partido Popular más el del citado Campos. Bolado tildó a ambos de «irresponsables» tras esta decisión.

El debate tributario fue el nudo gordiano de la jornada, más si cabe cuando los populares igualmente habían presentado su propia alternativa, que gravitaba en torno a una bonificación del 5% por el pago domiciliado del IBI; una reducción de la Plusvalía del 50%; así como otra bonificación en este último apartado. Sin embargo, esta hoja de ruta ni siquiera llegó a votarse después de que la propia alcaldesa mostrase informes de Intervención aduciendo que no estaba correctamente elaborada. El concejal de Hacienda, Héctor Lavín (PRC), previamente aseguró al principal partido de la oposición que ese plan B «es absolutamente inviable y ustedes lo saben» en cuanto llevaría a incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, esto es, implicaría cerrar el próximo ejercicio con déficit.

Según el portavoz regionalista, el planteamiento del PP conllevaría una reducción de los ingresos próxima a los 500.000 euros, pero «no nos han dicho qué gastos pretenden quitar. Hágannos una propuesta seria y nos sentaríamos a hablar», agregó.

En todo caso, la iniciativa que sí se sometió a sufragio fue la del equipo de gobierno: Una merma del IBI por segundo año consecutivo para situarlo «en el 0,458%, a escasas décimas del mínimo legal establecido en el 0,40%, cuando la anterior corporación dejó fijado el tipo impositivo en un 0,525%», así como una caída en la Plusvalía hasta ubicarla en «un 25%, cuando la pasada legislatura se quedó muy cerca del límite legal, en un 29%».

La votación

Con todo, las cuentas no salieron en la votación, por lo que la rebaja impositiva se quedó en papel mojado. El portavoz de IU, Jorge Crespo, habló de «pinza 2.0» y de «extraños compañeros de viaje» después de que el PP y Campos coincidieran en el sentido de su voto.

El líder popular, Diego Movellán, que ya había mostrado su sorpresa por no haber recibido llamada alguna de los actuales gestores para tratar de consensuar un acuerdo, avanzó que «las reducciones fiscales serán posibles en los próximos plenos si se quieren buscar puntos en común con el PP».

El segundo mayor foco de debate llegó en el apartado de las mociones, a raíz de una iniciativa presentada por el grupo popular para que el Ayuntamiento instase al Parlamento y al Gobierno autonómico a que hagan todo lo posible por salvar las líneas de autobús que conectan Santander con Escobedo y Maoño, y que ALSA pretende suprimir desde el 1 de enero. El planteamiento inicial derivó hacia una declaración institucional después de que el portavoz del PSOE, Carlos González, tildara la elaboración inicial de «partidista».

Por lo demás, la Corporación dio luz verde a diversos asuntos, como la aprobación del reglamento del Servicio de Extinción de Incendios; el convenio de colaboración entre el municipio y la Fundación Fondo Cantabria Coopera para entregar 15.000 euros para acciones humanitarias; la concesión de una subvención de 6.000 euros a la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria; o el nombramiento de un juez de Paz sustituto. En todos estos apartados Campos, relegado a mero edil no adscrito, se abstuvo.

Quedó pospuesto para meses venideros el cambio de 16 calles situadas en los Polígonos de Raos y Trascueto con objeto de poder ampliar y optimizar la información que deben recibir las empresas y negocios afectados.

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