El fiscal pide absolver a los dos voluntarios de la Plataforma de Alimentos de Camargo

La investigación a la gestión y funcionamiento de la Plataforma de Alimentos de Camargo vivió ayer su primer juicio en el complejo de Las Salesas. Después de que quedara archivada una de las patas de la instrucción, relativa al dinero recaudado en una comida en Maliaño, y que aún se escrute la parte de mayor calado relacionada con la presunta malversación en la distribución y uso de vales sociales, la vista oral buscaba dirimir la supuesta responsabilidad por un delito leve de apropiación indebida por la venta de los palés de madera en que los alimentos llegaban al almacén situado en el Polígono de Trascueto (Revilla).

En el procedimiento se sentaron en el banquillo dos acusados: Jimena González, secretaria del que fuera concejal de Servicios Sociales, Marcelo Campos, destituido a raíz de las pesquisas municipales a la Plataforma; y Javier Martínez. Ambos participaban como voluntarios en la entrega de los productos. Para ellos el fiscal pidió la absolución "al no haber quedado claro" que los hechos analizados casen con el ilícito de apropiación indebida.

Lo que se trataba de esclarecer era el destino de 337,50 euros que la empresa Recinsa pagó directamente a Martínez, según ratificó un representante de la compañía, por la venta de los palés de madera. El gerente de la sociedad explicó que en la factura por esa cantidad se agrupaban cinco operaciones realizadas a lo largo de 2016, así como una donación de 50 euros para colaborar con una fiesta de recogida de alimentos que los voluntarios realizaron en junio del año pasado.

El Ayuntamiento, personado como acusación, insistió en que los palés son propiedad municipal y que no había mediado autorización por escrito para la venta de los mismos, mientras que Martínez, primero, y González, después, sostuvieron que el propio Campos les había dado orden de deshacerse de esa madera que estorbaba en la nave de Trascueto. Cabe resaltar que el propio juez afeó a la letrada del Consistorio que no hubiera presentado más testigos de cargo, como el secretario municipal o la propia alcaldesa, Esther Bolado, para poder aquilatar sus acusaciones.

Porque Martínez, que incidió en que cuando cobraba el dinero de Recinsa lo hacía delante de todos los voluntarios, explicó que esos fondos se usaron para la citada fiesta, así como para pagar gastos de los miembros de la Plataforma, como comida o gasolina. González fue más allá y afirmó que, en ocasiones, "poníamos dinero de nuestro bolsillo si no teníamos para cubrir los gastos".

"Yo soy el Ayuntamiento"

Quien sí acudió a testificar, a petición de los acusados, fue el exconcejal de Servicios Sociales. Adujo que estuvo "casi tres meses" hablando con técnicos y con el secretario municipal sobre qué hacer con los palés que se encontraron en la nave y que eran motivo de "inseguridad", hasta que pidió a sus voluntarios que "se deshicieran de ellos". Eso sí, admitió desconocer que pudiera obtenerse un rédito económico con la madera: "De haberlo sabido, lo hubiera hecho yo, que era el concejal". También negó que fuera necesario más permiso que el suyo: "La orden la doy yo, que era el concejal. Yo soy el Ayuntamiento en este área", zanjó.