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Violeta Santiago
Viernes, 21 de octubre 2016, 07:11
La Fiscalía de Cantabria observó en 2015 un «preocupante aumento» de menores de 14 años que participan en «actividades delictivas en ocasiones graves, como robos con violencia o lesiones», actuaciones que suelen cometerse en grupos integrados por sus iguales en edad pero penalmente responsables (de 14 a 18 años) o incluso con mayores. La situación que detecta el Ministerio le lleva a aconsejar que se planifique «un abordaje» del problema, en el que «sería deseable la implicación de los centros escolares» de forma que, cuando se localicen conductas violentas en edades tempranas, se comuniquen a los servicios sociales «sin esperar a que exista una denuncia».
En 2015, la cifra de procedimientos incoados en la Fiscalía por delitos informáticos se multiplicó casi por cuatro de los once de 2014 a los 40 que se registraron el año pasado. Pero gran parte de ellos no llegaron a pasar por la sección de Delincuencia Informática dado que son diligencias previas por estafa que se archivan al mismo tiempo de abrirse por falta de autor conocido. La Fiscalía describe que los casos suelen ser pequeñas estafas realizadas mediante cargos o compras no consentidas en tarjetas de crédito cuyo importe no supera los 400 euros. También se archivan las denuncias por injurias leves, coacciones o amenazas leves cometidas en las redes sociales, «que exigirían obtener información de empresas como Google, Twitter o Facebook».
Según los datos que la Fiscalía retrata en su última Memoria el documento en el que hace balance exhaustivo de su trabajo anual la mayor incidencia «de actividad criminológica desarrollada en Cantabria por menores de 14 años se constata en faltas de hurto y daños, así como faltas de lesiones». El número de diligencias preliminares que se archivaron por ser el autor un menor de 14 años en 2015 fue de 75 (19 casos más que en 2014, cuando hubo 56), lo que supone que el ejercicio pasado se registró un caso lo suficientemente grave para que interviniera la Fiscalía cada cinco días.
En lo que se refiere al grupo de menores como el que engloba a todo el que no ha cumplido los 18 años, la evolución de los delitos y faltas se mantuvo en parámetros bastante similares a los de años anteriores. Las diligencias preliminares incoadas fueron inferiores: se pasó de 983 en 2014 a 948 el año anterior.
La Fiscalía relata que el delito contra las personas (lesiones) sigue siendo la infracción más habitual: 126 el año pasado, número muy similar a los 130 del ejercicio precedente. Entre los infractores que no han llegado a adulto, 32 tenían expediente de protección, lo que supone un 10% del total de los menores con medida judicial. Dentro de este colectivo de vulneradores de las reglas se alcanzó la cifra de 74 extranjeros con medida judicial.
Dentro de los delitos de índole patrimonial, los hurtos y robos con fuerza se mantienen en cifras casi idénticas a las de 2014: 77 hurtos y 23 robos con violencia. Pero en el caso de estos segundos, el Ministerio hace notar que «la violencia ejercida sobre las víctimas ha revestido una intensidad y brutalidad inusitada y desproporcionada (...) con resultados lesivos en ocasiones de notable gravedad».
Según asegura la institución, en estos lances, los menores se han visto «amparados» por actuar «en grupos bien organizados y definidos con frecuencia integrados también por mayores de edad». Los sucesos tuvieron lugar sobre todo en primavera y principios de verano, «aprovechando en numerosas ocasiones las fiestas patronales y festivales musicales». En relación a los robos con fuerza, «se repite el perfil de actuación grupal».
Delitos sexuales
La Fiscalía subraya, por otra parte, el incremento de los delitos contra la libertad sexual, ya que si bien las agresiones sexuales se mantuvieron en cifras idénticas al año anterior 15 en ambos casos se pasó de no registrar ningún delito de abuso sexual en 2014 a los nueve que hubo que anotar en 2015.
En este epígrafe se señala como «especialmente preocupante la escasa edad de los autores», porque la mayoría de ellos tiene 14 y 15 años, y, en ocasiones, las víctimas de los abusos «tenían muy corta edad, entre 7 y 10 años». Para más inri, en dos de los supuestos que se vieron en el ámbito judicial existía vinculo familiar entre agresor y agredido. En la memoria se apunta, sin embargo, que no es posible establecer un parámetro común a todos los casos de delitos contra la libertad sexual «pues se dan en entornos familiares y sociales muy diversos y no desestructurados».
En este punto, la Fiscalía vuelve a remarcar la necesidad de abordar soluciones «no sólo sancionadoras sino educativas y terapéuticas». Opina que «son de gran utilidad los programas de educación sexual implantados en nuestra comunidad», porque si se analiza la evolución de este tipo de delincuencia desde 2012 hasta la actualidad «la tendencia es creciente y constante». También las infracciones en el ámbito familiar, tanto la violencia doméstica como de género «experimentaron un notable aumento», ya que pasaron de 15 a 45 en el caso de violencia filo parental y entre hermanos (más del doble) y de dos a ocho (se multiplicó por cuatro) en violencia de género, «un preocupante incremento».
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