Cantabria sufre de media cuatro casos de acoso hacia profesores cada curso escolar

Ante las carencias del sistema actual, la Consejería de Educación renovará el protocolo de actuación ante acoso, violencia, discriminación por razón de sexo, orientación e identidad, y acoso sexual en el trabajo. Y para su aprobación, debe pasar por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde también participa la Junta de Personal Docente. La reunión tendrá lugar el próximo miércoles y, en caso de dar luz verde a esta propuesta, a pesar de la sensación que deja la enconada negociación de la subida salarial de los docentes, supondría «el cuarto acuerdo entre Educación y sindicatos en la legislatura», apuntaron el consejero, Sergio Silva, y e director general de Personal Docente, Alberto Hontañón. A pesar de que, como incidieron los sindicatos, «el Comité es un órgano consultivo, en él no se llega a acuerdos porque la decisión es solo de la Consejería».

Salvando este apunte, la Junta de Personal celebró la revisión del texto. De hecho, Federico de los Ríos, miembro de la Junta y representante de ANPE, explicó que el de 2019 lo supervisaron con reticencias: «Preferimos un protocolo malo a que no hubiera indicaciones para actuar en estos casos». Y a medida que lo han aplicado, «vimos que tenía fallos evidentes que solucionar».

Silva coincidió con la visión de las organizaciones sindicales, por primera vez en los últimos meses. Destacó que en el nuevo protocolo se subsanan cuestiones dado que el anterior «no resolvía de forma ágil y satisfactoria las situaciones» de acoso o violencia que se daban. Para ello, aborda «acciones preventivas, para evitar este tipo de situaciones en los centros». También responde a la necesidad de «rapidez» que reclamaron los sindicatos: «Agiliza una intervención inmediata, como la puesta a disposición de la persona presuntamente agredida de asistencia letrada o la posibilidad de cambiar de centro de trabajo de manera temporal para el profesional, entre otras mejoras».

Otra de las novedades en el proceso será que aúna las fases de investigación. Anteriormente, explicó el consejero, «se dividían en dos fases, había una investigación –por parte del servicio de Inspección– y, después, en caso de que la persona presuntamente agredida no estuviera de acuerdo, se podría solicitar la constitución de una comisión de investigación». Ahora la investigación será más eficiente, en una sola fase con un organismo multidisciplinar.

La actualización, según Silva, surge de un consenso entre sindicatos y Consejería, algo que se ha convertido en inusual en Educación, pero que tiene un objetivo común. «Nuestra aspiración, lógicamente, es que no hubiera ningún caso», planteó el responsable de la Administración. Pero la realidad es otra. Expuso situaciones como «tensiones que se dan con familias, o con trabajadores de empresas externas al centro, o con los casos de violencia interna entre trabajadores». En todas estas situaciones, «debe haber una respuesta coordinada por parte de las administraciones».

La actualización del protocolo se somete a los agentes de la Comisión de Seguridad de los centros educativos públicos. Y, sobre el texto inicial, se formulan propuestas de mejora y aportaciones para subsanar los fallos del anterior.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de las partes para que el protocolo garantice inmediatez y seguridad, «hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y entre en funcionamiento, no sabremos si sirve», explicaron desde la Junta de Personal Docente. Ya pasó con el texto anterior. «Los fallos son más evidentes al aplicar los protocolos», confirmaron. Eso sí, no conocerán el texto final hasta su publicación. Están a la espera de saber si sus aportaciones se han incluido. «Es la Administración la que decide, finalmente, qué propuestas se incluyen y cuáles no», porque, como en lo relacionado con el calendario escolar, la consulta a estos órganos es puramente orientativa y la capacidad de decisión recae íntegramente en la Consejería de Educación.