El condenado a seis años por dejar tuerto a un joven queda en libertad a los diez meses

La noche del 30 de enero de 2014 fue mágica para los seguidores del Racing. Los jugadores se presentaron al partido de Copa ante la Real Sociedad, pero justo después de escuchar el pitido inicial comunicaron al árbitro su renuncia, cumpliendo así el plante anunciado en protesta porque el entonces presidente del club verdiblanco Ángel Lavín no presentaba su dimisión. Pero también fue la noche más aciaga para Borja García, un ingeniero topógrafo de 28 años, que tuvo el mal fario de cruzarse de madrugada en el Río de la Pila con un hincha del Racing que, bebido, le golpeó con un vaso de sidra en el ojo derecho de manera inopinada. «Mi ojo derecho explotó como un balón», recuerda ahora Borja, que se quedó tuerto, además de sufrir la desfiguración parcial de su cara.

Su agresor, Juan H. R., de su misma edad, fue condenado a seis años de prisión y a indemnizar al ingeniero con 100.000 euros. Pero tan sólo ha permanecido diez meses en el penal de El Dueso a pesar de que ni siquiera ha pagado la responsabilidad civil.

Desde julio del año pasado, Juan se pasea libremente por Santander, trabaja en la Federación Cántabra de Fútbol y sólo acude a dormir al Centro de Inserción Social de Candina, lo que ha causado la indignación de la víctima, que tras aquellos graves sucesos emigró al norte de Inglaterra.

«Siento que se están burlando de mí. El agresor se ha comportado de manera muy ruin, nunca me ha pedido perdón de verdad. En el juicio dijo algo entre sollozos porque se veía en la cárcel. Yo no tengo ojo y él está fuera, y con lo que me ha pagado (1.400 euros) no tengo ni para el abogado», se lamenta por teléfono Borja. Para su abogado, Mario García Oliva, que una persona condenada a seis años por cometer un delito de lesiones graves esté en régimen abierto paseando por la calle sólo un año después de ingresar en prisión «causa alarma social. Decisiones como ésta generan en la ciudadanía un cierto descrédito hacia la Administración de Justicia», denuncia.

El juez de Vigilancia Penitenciaria, Daniel de Alfonso Laso, dejó en semilibertad a Juan H. R. en contra del criterio de la Junta de Tratamiento del centro de Santoña y del Ministerio Fiscal, que se opusieron a la excarcelación del preso «al no observar una evolución suficientemente favorable». La fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, reconoce a este periódico que se trata de una medida «excepcional» y por eso el Ministerio Público se opuso a ella. Sin embargo, después no ha recurrido la resolución judicial, lo que critica el abogado. «Es sorprendente que el fiscal no haya recurrido, máxime cuando la víctima solo ha cobrado un 1% de la indemnización establecida en la sentencia condenatoria», censura García Oliva, que se pregunta si «la decisión de no recurrir de la Fiscalía es compatible con la obligación que le impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de velar por la protección de las víctimas de los delitos».

El juez de Vigilancia justifica su decisión. «Era un chaval joven, no tenía ningún antecedente y vinieron a verme un montón de padres de alumnas, a las que entrenaba al fútbol, intercediendo por él, además de aportar muchas firmas de deportistas. Todo el mundo hablaba muy bien de él. Además, tenía una vida ordenada y una familia que lo apoyaba. Era un sujeto que no planteaba ninguna problemática ni social ni delincuencial ni de reincidencia. Era un caso bastante excepcional», comenta a este periódico De Alfonso, convencido de que «había que evitar la prisionalización de un chaval joven como éste». El juez defiende que el Derecho penitenciario «no está en función de las víctimas, sino del penado, y hay que buscar su resocialización. Se trata de una medida excepcional», insiste.

El condenado ingresó en prisión en septiembre de 2016 para cumplir seis años de pena, pero el 4 de julio del año siguiente salió en semilibertad, al concederle el juez el tercer grado. En el auto judicial el magistrado subraya que Juan ha tenido una conducta penitenciaria «buena en todo momento», que presentó una oferta de trabajo «contrastada» en la Federación Cántabra de Fútbol de carácter indefinido, que cuenta con el apoyo de la familia y de «una parte notable de la sociedad» y no tienen «hábitos tóxicos». Además, «muestra un arrepentimiento cierto, sincero y total», apostilla el juez, que cree que el trabajo le permitirá ir pagando la indemnización.

La víctima, que es de Vitoria, aunque cuando ocurrieron los hechos vivía en Santander con su novia, no entiende que «la Audiencia emita un veredicto y otro juez diga lo contrario. ¿Perdonar? Si me hubiera visitado en el hospital, si le hubiese visto arrepentido y con ganas de remediar lo que hizo por simple convicción ética y no por estar delante de un juez, entonces le hubiera perdonado en el momento. Ya es imposible. Día tras día, su imagen es el rostro de mi calvario cada vez que me miro al espejo».