Consumidores cuestiona los métodos de los ayuntamientos para calcular el 'tasazo'

Es esta «falta de criterios unificados» lo que reprocha la Unión de Consumidores de Cantabria-UCC, que estudiará las ordenanzas municipales de aplicación en la comunidad de este tasazo, en la defensa de una aplicación «justa para los usuarios, consumidores y, sobre todo, los vecinos de Cantabria». Así lo anunció el miércoles la agrupación, que expresó su «disconformidad» con su aplicación ante la falta de criterios unificados entre los distintos ayuntamientos encargados de implementarla y la consiguiente desigualdad territorial que ello supone. «La ley es clara, por lo que no resulta de recibo que se vincule la tasa al consumo de agua o al número de personas empadronadas en un domicilio».

Consumidores defiende que «no deja de ser una suposición» que el consumo de agua vaya ligado a una mayor carga contaminante necesariamente. «Y no deja de resultar un absurdo que se penalice a una unidad familiar por el hecho de que un mayor número de empadronados en un domicilio hagan más uso del agua que otro domicilio donde no hay tantos habitantes». A su juicio, tampoco parece «técnica ni jurídicamente correcto establecer una tasa en función de suposiciones que no se corresponden con el objeto de la normativa que se pretende cumplir. Pues esto no supone nada más que incumplir la norma en sí, vía ordenanza municipal».

Otro detalle que no comprenden es que «no se tenga en cuenta el principio constitucional de progresividad que debe regir la exacción de cualquier tributo en nuestro país». Tampoco ven con buenos ojos las medidas de bonificación a colectivos vulnerables, que «no dejan de ser parches o bufandas para acallar las críticas de los ciudadanos a una medida injusta y poco o nada acorde al sentido de la ley a la que se pretende ajustar». Unos anuncios que son «mera caridad».

El asunto del 'tasazo' ha ido más allá y la organización de consumidores Facua ha lanzado una plataforma de afectados para aquellos que quieran reclamar la devolución de la tasa de residuos aplicada «irregularmente» en «numerosos» municipios de más de 5.000 habitantes. La asociación, que está analizando en qué localidades se está aplicando de forma irregular, ha puesto a disposición de los afectados modelos de reposición para solicitar al ayuntamiento correspondiente el reembolso de dicha tasa. A través de la web FACUA.org/basurazo, los afectados podrán encontrar toda la información disponible y descargar los modelos de reclamación que pueden dirigir a los consistorios de sus ciudades. Por el momento, no han detectado irregularidades en ningún municipio cántabro.

Esta misma semana también se han pronunciado al respecto más colectivos. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl), que cree que este nuevo impuesto «está mal diseñado y solo cubre el 65% del coste de la gestión de residuos. También rechaza la norma la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, que explicó que la tasa de basuras «es una falta de respeto y un desprecio del Gobierno central a los ayuntamientos». En la misma línea se pronunció ayer Javier Camino, presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), además de alcalde de Mazcuerras, que entiende que es una obligación por ley, pero no cree que «imponer sea la solución. Y si hay medidas que vienen impuestas, pues que lo hagan con ayudas para hacer frente a esta subida de impuestos obligada a nuestros vecinos».

Por su parte, el Ayuntamiento de Santander ha enviado una carta a los vecinos de la ciudad –a través de Aqualia– explicando en qué consiste el 'tasazo' y también el modelo que aplicará desde el 1 de enero de 2026.