Fomento firma el estudio de viabilidad financiera de la carretera Requejada-Suances

Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Fomento, Roberto Media, en una rueda de prensa en la que ha explicado que, además de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra en sí misma, esa cantidad presupuestada incluye el mantenimiento de toda la infraestructura a lo largo de esos 26 años, operación que abarca varios asfaltados de la carretera, así como inspecciones periódicas del puente, revisiones de los tirantes y, también, las reinversiones finales para devolver la infraestructura en un estado perfecto de conservación.

Según ha recordado el consejero, el proyecto en cuestión, que se desarrollará entre los municipios de Suances y Polanco, contempla la construcción de una carretera de unos ocho kilómetros de longitud con un puente atirantado de 750 metros que cruzará la ría de San Martín al inicio del trazado.

«El objeto de esa obra es crear un eje directo entre la autovía A-67 y las localidades de Cortiguera y Tagle mediante un nuevo cruce sobre el río Saja Besaya evitando el actual desvío hasta Barreda para llegar a Suances y su entorno costero a través de un puente junto a Solvay donde se crean numerosos atascos». Ademas, «permite crear un nuevo acceso a Tagle sin atravesar Suances».

Esto, en cuanto al apartado meramente constructivo. En lo que respecta al económico, Media ha informado de que el Gobierno de Cantabria ha elegido este modelo de financiación público-privada porque ello implica importantes beneficios. «Esta forma de contratación permite acelerar la ejecución de la infraestructura», ha asegurado el consejero, que ha explicado que si el Ejecutivo autonómico tuviese que pagar el cien por cien de la obra mediante una contratación convencional «tendríamos que ajustarnos a nuestro presupuesto actual, y eso retrasaría su construcción muchos años», incluso décadas. «Y en ningún caso podríamos ejecutarla a la vez que otras obras que ahora se están llevando a cabo», ha advertido Media. «Para que se hagan una idea, en el presupuesto para el año 2026 que ayer rechazaron los grupos de la oposición, la inversión prevista para nuevas carreteras era de casi 28 millones de euros. Si destinásemos todo ese dinero a una única actuación, no podríamos afrontar ninguna otra obra». De ahí que más que un capricho, recurrir a este modelo concesional resulte «necesario».

Además, apostar por este sistema también «permite aprovechar las ventajas del sector privado en términos de eficiencia, de innovación y de capacidad financiera» y «minimizar los riesgos para las finanzas públicas», ha añadido el titular de Fomento, que ha incidido en que el pago por disponibilidad «es una fórmula ampliamente establecido en Europa y en España –este método de financiación ya se ha desarrollado en obras contratadas en el País Vasco y en Aragón– que garantiza la puesta a disposición de los usuarios de una infraestructura con unos estándares de calidad muy elevados».

Hay otras ventajas, como «la reducción del riesgo financiero para la administración» por cuanto en un modelo concesional como este la financiación del proyecto no recae completamente sobre el presupuesto público, o «la reducción de los riesgos asociados con la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura» porque con este procedimiento se evita que la Administración pública se vea afectada por los imprevistos que puedan surgir en la ejecución de la obra o en la vida útil del proyecto.

De acuerdo con el estudio financiero que el consejero ha compartido hoy con la prensa, la construcción de la carretera costará 187,8 millones de euros distribuidos así:

«El presupuesto base de la obra asciende a un total de 87.041.045 euros», una cantidad que conforman tres partidas. La redacción del proyecto (1.871.870 euros), la obra propiamente dicha (81.113.500), y la dirección de obra, los ensayos y el control (4.055.675). A esto hay que sumar los gastos de operación y mantenimiento (460.000 euros anuales durante 26 años), y las reinversiones que haya que efectuar a lo largo de la vida propia de la concesión (4,5 millones más).

La retribución a la empresa concesionaria «se hace a través de un pago por disponibilidad de la infraestructura que está condicionado al cumplimiento de una serie de indicadores de estado que controlaremos desde la Administración» y que asciende a 7.224.051 euros anuales con abonos mensuales». Además, y para cerrar el capítulo financiero, Media estima que el Gobierno de Cantabria va a tener que pagar en torno a 1.250.000 euros en expropiaciones.

El consejero, que ha adelantado que el Ejecutivo regional ya está probando esta fórmula de financiación para poner en marcha otras actuaciones, como la construcción de 212 viviendas en régimen de alquiler asequible en seis municipios de la comunidad, ha asegurado para acabar que por su despacho «han pasado ya todas las grandes empresas del país» interesándose por la construcción de la carretera Requejada-Suances.