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Celedonio Martínez
El Gobierno buscará una reorganización de consenso para las sedes judiciales de Santander

El Gobierno buscará una reorganización de consenso para las sedes judiciales de Santander

Paula Fernández plantea la necesidad de liberar espacio en La Salesas y confirma la renuncia a unificar todas las sedes en las Clarisas

E. Press

Santander

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Martes, 24 de septiembre 2019, 19:46

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El Gobierno de Cantabria renuncia a unificar en el edificio del antiguo convento de las Clarisas de la calle Alta de Santander el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía y la Audiencia Provincial «por imposibilidad de espacio» y estudia otra reorganización de «consenso» con todos los operadores jurídicos. Se pretende liberar espacio en Las Salesas y llevar algunas unidades que allí se encuentran al edificio Europa y a otras sedes propiedad del Ejecutivo.

Así lo ha anunciado este martes, en comisión parlamentaria, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, que se marca efectuar esta reorganización en esta legislatura.

Fernández ha apuntado que los «mayores problemas» del partido judicial de Santander no son de espacio sino de saturación del edificio de Las Salesas, que se liberará aprovechando las sedes ya existentes.

Como ejemplo, la consejera, que ha expuesto en la comisión los proyectos de su departamento para esta legislatura, ha explicado que los equipos psicosociales se «sacarán» del complejo judicial de Las Salesas y se llevarán a otras ubicaciones. En ese sentido, se prevé llevar algunos de ellos a Torrelavega para que se ocupen de la atención en este municipio y en la zona occidental de la comunidad.

También, Fernández ha hecho alusión al juzgado de primera instancia número 12 de Santander, cuya creación se aprobó el pasado abril por el Consejo de Ministros pero que aún no se ha materializado y se hará efectiva para el 30 de junio de 2020. La portavoz del PP en esta comisión, Isabel Urrutia, ha criticado que el juzgado aún no se haya puesto en marcha y lo ha achacado no solo a la falta de espacio aducida, según ha señalado, por el Gobierno sino también de presupuesto.

En cuanto al edificio del antiguo convento de las Clarisas, la consejera ha reconocido que «por imposibilidad de espacio y aumento de la volumetría» no se podrán unificar en él el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Fiscalía y la Audiencia Provincial, tal y como se pretendía.

Fernández ha recordado que es Bien de Interés Cultural y por tanto se debe de conservar, algo a lo que, según ha dicho, se dedicarán 500.000 euros para una primera fase en la que se reparará la cubierta, apuntaladas las naves y derribados los anexos. En cuanto a esta actuación, Fernández ha apuntado que ya se tiene un estudio de cómo va a quedar el edificio.

Fuera del partido judicial de Santander, ha señalado que se tomarán medidas para mejorar los juzgados de Laredo que siguen teniendo «problemas» pese a haberse llevado ya obras. También se abordará la mejora del juzgado de paz de Camargo.

Además, Fernández ha avanzado que «cree que esta será la legislatura» de la creación e implantación de las oficinas judicial y fiscal en Cantabria, que se hará «de forma progresiva». En cuanto a plazos, ha señalado que se pretende que en los seis primeros meses de legislatura estudiar su diseño y posibles ubicaciones.

Despoblamiento

En otro orden de cosas, Fernández ha explicado que en esta legislatura también se afrontará la estrategia de lucha contra el despoblamiento, algo que han valorado varios de los portavoces.

Según ha explicado, para ello se pretende crear un Consejo Asesor que coordinará los trabajos y ha apuntado que el decreto por el que se creará este órgano está «muy avanzado» y se aprobará «en breve» por el Consejo de Gobierno.

Nuevas leyes

En el ámbito legislativo, la consejera ha señalado que las actuaciones consistirán en el desarrollo de una nueva ordenación territorial de Cantabria, mediante la delimitación comarcal de la región; el proyecto de ley que blindará el Fondo de Cooperación Local; la nueva norma reguladora de las entidades locales menores, que contará con un fondo económico para su sostenibilidad, y se impulsará un proyecto de Ley de Participación Ciudadana.

También se abordará una nueva Ley de Función Pública, que establecerá por primera vez una carrera profesional para los empleados públicos de la Administración General.

Además, Fernández ha anunciado que desde su departamento se ha convocado para el 15 de octubre una reunión para analizar el funcionamiento de la Ley de Espectáculos -aprobada en la pasada legislatura y que según el PP sigue dando «problemas»- con todos los agentes implicados, incluidos los ayuntamientos.

La consejera se ha mostrado abierta a posibles modificaciones aunque sin «restar un ápice» en la seguridad a la hora de llevar a cabo espectáculos y eventos.

Por otra parte, Fernández, dentro del ámbito normativo, ha anunciado que, a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañará a la de Presupuestos autonómicos de 2020, se incluirá una modificación de la Ley del Juego para establecer una distancia mínima de 500 metros entre todos los establecimientos de juego y los centros escolares y de rehabilitación de ludopatías.

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