El ingreso mínimo vital llega a 1.688 familias cántabras y casi 5.000 aún esperan respuesta

El proceso para resolverlos está siendo más lento de lo deseado. Hasta el momento, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha reconocido apenas 1.688 de ellos y otros 1.499 han sido denegados. El resto está en 'stand by', a la espera de que se compruebe la documentación entregada para ver si el solicitante tiene derecho a esta prestación. Aunque desde la Seguridad Social en Cantabria afirman que los servicios de atención «no están colapsados» y apuntan que «la mayor parte de los expedientes no resueltos está pendiente porque en el proceso de resolución se ha detectado que falta documentación y se ha requerido al ciudadano», desde UGT no son tan optimistas.

Asunción Villalba, miembro de la Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el sindicato, detalla que la tramitación es más lenta y compleja que asuntos como las pensiones de jubilación o viudedad. ¿Por qué? Pues porque el sistema se está poniendo aún en marcha y la institución no tiene en su poder todos los datos que se requieren para hacer las comprobaciones. Tienen que entregarlos los solicitantes y recurriendo a terceros (ayuntamientos, por ejemplo, para los certificados de empadronamiento), algo que ralentiza el proceso. Además, subraya que existe un cuello de botella porque el arranque de esta nueva prestación coincide en el tiempo con el aumento de solicitudes de ERTE en el contexto de la crisis sanitaria y económica.

«En las oficinas no hay cola no porque la demanda no sea elevada, sino porque funciona con un sistema de cita previa», cuenta Villalba, que también pone peros a la página web habilitada para hacer el proceso 'online', aunque reconoce que se han corregido algunas deficiencias. El departamento que dirige José Luis Escrivá no concreta los tiempos medios de demora, pero defiende que los expedientes que están completos se resuelven «de manera rápida». Y precisan que los principales motivos para la denegación de las ayudas son que los solicitantes superan algunos de los umbrales establecidos en las bases, ya sea el de ingresos o el de patrimonio.

Desde UGT, teniendo en cuenta los criterios de ambas prestaciones, consideran que todos –al menos la mayoría de ellos– los que percibían ya del Gobierno de Cantabria la renta social básica también tendrán derecho al ingreso mínimo vital. Es decir, que habrá un trasvase de beneficiarios de la ayuda regional a la nacional. Lo que pasa es que este paso no es automático y se ve condicionado por ese retraso en el proceso administrativo. Hasta hoy, según los datos que maneja el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), ya han migrado al IMV 490 antiguos beneficiarios de su sistema de protección regional. Faltan muchos hasta los 5.898 perceptores que tenía la renta social básica en junio.

Para que nadie se quede sin ningún paraguas de protección, la directora de la institución, María Antonia Mora, insiste en que «no damos de baja a nadie hasta que no confirmamos que ya está cobrando el ingreso mínimo vital del Estado».

Esto ha supuesto ya un leve ahorro para las arcas autonómicas. La factura de la renta social básica en junio era de 2,75 millones de euros y en octubre cayó hasta los 2,31 con 5.342 perceptores (556 menos). Mora espera que ese proceso de transición se complete en 2021. Así, los cerca de 25 millones de euros anuales a los que asciende esta partida se pondrán destinar a otro tipo de prestaciones. También a complementar la renta mínima vital, ya que los umbrales que recoge la ayuda nacional son inferiores a los que había hasta ahora en Cantabria con la prestación regional. De hecho, esa complementación –unos euros para cubrir la diferencia, no la cuantía anterior completa– ya se está produciendo.

Mora, que valora el «calado y la transcendencia»de la llegada del IMV, entiende como Villalba que los retrasos en su tramitación se deben a la fatal de personal en las oficinas de la Seguridad Social. Desde el sindicato UGT, además, piensan que la idea es muy positiva, pero que todavía presenta algunos aspectos que hay que pulir.

Ponen para explicarlo el ejemplo práctico de un cántabro que recientemente realizó la solicitud y al que le han concedido únicamente 15 euros. Es lo que le correspondería para alcanzar la renta mínima que establece la prestación de acuerdo a los ingresos que tenía en 2019. Porque ahora el cálculo se hace tomando como referencia el último ejercicio completo. Eso supone una disfunción teniendo en cuenta que entonces esta persona sí tenía algunas ganancias por trabajos esporádicos –no lo suficiente para superar la barrera establecida– y este año, a raíz de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, se ha quedado en paro y sus pocas ganancias se han quedado a cero.