Los partidos reciben 482.000 euros para pagar su campaña de las autonómicas de 2023

En concreto, 482.613 euros que se reparten entre PP (150.447 euros), PSOE (149.356 euros), PRC (138.946 euros) y Vox (43.863 euros). Todos salvo los de Revilla quedaron por debajo del límite máximo que establece la norma en función del número de escaños y votos cosechados. Especialmente los populares. Quizás porque no se esperaban una victoria tan amplia o quizás porque no necesitaban más recursos para realizar la campaña electoral que querían, fueron los que menos aprovecharon los recursos a su disposición.

Parte de todo este dinero ya había sido transferido a los partidos desde el Gobierno de Cantabria en concepto de adelanto y la otra parte se saldará ahora si finalmente la Cámara regional valida los ajustes que propone el Tribunal de Cuentas. En el caso de los socialistas y de Vox, el organismo afirma que todos los gastos declarados son subvencionables. En cambio, PP y PRC serán penalizados. No es que hayan incurrido en ninguna ilegalidad grave, pero no todas las facturas que han presentado pueden ser validadas. En el primero de los casos, considera que los populares añadieron en la cuenta corriente destinada a los gastos electorales 600 euros de gastos de otro tipo. Por eso, se les descontará ese dinero de la subvención, además de otros 60 euros en concepto de multa (el 10% del montante).

Los regionalistas tendrán un roto un poco mayor porque recibirán finalmente 12.160 euros menos de lo que gastaron. ¿Por qué? Según explican desde el Ejecutivo, que en este procedimiento es un mero intermediario entre el Tribunal de Cuentas y el Parlamento autonómico, los primeros 1.270 euros se deben al exceso del gasto sobre el límite máximo –quizás esperaban más votos en las urnas en mayo de 2023– que le corresponde por el resultados cosechado. Y el resto, 10.890 euros, tienen que ver con una sanción por contratar publicidad en una televisión privada, algo que «está prohibido por el artículo 60 de la Ley Electoral». Destinaron 5.445 euros a esta campaña y la multa duplica el importe de esa factura.

Más allá de la liquidación de las subvenciones a los partidos políticos cántabros, el Tribunal de Cuentas utiliza este informe fiscalizador sobre las elecciones autonómicas de 2023 para hacer algunas recomendaciones de cara al mejor funcionamiento de los futuros procesos y a una utilización más justa y transparente de los recursos públicos. Por ejemplo, reclama al Gobierno que impulse una reforma de la ley regional para que esta norma esté más armonizada con la nacional, que recurra a fórmulas de contratación centralizada de los sobres y papeletas de votación –sería más barato que con la compra independiente que hacen ahora los partidos– o que el límite de gasto por cada formación se calcule atendiendo al número de electores, no de habitantes.

Y al Parlamento le marca el camino de las modificaciones y le pide que revise las categorías de los gastos electorales, un mayor control de las donaciones privadas en campaña, envíos centralizados –incluso sustitución por formas más modernas– de la propaganda que llega al buzón y hacer una regulación específica para los anuncios en redes sociales e internet, que ahora no tienen ningún tipo de limitación.