«Las residencias no fueron diseñadas para combatir un fenómeno así»

–Imagino que las residencias de ancianos constituyen ahora mismo una de sus grandes preocupaciones. ¿Cuál es la situación?

–En términos generales, la evolución de los casos activos está reduciéndose. No obstante, la situación es delicada: tenemos del orden de 250 casos activos, concentrados en cinco residencias, y estamos siempre con esa preocupación de que en cualquier momento un muestreo de Sanidad nos desvele unos cuantos asintomáticos y en cuatro días tenemos una residencia con la mitad de usuarios contagiados.

–¿Qué ha pasado ahora? ¿Se ha hecho algo mal?

–Los contagios se producen cuando hay contacto social: si estuviésemos todos en nuestras casas acabábamos con el virus en cuatro días. Aunque se estén cumpliendo todos los protocolos, que se cumplen, y se utilicen medidas de contención, de prevención, etc., dado que hay un contacto social, y es imposible de evitar, hay contagio. El virus está en la sociedad y se contagia con enorme facilidad. No se puede hacer esa asociación de que si en una residencia hay contagios es signo de que se hacen las cosas mal. Es imposible reducir los contactos sociales, y las medidas de protección ayudan a evitar el contagio, pero no son una garantía al cien por cien.

–El número de fallecidos en residencias no deja de crecer. Es cierto que no se han repetido las situaciones desesperadas de la primera ola, pero el goteo de muertes no cesa.

–Es algo que estudiamos constantemente porque cualquier fallecimiento es un hecho dramático y tenemos que poner todos los medios para que no suceda. Desde que empezó la pandemia en Cantabria han fallecido unas 1.160 personas en residencias; de ellas, 220 por covid, y el resto, el 80%, por otras causas, y todas vinculadas a una edad altísima. Yo no tengo datos para decir cuántos fallecimientos se produjeron el año pasado en residencias imputables a la gripe, pero seguro que también fueron muchísimos. Siendo el dato dramático tampoco hay que sacarlo de contexto.

–Los contagios también afectan a los trabajadores de estos centros. ¿Hay peligro de que las bajas impidan prestar el servicio?

–Sí, de hecho ahora mismo es uno de los principales temas de preocupación. Con esta idea apostamos por el centro covid, para que cuando en una residencia aparecían uno o dos casos, sacarlos de allí con una doble finalidad: que no se extendiera y que el virus no afectase a los trabajadores. La segunda función es que si en una residencia hay una alta tasa de trabajadores positivos podemos sacar a los residentes al centro covid para bajar la presión asistencial de los trabajadores en activo.

–¿Qué tal está funcionando la residencia de Suances?

–Yo diría que bien, sobre todo para la presión a que se ven sometidos. En principio tenían personal adaptado para atender a diez personas, pero cuando la cosa empezó a dispararse había que buscar más profesionales, y con cierta formación y experiencia: hemos llegado a estar casi llenos; ahora no, tenemos menos. Funciona bien, tenemos el personal sanitario que acordamos con ellos y estamos francamente satisfechos de cómo lo están haciendo. Y nos consta que los centros residenciales también están satisfechos.

–¿En qué ha quedado el proyecto de un segundo centro covid?

–Pues está prácticamente abandonado por el problema del personal. Las residencias que están afectadas tienen serios problemas para suplir sus bajas y, por lo tanto, si ellas no tienen, crear un centro nuevo solo para covid es aún más complejo. Hemos seguido optando por Suances como única alternativa. ¿Y por qué no está lleno? Pues, por poner un ejemplo, porque en el momento en que una residencia como San Francisco, en Reinosa, tiene 90 contagiados, ya no tiene sentido sacarlos de allí, porque la propia residencia es ya un centro covid. Estamos utilizándolo para residencias con pocos casos y para las que, teniendo muchos, no tengan unas capacidades de aislamiento tan buenas.

–¿Teme que las Navidades pasen factura en los geriátricos?

–Hemos hecho un protocolo con la Consejería de Sanidad de criterios de actuación. La idea de la que se parte es la que ya he dicho: los contagios se producen cuando aumenta el contacto social. Una residencia no es una cárcel y el usuario tiene libertad de entrar y salir, pero es verdad que si salen el riesgo aumenta. Hemos hecho este protocolo y, en general, la gente lo está respetando, y tenemos, no sé si la esperanza o el deseo, de que las Navidades no nos provoquen una tercera ola y que estemos en Reyes desesperados.

–¿Cree que esta crisis sanitaria hará cambiar el modelo de las residencias?

–Creo que sí. La residencias que hay en todo el país no fueron diseñadas para combatir un fenómeno así. De hecho, nosotros, en la normativa que vamos a sacar ya, apostamos por un modelo de residencias más pequeño, organizadas de manera modular, de modo que un número reducido de personas formen unidades residenciales, un poco como en las familias, que uno se relaciona solo con ese grupo de personas. Tendremos que aumentar las ratios de profesionales, eso es clarísimo, y mejorar la coordinación con los servicios sanitarios. Pero esto requiere dinero, y es una contradicción pedir servicios de más calidad y pagar menos impuestos, porque algo no encaja ahí.

–Las residencias con plazas concertadas se quejan de lo poco que paga la Administración. ¿Tienen motivos?

–Partimos de que todo es mejorable, pero si hacemos una media ponderada de lo que Cantabria paga por las plazas concertadas, no somos los que más pagamos, pero sí estamos en los primeros lugares del ranking. Aquí, con alguna excepción en algún tipo concreto de centro de discapacidad, que por cierto estamos a punto de corregir con una nueva normativa, el precio público que se paga en los centros está en torno al 10% por encima del coste real de los servicios. Hay otra cuestión, y es la de la calidad que queremos tener en las residencias: si queremos determinado nivel, habrá que poner los medios. Eso pasa por que sus trabajadores estén bien formados y en buenas condiciones laborales. Aquí nos encontramos con otra aparente contradicción: los sueldos de los trabajadores no los fijan los Gobiernos, sino el acuerdo entre patronal y sindicatos, que deciden que se va a pagar tanto a un auxiliar de gerocultura, y ahora, como la mayor parte de las plazas son concertadas, que lo pague el Gobierno. Parece razonable que si el Gobierno tiene que pagar la mayoría de las plazas, tendría que intervenir en las negociaciones de los salarios.

–¿De qué manera está afectando la pandemia a las listas de espera?

–Al empezar la legislatura había una lista de espera de más de 600 personas. Y matizo un poco esto: cuando digo lista de espera me refiero a las personas que han pedido un servicio de atención a la dependencia que la Administración no puede dar porque no tiene. Si una persona pide ir a una residencia en concreto y está llena, pero se le ofrece plaza en otra, no es que esté en lista de espera: el sistema le ofrece un recurso en su zona, cercana a su domicilio. Otra cosa es que no le guste y quiera otra, pero eso no es lista de espera. Pues bien, esa lista que era de más de 600 hoy en día está focalizada en Santander y Torrelavega, centrada en las residencias de mayores, y rondará las 200 personas. Hay varios factores que lo explican: la mortalidad de los que han fallecido en sus casas y ya no lo precisan, las plazas que han quedado libres en las residencias por quienes han muerto en ellas, y el miedo, que ha hecho que la demanda esté bajando. Pero volverá a subir en cuanto se nos pase el susto.

–Las consecuencias sanitarias del covid son evidentes, pero la pandemia ha tenido también un coste social tremendo.

–El aumento de la desigualdad es una terrible realidad que no es de ahora, como el aumento de la pobreza, pero la pandemia ha hecho este problema más acuciante y ha extendido la vulnerabilidad a capas de población cada vez más altas. Para nosotros, en el ámbito de los servicios sociales, es, junto a la dependencia, el frente más importante.

–Se supone que el Ingreso Mínimo Vital del Estado debía aliviar la carga que la Renta Básica supone para las cuentas de la región. ¿A qué se destinará el dinero que se ahorre?

–El problema es que, de momento, estamos ahorrando poquísimo. El número de perceptores de Renta Básica es variable: en enero eran 5.300, pero en junio teníamos casí 6.000, y a finales de noviembre, más de 5.100. Es un número variable porque la situación de las personas también lo es. El hecho es que del presupuesto para Renta Básica de este ejercicio, que rondaba los 30 millones, hemos gastado 29,8. Confiamos en que, a medida que pase el tiempo, deberá bajar y por lo tanto liberar fondos. ¿A dónde irá ese dinero? Pues no tengo dudas de que tiene que dedicarse a combatir la pobreza y la exclusión social.