Tras la cura de la Atención Primaria

El reciente acuerdo consensuado entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Sindicato Médico para reorganizar la Atención Primaria en un intento por descongestionar las consultas y reducir la presión sobre los facultativos -objeto de tres mesas sectoriales en las dos últimas semanas y firmado finalmente sólo por ATI y CSIF (UGT, CC OO y Satse no lo apoyaron)-, ha vuelto a poner el foco en los centros de salud, con división de opiniones entre la plantilla sobre sus efectos prácticos. Ana Galván, coordinadora del centro de Castilla-Hermida, tiene claro que este documento «pone orden en el caos en el que estamos sumidos. Sin sustitutos, crece la autocobertura y la sobrecarga, así no podíamos seguir. Estábamos cansados de no ver soluciones». A su juicio, la propuesta negociada con el SCS, que limita las agendas a un máximo de 28 pacientes por día (que pueden llegar a 35 en circunstancias excepcionales) «nos garantiza los diez minutos por consulta reales, que hasta ahora eran solo teoría. Y está comprobado que cuando disponemos de tiempo el paciente se adhiere mejor al tratamiento y reduce la frecuentación a consulta».

Una visión que comparte la pediatra Elena Güemes, que cree que «hay que replantear el modelo de gestión de los pacientes. La agenda no puede ser infinitiva, porque es incompatible con una atención de calidad». Por eso, destaca que «es la primera vez que se ha hecho un acuerdo para solucionar los problemas de saturación de los médicos. Proponemos buscar otras vías para atender mejor a los pacientes, incluso ofreciéndonos a trabajar más, ampliando un poco el horario por la tarde, pero de una forma reconocida» (económicamente).

Güemes defiende que el filtro de la demanda, una de las novedades introducidas, «va a solucionar mejor las necesidades de cada uno. Ahora no tenemos nada de organización. Y está claro que en el mismo tiempo no se puede ver al doble de pacientes y atenderles igual. Hay épocas en las que no damos abasto».

En cambio, para el médico de familia José Antonio García del Río, gerente de este negociado en la legislatura del PP, el acuerdo «no aporta nada nuevo. Es un parche que no va modificar sustancialmente las condiciones de trabajo y reafirma que la Atención Primaria es la cenicienta del sistema». Opina que «el cómo y el cuándo se plantea le quita toda la credibilidad y casi toda la validez», puesto que «los profesionales hemos visto cómo los planes se convierten en papel mojado de una legislatura a otra».

Sobre el impacto de estas medidas en los pacientes, que ahora pueden tardar hasta 3-4 días en citarse con su médico de cabecera en algunos centros, Garrastazu sostiene que «quien consiga cita va a disponer de más tiempo de consulta, y eso es un aspecto positivo». Pero a partir del 1 de mayo, que entran en vigor los cambios, opina que «va a ser más complicado poder citarse en la misma semana a todos los pacientes sin discriminar sus necesidades». En consecuencia, subraya, «si se aplica la misma 'receta' a todos los casos, habrá quién pueda esperar y quién no. El segundo recurrirá a las Urgencias, aunque no esté plenamente justificado desde el punto de vista clínico». En definitiva, «mejora sólo el que consigue cita, incluso sin necesitarlo, empeoran los que tendrán que soportar más demora, que serán muchos más».

Precisamente el tiempo de espera representa la queja más repetida ante la Asociación del Defensor del Paciente, como constata el abogado Eduardo Curiel, la voz de la entidad en Cantabria: «Conseguir cita con el médico de familia en el día es casi misión imposible, y eso hace que al final la gente acabe yendo a Urgencias». A medida que se han ido agravando los problemas de la Atención Primaria ha crecido el número de reclamaciones. «Eso es una realidad», apostilla. «Los pacientes sufren las consecuencias de esa falta de personal, se quejan de que se les ve rápido en la consulta porque el médico tiene la sala de espera llena. Y también los profesionales lamentan no tener siempre el tiempo necesario para cada consulta», dice Curiel, que recuerda que la demora que conlleva las derivaciones a los especialistas también encabezan el ranking de protestas, junto con lo que cuesta que se le facilite al paciente su historia clínica.

No obstante, Garrastazu aboga por «trabajar en la adecuación de la demanda, igual sí que hay que restringir las agendas, pero no en todos los casos. Para ello habría que aplicar filtros adecuados. No es lo mismo un trámite administrativo que explicar a una persona que padece una enfermedad crónica». El hecho de que se haya atribuido ese cribado al personal de enfermería (junto a los administrativos de mostrador) ha indignado al colectivo. «La Consejería entra en contradicción, se nos cuestiona la prescripción enfermera y ahora resulta que nos imponen el triaje», critica Ana Esther Domínguez, enfermera de Puente San Miguel. «Somos un equipo. Y ni siquiera se no se nos ha preguntado. No somos floreros, las enfermeras somos muy necesarias». En este sentido, señala que «se está dejando de lado el fin de la Atención Primaria, que es cuidar la salud de la población. Asumir ese triaje implica que dejemos de hacer actividades orientadas a ayudar a la gente a cuidarse. La prevención es la inversión más eficaz, un trabajo precioso cuyos resultados se ven a largo plazo».

Su compañera Enara Sáinz, presidenta de la Sociedad Científica de enfermería familiar y comunitaria, aboga por revitalizar «la esencia de la Primaria»: «Con la gran masificación de las consultas, nos dedicamos a la labor asistencial, dejando a un lado la prevención y la promoción». Por ello, considera necesario «romper con el modelo paternalista y dar a los pacientes la autonomía para el control de sus problemas, dándole la vuelta al modelo de salud, que seamos acompañantes de todo ese proceso». «Es cierto que hemos hecho a los pacientes muy dependientes de nosotros», añade Maite Gutiérrez. De ahí que insista en el autocuidado y la educación en salud como herramientas para frenar el exceso de demanda que arrastran los centros de salud. «Si no se gestiona bien, nos colapsa. Las sustituciones que no se pueden cubrir ya no se producen de forma puntual, sino prácticamente todo el año. Hace falta volver a poner los pies en la tierra. Estamos en la sociedad de la inmediatez, pero tenemos que hacer a los pacientes responsables de su salud».

De lo contrario, coincide García del Río, «pronto ni la atención especializada gozará de cierta limitación de acceso. Nadie dice claramente que la responsabilidad de sostener la sanidad pública es de todos los ciudadanos. Si queremos seguir accediendo a tratamientos sofisticados, altamente tecnificados a los que todos tenemos derecho por igual, debemos optar por estilos de vida saludables y evitar la sobreutilización de los recursos asistenciales. No es lógico que disminuya la demanda en Urgencias si hay un partido importante de fútbol». Y es un argumento en el que todos están cien por cien de acuerdo. «Lo queremos todo en el momento ('lo necesito y lo necesito ahora'), pero hay que buscar soluciones adaptadas a cada persona. Y para eso hace falta una mayor concienciación social», señala Güemes.

Además, «hay que plantear soluciones que mejoren el cuidado de una población cada vez más envejecida», apunta Roberto Garrastazu, convencido de que «problemas complejos no se resuelven con medidas sencillas y a última hora de legislatura». En la misma línea, Miguel García, presidente de la Sociedad Científica de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), cree que la gestión de la Atención Primaria en Cantabria en estos cuatro años ha sido «desastrosa. Hemos ido de mal en peor, con una sensación de improvisación constante, consecuencia también del baile de directivos en la Gerencia».

De ahí que, a la hora de plantear soluciones, apueste por «la profesionalización de la gestión» y por «la creación de equipo de trabajo para la toma de decisiones organizativas que incluyan no sólo a gerentes y sindicatos sino también a profesionales de todos los sectores». Un aspecto que «no se ha contemplado» en el último plan del SCS, «que no mejora en absoluto las condiciones laborales». Tal vez por eso introduce en el debate la idea de que «igual hay que volver al modelo de atención de mañana y tarde. Das más disponibilidad a la población y reduces la demanda de Urgencias», plantea García.

Ana Galván admite que la reorganización que propone la Administración se basa en un «buen acuerdo, aunque todo es mejorable». «Está claro que no es suficiente, porque la Atención Primaria tiene un problema crónico que no se va a solucionar de aquí a diez años, porque la carencia de personal es muy grave, pero es un paso muy importante». Al hilo de esto, tanto ella como Güemes confían en que esta propuesta de mejora aprobada «consiga retener a los MIR, que llevan años marchándose a trabajar a otras comunidades al acabar la residencia porque Cantabria no era un destino atractivo». «Sólo así se podrá paliar el progresivo déficit de profesionales», reiteran.

«Dejar morir la Atención Primaria es destruir la sanidad pública», asegura García del Río, que insiste en que «hay que defenderla, pero de verdad, no de palabra y con frases hechas, sino aumentando el presupuesto en un 5% para hacer real el principio de que es el eje del sistema». Considera que «la Primaria necesitan medios para que sea cierto que resuelve el 85% de los problemas de salud, porque el deterioro de las condiciones de trabajo y la falta de inversión en infraestructuras, de formación continuada y de incentivos traen como consecuencia una deriva progresiva de pacientes hacia el nivel más sofisticado-tecnificado del sistema de salud, con el consiguiente atasco de las listas de espera». Si en algo coinciden los profesionales consultados es que «queda mucho camino» y «no va a ser fácil» resucitar a la Atención Primaria, pero -como apunta Galván-«o nos implicamos todos y remamos juntos o se hunde del todo».