Trece años y medio de cárcel por violar a su sobrina discapacitada hasta dejarla embarazada

La Sección Tercera de la Audiencia le considera autor de un delito continuado de agresión sexual y, además de la pena de prisión, le prohíbe aproximarse y comunicar con la chica durante quince años, le inhabilita para ejercer profesión con menores durante veinte años y le impone una medida de libertad vigilada tras la finalización de la pena privativa de libertad de diez años. Además, el tribunal le priva de la patria potestad de la hija que tuvo la víctima al tiempo que declara que es el padre, con la obligación de abonar en concepto de alimentos a la menor la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

En concepto de responsabilidad civil, se le impone el pago de una indemnización a su sobrina de 50.000 euros por daños y perjuicios personales y morales, una cantidad que la sala considera «proporcionada habida cuenta la extrema gravedad de los hechos, la menor edad y la grave discapacidad padecida por la víctima, y singularmente el hecho de que la misma a consecuencia de las agresiones sexuales llegara a quedarse embarazada».

Según los hechos probados, que el acusado reconoció íntegramente en el juicio, cuando su sobrina acudía a su casa, «aprovechando aquellos momentos en los que ambos se encontraban a solas, la compelió a mantener relaciones sexuales con él, intentando la menor evadirse, sin conseguirlo». Le realizó tocamientos en el pecho, nalgas y en la vagina, así como penetraciones, tanto anales como vaginales, mientras la menor «trataba de zafarse sin éxito». «Fueron múltiples los encuentros sexuales, sin poder precisar el número exacto», añade la sentencia. Como consecuencia de estos actos, la menor se quedó embarazada y dio a luz una niña cuando contaba con quince años.

El tribunal ha considerado probados estos hechos después de conocer que el acusado aceptaba íntegramente el relato de las acusaciones y tras analizar otros elementos de prueba que «apuntan de forma inequívoca hacia la autoría y responsabilidad criminal del procesado».

En este sentido, se encuentran las manifestaciones que la menor realizó al equipo psicosocial relatando «con total contundencia las prácticas sexuales a que había sido sometida por el procesado», y también el informe relativo al cotejo del ADN del procesado con el de la niña que dio a luz la menor.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Dado que no es firme, la sala acuerda que se mantenga la situación de prisión preventiva acordada anteriormente en la causa.