Vox recupera en el Parlamento al asesor denunciado por grabar con un bolígrafo espía a sus diputados
Armando Blanco y Cristóbal Palacio acudieron a la Policía por las escuchas «ilegales» que atribuyen a una persona de confianza de la portavoz Leticia Díaz
El Grupo Parlamentario de Vox, abonado esta legislatura en Cantabria a las polémicas internas, vivió en junio de 2024 uno de sus episodios más estrambóticos. ... Cristóbal Palacio -que entonces todavía no había roto con la formación- y Armando Blanco denunciaron ante la Policía Nacional escuchas ilegales de su propio partido en los despachos de la Cámara autonómica. Ambos señalaron a Daniel Álvarez, que trabajaba en exclusiva para la portavoz Leticia Díaz, como responsable de grabar conversaciones sin permiso con un bolígrafo espía. Algo más de un año después, Díaz ha decidido la reincorporación del denunciado como asesor de un Grupo Parlamentario en el que sigue uno de los dos denunciantes.
«Vox siempre actúa con total transparencia y dentro de la legalidad. Respecto de los trabajadores del grupo, no existe ninguna resolución judicial que impida su actividad laboral. En un Estado de Derecho, las denuncias no son condenas, y ningún medio de comunicación debería insinuar lo contrario, ni participar en linchamientos mediáticos», defiende Díaz tras ser preguntada por esta reincorporación, que considera «una polémica artificial».
Según su relato, los diputados detectaron en la mesa de Álvarez, situada en el despacho que compartía con el resto de asesores, y por el que pasan asiduamente los diputados, «un artilugio de color negro con apariencia de bolígrafo» que les pareció extraño debido a sus dimensiones. Fue entonces cuando Palacio intentó escribir con el boli, pero la punta no se movió. Al desenroscar la parte superior apareció «un conector del interior del artilugio». Justo en ese momento entró al despacho Álvarez, que al darse cuenta de que a la estilográfica le faltaba la mitad superior «se alteró y empezó a gritar», además de abalanzarse contra Palacio y Blanco.
Durante el forcejeo, los dos diputados recibieron empujones, pero sin causarles ningún tipo de lesión, según informaron ellos mismos a la Policía. Poco después de este episodio, Álvarez también fue apartado como responsable de Vox en Laredo dentro de la remodelación de la dirección que llevó a cabo la presidenta autonómica del partido, Laura Velasco. Cabe recordar que la jurisprudencia puede considerar legales las grabaciones aunque no sea autorizada por uno de los protagonistas, pero siempre que la persona que active la grabación esté presente, cosa que no ocurrió en este caso.
En este tiempo, el asunto apenas ha avanzado en el juzgado. De hecho, el juez de instrucción decidió inicialmente archivar el asunto, aunque la Audiencia de Cantabria le reclamó su reapertura al considerar que sí que había indicios de delito. Antes de que declaren por estos hechos los testigos, también está pendiente que la Guardia Civil entregue el informe con el contenido de las grabaciones del bolígrafo, que se encuentra custodiado desde entonces. Según el denunciado, tan solo hay conversaciones privadas.
No es el único asunto relacionado con un asesor de Vox que está en el juzgado. También está en fase de instrucción el caso por la denuncia de otra trabajadora contra Leticia Díaz por supuesto acoso laboral, un asunto que desencadenó el registro policial de los despachos del Grupo Parlamentario. Esta asesora, tras una baja laboral -por distintos motivos, hasta cuatro asesores han estado varios meses de baja al mismo tiempo-, también se ha reincorporado ya a su puesto y 'convive' con la denunciada.
El grupo parlamentario tiene siete asesores para tres diputados
Una de las peticiones de Vox al Gobierno de Buruaga para apoyar el Presupuesto de 2026 era que se redujera la burocracia y acabar con la «grasa de la Administración» en forma de eliminación de estructuras y entes públicos prescindibles. Sin embargo, el Grupo Parlamentario de Vox es el que tiene un mayor porcentaje de asesores: siete trabajadores con sueldos públicos para tres concejales tras el portazo que dio Cristóbal Palacio, ahora no adscrito. Además, ese despliegue de personal no se traduce en iniciativas parlamentarias. Por ejemplo, desde julio Vox no ha presentado ni una pregunta escrita al Gobierno ni ha reclamado documentación, dos iniciativas donde los grupos no tienen límite en su actuación. Frente a eso, desde septiembre el PSOE ha registrado 51 preguntas, el PRC otras 40 y Palacio 33 más. Vox no siempre ha estado a la cola en este asunto. Hace un año, durante la etapa del ya cesado Toni López como coordinador, arrancó el curso político con una batería de 500 preguntas a distintas consejerías.
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