El coronavirus acelera el diseño del ingreso mínimo vital

Y España no es el único país que está considerando la puesta en marcha de un programa de garantía de ingresos. O, al menos, una prestación puntual, más o menos universal, más o menos condicionada para contener el efecto social y económico del coronavirus. Así, el billonario programa de estímulo que Estados Unidos acaba de aprobar incluye una transferencias de dinero directas a los ciudadanos. Y eso mismo decidió el Gobierno de Hong Kong hace semanas.

El estallido de esta crisis sobrevenida, de la que nadie es «culpable» salvo un virus sumamente contagioso que exige el confinamiento de las poblaciones para atajar su expansión, lo que a su vez conlleva un parón más o menos profundo de la economía, ha rescatado a nivel global una batería de opciones para revisar y mejorar las coberturas que presta el Estado del Bienestar contemporáneo que si bien los académicos y los técnicos vienen estudiando durante las cuatro últimas décadas, sólo saltaron al gran público tras las dañinas crisis financiera de 2008 y la de deuda de principios de la década siguiente.

Incluso los financieros más ortodoxos han vuelto a hablar del «helicóptero monetario», es decir, de una política de los bancos centrales que no pase tanto por la inyección de dinero a las entidades financieras para que luego la liquidez fluya hacia el resto de los agentes económicos sino que transfiera dinero directamente a esos agentes económicos, incluidos los particulares. Ello, ahora, en la práctica, se traduciría en el diseño estatal de una prestación que potencialmente pudiera ampliar el déficit y la deuda y que el banco central correspondiente pudiera financiar o «monetizar».

Manuel Aguilar Hendrickson, profesor de la Universidad de Barcelona, recuerda que lo que vienen a resolver estas prestaciones es un problema estructural que arranca en los años ochenta, cuando la economía comenzó a demandar empleos más flexibles y que no proporcionan una remuneración suficiente, no ya por los salarios a la hora que se retribuyan, sino porque son de corta duración, tanto en la extensión de los contratos como en el número de horas de las jornadas que requieren. El Estado de bienestar sólo estaba (y sigue estando) preparado para hacer frente a contingencias como un desempleo temporal que se entiende como una interrupción momentánea de la situación normal que es la de tener un trabajo a jornada completa y que permite perfectamente la subsistencia.

La Gran Recesión puso de manifiesto que el modelo económico ahora es más fluido y proporciona menos seguridad a sus participantes. De hecho, en España los programas electorales, como recuerda Aguilar Hendrickson, incorporan diversas alternativas de cobertura de ingresos desde el año 2015, en forma de rentas básicas universales, rentas mínimas garantizadas o complementos salariales.

Pero la pandemia ha acelerado el reconocimiento de la necesidad de este tipo de programas. Porque ahora millones de personas pueden quedarse sin ingresos de la noche a la mañana, porque de un día para otro se ha decretado el cierre de establecimientos comerciales y fábricas.

Los modelos, como muestran la variedad de opciones recogidas por los diversos partidos políticos en España, son muy diferentes. Una cosa es la renta básica universal, que implica que el Estado proporciona una prestación a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo y sin que tengan que cumplir ninguna condición. Y otra es la renta mínima o el ingreso mínimo vital, que supone que el Estado determina que cada ciudadano ha de tener, como mínimo, un determinado nivel de ingresos, que puede lograr en el mercado, con su trabajo, y, si éste no se lo proporciona, los fondos públicos le completarán lo que le falta para llegar a ese umbral.

Este segundo modelo sería aquél en el que estaría trabajando el Gobierno. De hecho, hay expertos que consideran contraproducente la renta básica universal. Es el caso de Borja Barragué, profesor de la Uned, quien explica: «Creo que una renta básica universal asigna de forma ineficiente una parte importante de los recursos de protección social. Con una renta básica universal, yo, como todos los empleados públicos, recibiríamos la prestación (digamos 1.000 euros mensuales). Sin embargo, yo no necesito esos 1.000 euros ahora mismo porque no puedo salir de casa, y por tanto ni cumplen la función esencial de protección social ni tampoco la indirecta de funcionar como estabilizador automático en momentos de contracción de la demanda». Y añade: «Es un momento para un ingreso mínimo vital incondicional (o sea, una renta garantizada). Es decir, una renta muy generosamente incondicional pero focalizada en los colectivos sin recursos y los sectores económicos que más lo necesiten».

Aunque persisten los defensores de la renta básica universal. Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona y uno de los principales representantes de su defensa, argumenta, en favor de su opción, que «las rentas condicionadas para pobres de las comunidades autónomas llegaban solamente al 8% de las personas pobres». «La cantidad de personas que en los próximos días y semanas van a ingresar en el porcentaje de personas pobres o con graves carencias es inmensa», añade. Raventós propone una asignación monetaria incondicional a toda la población que la solicite hasta final de año, que recuerda al modelo de Hong Kong o Estados Unidos. «Y si la solicita gente que no la necesita, pongamos que gana más de 30.000 euros brutos al año, se le vuelve a descontar en la declaración del IRPF del año 2021».

Raventós señala también que si no se está convencido de la bondad de la renta básica como medida en una situación «normal», al menos en una situación como la actual «es más que necesaria».

Para establecerla de manera estructural, Aguilar Hendrickson afirma que sería necesario un gran cambio de mentalidad de la población, porque conllevaría, para financiarla, que toda la renta que supere la universal sería gravada de manera muy intensa y ello podría convertirse en un incentivo muy fuerte para no declarar. Aunque también concede que el foco de la administración en un sistema como este podría no estar en el control de quien recibe las prestaciones, sino en la inspección tributaria para que no se escapen ingresos sin declarar. En todo caso, este modelo únicamente se ha puesto en práctica experimentalmente en Finlandia: allí, al 60% de la población le parece bien la existencia de la renta universal, pero su aceptación baja al 30% cuando se explica que conlleva una subida de impuestos.

El hecho de que ahora se plantee en España la necesidad de una renta mínima que llegue ahí donde no lo hace el Estado del Bienestar implica algo que subyace en las palabras de Raventós y es el posible fracaso o ineficiencia de la red de rentas mínimas de las comunidades autónomas. Barragué explica que, «más que ineficiente», «salvo honrosas excepciones, como Asturias, Navarra, Euskadi y Cataluña, el problema es que son claramente insuficientes». Barragué afirma que «son programas infradotados presupuestariamente en tiempos 'normales', y grotescamente insuficientes para una crisis como la actual». Y la propuesta de Barragué pasa por el establecimiento de un suelo y unos requisitos de acceso comunes a todas las comunidades autónomas y darles a éstas la posibilidad de aumentar ese nivel mínimo.

En la misma línea se expresa Aguilar Hendrickson: «Poner en marcha algo similar a la renta mínima vasca es difícil. El problema está en la dificultad de contar con financiación. Sería partidario de reforzar las rentas mínimas autonómicas con dinero estatal». Por ejemplo, además de la opción que plantea Barragué, que Hendrickson comparte, con el establecimiento por parte del Estado central de un nivel mínimo y con los fondos estatales cubrir el gap que cada autonomía no pueda asumir. Este experto también considera esencial que el Estado aproveche la infraestructura construida por las comunidades autónomas, ya que ni la Seguridad Social ni el Servicio Público de Empleo Estatal tienen experiencia en gestionar prestaciones de esa complejidad. Y, en este sentido, Barragué apunta que incluso se podría poner como modelo para toda España el vasco: ya que la cuantía de la prestación es suficiente; los requisitos de acceso no son draconianos o imposibles de satisfacer de forma que acceda casi todo aquel que no tenga recursos o los que tenga sean insuficientes; y que permita completar los recursos del mercado laboral con los provenientes de la prestación.