Más vale prevenir que curar

Esta catástrofe que tan gravemente afectó a Valencia, y en menor medida a otras provincias españolas como Albacete o Málaga, ha puesto de manifiesto la carencia de muchas de las obras hidráulicas que de haberse realizado con antelación hubiesen mitigado en gran medida los efectos de las riadas producidas. Sin embargo, en vez de dedicarse a buscar las causas del problema para evitar que se reproduzcan en un futuro más o menos próximo, nuestros políticos se dedican a buscar la forma de culpabilizar a sus oponentes, intentando con ello tapar sus propios errores, pues mientras señalan a otros intentan desviar la atención sobre ellos mismos y de esa forma evitar que nadie les pida responsabilidades. Y así, discusión tras discusión, señalamiento tras señalamiento del otro, acusaciones varias y repetición hasta el hartazgo del 'relato' elaborado por expertos en comunicación, se van pasando los días, las semanas y los meses, sin importarles las dificultades que siguen padeciendo muchos de los afectados y sin consideración ni respeto alguno a los fallecidos y a sus deudos.

Ilógico sería, además de presuntuoso, intentar desde la distancia y sin el conocimiento completo de todos los hechos y las circunstancias que en ellos concurrieron, indicar lo que cada una de las administraciones intervinientes y sus dirigentes hicieron bien o mal, qué medidas debieron tomar o recomendar a otros su adopción, pues eso corresponde, o debiera corresponder, ser analizado por una comisión técnica independiente –además de las que cada administración haga de forma individual o en conjunto– que permita, en base a los resultados obtenidos, proponer las soluciones que de forma inmediata y a más largo plazo sea conveniente adoptar para evitar situaciones análogas no solo en la zona afectada sino en todo el territorio nacional. Y es que, lo que no parece razonable es que quede como fórmula para el futuro la teoría expuesta por el presidente del Gobierno de que «si alguien quiere algo que lo pida», pues ante catástrofes o riesgo de gran envergadura producidos de forma más o menos rápida y casi explosiva, lo lógico sería, primero, intervenir con todos los medios disponibles y, luego, que quien corresponda prosiga con las acciones iniciadas una vez normalizada la situación, mucho más cuando, como en el caso analizado, hubo riesgos simultáneos en varias provincias, por lo que no hubiera sido lógico que el Gobierno central hubiese desplazado los pertinentes medios materiales y humanos a aquella, o aquellas, provincias o comunidades que lo solicitasen, quedándose, mientras tanto, de brazos cruzados en aquellas otras que no lo hubiesen pedido.

Una cuestión que sí puso de manifiesto esta catástrofe fue la carencia de un Plan Hidrológico Nacional que contemple la totalidad del territorio nacional y las medidas que en cada una de las cuencas de nuestros ríos es preciso adoptar, con el correspondiente orden de prelación, costes y beneficios, así como las comunicaciones y trasvases que entre cuencas es posible y conveniente realizar. Un plan como aquel elaborado por el Gobierno de Aznar, con el que estaban conformes prácticamente todas las Comunidades Autónomas, salvo quizás Cataluña, pues con todas ellas se había negociado y que el presidente Zapatero se encargó de retirar nada más llegar a la Presidencia del Gobierno de España.

En Cantabria, en alguna ocasión, también hemos tenido lluvias más o menos importantes que causaron daños, afortunadamente sin incidencia en las personas y, por supuesto, en cuantía que nada tiene que ver con las producidas en Valencia, pero que afectaron a áreas concretas de nuestra Comunidad y que pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de corrección y prevención que evitasen males futuros. Lo que sí hubo en la ocasión que yo recuerdo fue una estrecha colaboración entre el Gobierno de España, el de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos afectados. Así, El Diario Montañes del 8 de marzo de 1997 recogía una información sobre las ayudas dadas para paliar los efectos de las inundaciones que en fechas anteriores se habían producido en nuestra Comunidad Autónoma cuya cuantía se elevaba a 6.000 millones de pesetas, cantidad en aquellos años muy importante, con la que se hicieron múltiples obras de reparación de los daños producidos y de eliminación de posibles riesgos de futuro. No estaría mal que ahora, a la vista de lo sucedido en Valencia, hiciésemos en nuestra Comunidad un nuevo y exhaustivo estudio de posibles riesgos por inundaciones en el que se concretasen las medidas correctoras y de prevención que fuese conveniente adoptar, pues como dice el refrán «más vale prevenir que curar».