Cantabria ante un pacto singular

En el teatro del acuerdo sobre la financiación singular, el primer acto es el de la negociación fiscal y recaudatoria, si bien el nudo y desenlace son los que se desarrollan en torno a los repartos de poder, como bien relatan autores como Robert Greene. Quien domina los tiempos, los símbolos y el discurso público, gana y avanza, y eso es algo que se está aplicando con precisión desde el momento en que asistimos a una «recreación de la realidad en donde no se acepta el mundo tal y como es, sino que se dibuja cómo debería ser». Así, la parte catalana no se limita a reclamar una mayor parte de ese pastel fiscal sino que está redibujando el terreno y las reglas de juego. Para ello, nos presenta la financiación singular no como un privilegio, o un acceso preferente, como cuando hay dos colas y unos pasan más rápido y antes que otros, sino como una reparación de tipo técnico (circunstancia curiosa, pues desde dicho prisma no existe ningún consenso sobre que este sistema sea más solidario y equitativo), inevitable (¿A qué viene tanta prisa?) y replicable (¿Alguien se cree que este sistema se va a ofrecer a toda Comunidad que lo pida y quiera tras Cataluña?). La jugada está psicológicamente pensada: se neutraliza el discurso del agravio y la prebenda para pasar a redimensionar el campo de las palabras, y no se discute sobre cesiones a cambio de votos, sino como una puesta al día.

No debemos perder de vista que seguimos con los Presupuestos del Estado prorrogados y con la vista puesta en los de 2026. El dinero habla y su asignación es clave para entender decisiones y acciones colectivas más allá de luchas por el poder.

Es cierto que nuestro sistema lleva años sin reformarse y redistribuye recursos entre regiones para que aquellas con mayor capacidad fiscal financien parte de los servicios públicos de las que poseen menos recursos, con variables de ajuste no sólo poblacionales (también por grupos de edad, dispersión, población escolarizada, etc.). Pero es de una ingenuidad sonrojante creer que un cambio sobre el sistema vigente como el de otorgar una financiación singular a Cataluña no vaya a provocar dinámicamente una pérdida significativa de recursos económicos para el resto de regiones, incluida lógicamente Cantabria (simulaciones efectuadas en nuestra Comunidad y publicadas en El Diario estimaban que dejaría de ingresar 472 millones de euros, una cantidad similar a lo que cuesta anualmente Valdecilla).

Además, el planteamiento está lejos de exponerse de forma completa: no se detalla el cálculo del cupo por los servicios comunes, ni el impacto en gasto social, ni si el Estado conservará liquidez suficiente. Por añadidura, fragmenta el sistema fiscal, eleva el déficit de otras autonomías y exige reformas escalonadas con multitud de dudas técnicas de las que se desconocen las respuestas. Aunque aún requiere un respaldo parlamentario que no está garantizado, Cantabria puede encontrarse ante la encrucijada de aceptar la financiación singular y tratar de minimizar las pérdidas, o hacerle frente con todos los medios a su alcance.