No, no voy a hablar de fútbol, sino de algo bastante más trascendental para el futuro de nuestra tierruca. La financiación singular, el llamado cupo ... catalán, va a generar ciudadanos de primera y de segunda. No lo digo yo, lo ha asegurado la Asociación de Inspectores de Hacienda, que se supone que sabe bastante más que el ciudadano de a pie del asunto. Los cántabros seremos de segunda. Aún en el hipotético caso de que se aplicase el mismo sistema para todas las comunidades, dada nuestra reducida capacidad de recaudación.
Ya anunció hace meses la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, que la aplicación de esta prebenda supondría una merma para las arcas regionales de unos 400 millones de euros. En 2024 el Departamento de I+D de Economía Pública de la Universidad de Cantabria y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada coincidieron en incrementar esa previsión hasta 600 millones de euros anuales. Sin recurrir a estas acreditadas valoraciones, resulta obvio para cualquiera que si de la caja común alguien se lleva una parte sustancial, quedará menos para el resto.
No es extraño que dado el primer paso para que la histórica aspiración de los independentistas se convierta en realidad, la presidenta del Ejecutivo cántabro haya puesto el grito en el cielo calificando esta «singularidad», acordada a cambio de la investidura de Salvador Illa y el mantenimiento de Sánchez en La Moncloa, como «corrupción política». Similar nivel de contundencia ha alcanzado la valoración de la Asociación de Inspectores de Hacienda, que ha calificado el acuerdo como «imposible, inconstitucional y opaco».
Por si no sabe exactamente en qué va a consistir, Cataluña recaudará todos sus impuestos y aportará una cuota de solidaridad para cubrir los servicios de la mayoría de las regiones, que actualmente sufraga el Estado de la caja común. Habrá menos dinero en esa caja, y dicha cuota no se ha concretado aún, pero pretenden –según medios catalanes– que sea de un 2% de su PIB. Eso no es solidaridad, es limosna. Y mientras, el resto de los españoles –también los de segunda– seguiremos pagando sus pensiones.
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