El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

En primer lugar, porque la persona que presenta la demanda contra el Ayuntamiento es el marido de la teniente de alcalde y concejala de Obras de Limpias, Lorena Pérez (PP). A eso se añade que este hombre, que tiene una empresa de construcción con actividad en la zona, ha presentado la demanda sin que sea el propietario de los terrenos ni tampoco el impulsor de la modificación urbanística. Y hay un tercer elemento curioso: el Ayuntamiento, que en este caso es el demandado, no tiene interés en paralizar la subdivisión de la unidad urbanística, sino todo lo contrario. El alcalde, Ignacio Sainz (PP), afirma que su equipo de gobierno no pone pegas a que salga adelante, más bien todo lo contrario. Es decir, que el freno al expediente no es por motivos políticos, sino técnicos.

¿Cómo se explica todo esto? Antes de dar las respuestas, hay que conocer los antecedentes para poder empezar a comprenderlo. En la finca que constituye la unidad constructiva se han levantado ya tres bloques de viviendas que se encuentran habitadas. El plan que había inicialmente para desarrollar el resto del terreno y que incluía crear otros cuatro edificios de viviendas se modificó la pasada legislatura -entonces gobernaba en Limpias el PSOE, no el PP- con el impulso de un nuevo estudio detalle que tuvo el apoyo mayoritario del pleno.

A partir de ahí, la aprobación de la subdivisión para desarrollar el conjunto -en una mitad quedaba la parte ya construida y en otra la que está por construir- corría a cargo del dueño de los terrenos, la empresa Proyectos Inmobiliarios El Paseo, que se puso manos a la obra. Lo hizo porque tenía interés en aprovechar ese suelo y, siendo una unidad constructiva, cualquier movimiento tendría que contar con el apoyo de los cerca de setenta propietarios de las viviendas ya vendidas, algo muy complicado.

En diciembre de 2023, el Ayuntamiento dio el visto bueno inicial a la subdivisión. Lo hizo, según explica el regidor, tras reunir a los afectados e informarles de que para los actuales propietarios no supondría ninguna carga y que podrían seguir disfrutando de las zonas comunes, que incluyen, entre otras cosas, una piscina. «Sin mayores problemas, salvo algunas familias que se negaban», recuerda Sainz. Y la Comisión Regional de Urbanismo del Gobierno de Cantabria hizo lo propio, explicitando que en este cambio los propietarios no podían salir perjudicados en ninguno de sus derechos. El expediente volvió al Consistorio en mayo de 2024 para su aprobación definitiva, que no termina de llegar. «Ha habido alegaciones, pero está sin informar», apunta una técnico municipal, que no confirma si los retrasos se deben a que existe alguna anomalía o ilegalidad. Lo cierto es que no se ha publicado y, por tanto, aún no es efectivo.

¿Por qué quien ha puesto la demanda ha sido el marido de la edil y no el dueño del suelo? Él mismo explica que la familia también es propietaria de una casa en estos terrenos y sufre «directamente las consecuencias de que esta tramitación urbanística no continúe». Pone como ejemplo lo que ocurre con el saneamiento municipal, que pasa por su parcela. Está en mal estado y provoca daños en la vivienda. En teoría, con el desarrollo urbanístico previsto, estos problemas se resolverían.

El alcalde de Limpias, titular de las competencias de Urbanismo, confirma además que su concejala de Obras no ha tenido ninguna participación en la tramitación de este expediente. Sí confirma que forma parte de la constructora que dirige su marido y que ha realizado trabajos en el municipio, pero no relacionados con los terrenos en liza. Sainz niega que exista ningún conflicto de intereses por parte de su edil y pone en valor su labor al frente de la Concejalía. Ella «no tiene nada que ver» en este asunto.

El regidor popular sí reconoce que el despacho de abogados que ha interpuesto la demanda contra el Ayuntamiento de Limpias en nombre del marido de Pérez ha trabajado en distintas ocasiones -cuando se tramitaba el expediente urbanístico, por ejemplo- para el propio Consistorio al que ahora demanda. También que el arquitecto que redactó la subdivisión del suelo es tío del marido de la concejala. En opinión de Sainz, nada fuera de la normalidad.