Polanco continúa en la «lucha» contra las ocupaciones ilegales en su municipio

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz (PRC), mantuvo un encuentro reciente con miembros de la coordinadora de Meruelo para analizar la problemática. Díaz afirmó que el Ayuntamiento está haciendo «todo lo legalmente posible» y destacó la implicación de la Guardia Civil «que hace un gran trabajo», recordando episodios como los operativos para atajar los problemas de convivencia y erradicar los enganches ilegales, en el caso, por ejemplo, de la urbanización G20 de Requejada. En el encuentro se acordó propiciar una «reunión conjunta» con vecinos de Polanco afectados en sus urbanizaciones, con el fin de que se puedan llevar a cabo acciones conjuntas, aprovechando la experiencia de los de Meruelo.

Una de las coordinadoras de esta plataforma, Noemí Muñoz, explicó a éste periódico que durante el encuentro mantenido con la alcaldesa regionalista, a la que también invitaron a la concejal María Teresa Seco (PP), trasladaron a los de Polanco las acciones realizadas en Meruelo y que han dado resultado. Entre ellas, la coordinación de más de «300 vecinos» en dos grupos de whatsapp para avisar tanto de las ocupaciones, como un «botón de alerta» para arropar instantáneamente a los afectados en caso de amenaza. Algo que ha ayudado «mucho» en Meruelo donde se han producido conflictos por el perfil de las personas que entran en las viviendas porque «hay que distinguir entre el que ocupa por necesidad y que suele acabar pidiendo ayuda, con el que pega una patada y te dice que ancha es Castilla», diferencia Muñoz.

El caso más conflictivo en Polanco es el de la mencionada urbanización G20. En la actualidad hay 23 viviendas ocupadas en un complejo de lujo de tres bloques. La benemérita ha intervenido en varios conflictos, entre ellos un tiroteo, y dirige operaciones para controlar y erradicar los enganches ilegales. A colación de esto, el Consistorio ya no concede permisos para el suministro de agua salvo en los casos en que los solicite «el propietario legal» de la vivienda, tal como establece una nueva normativa. Una manera de frenar las ocupaciones.

En la G20 los propietarios legales denuncian la indefensión jurídica y el «miedo» con el que viven por el perfil violento de «algunos» de esos vecinos. «Es horrible, usan y destrozan zonas comunes, no pagan nada y no podemos salir a la calle porque insultan y amenazan», declaran. Los pisos en conflicto son propiedad de la Sareb tras una ejecución hipotecaria de mayo contra la sociedad inmobiliaria Villas de Ibio S.L, así lo dice un auto judicial consultado por éste periódico. La entidad esta preparando ya los desalojos.

Este caso de Polanco es especial porque no es lo que se dice 'una patada' al uso. Muchos de los inquilinos que han entrado presentan un contrato realizado a través de un supuesto propietario que alquila a nombre de distintas sociedades. La persona que tramita los alquileres ha sido identificada como la misma que –según reconoce la alcaldesa– ha tratado de solicitar «nuevas altas» de agua en esa urbanización, para lo que se le ha requerido que «acredite la propiedad». No lo ha hecho. Este periódico se puso en contacto con éste hombre hace ya meses en esta misma urbanización y sostuvo entonces que los contratos, que incluso llegó a enseñar, eran «legales», y que los edificios «no estaban en vandalismo» como denunciaban los afectados. El auto judicial demuestra ahora que los bloques no son de su propiedad.