El secretario declara al juez que advirtió al exalcalde de que había que licitar el parking

Según han detallado a este periódico fuentes cercanas a la investigación, el exalcalde explicó en su declaración que si no sacó a concurso el servicio y, por tanto, estuvo cuatro meses sin contrato, «fue por la cercanía de las elecciones municipales y la incertidumbre por saber si obtendría la mayoría necesaria para seguir gobernando en el Ayuntamiento».

Sin embargo, el secretario municipal de Santillana, que también prestó declaración ante el instructor del caso, aseguró que «advirtió varias veces al entonces alcalde de que había que sacar a concurso el servicio, porque no se podía seguir prestando sin la correspondiente cobertura legal».

Y eso después de que el Ayuntamiento de Santillana del Mar tramitara dos expedientes de contrato menor para la gestión del parking, adjudicando la explotación durante los meses de abril, mayo y junio de 2023 a Iberpark, por 17.998 y 14.482 euros, bajo el mismo concepto 'Gestión Servicio Público Estacionamiento Regulado de Vehículos'. «Dicha contratación eludió los criterios de transparencia y publicidad que se ajustan a este tipo de contrataciones, sin observarse urgencia o excepcionalidad para adoptar esta vía, ya que el objeto era el mismo y debía ser previsto con anterioridad. Se hizo un fraccionamiento de contratos ilegal con el propósito de eludir la contratación ajustada a las garantías legales establecidas por la naturaleza e importa del servicio», apunta la Fiscalía.

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, Iberpark, que también está investigada en este procedimiento, declaró la cantidad de 175.203 euros recaudados derivados de sus servicios. «Dicha actividad se realizó sin contrato administrativo, sin ningún tipo de control financiero, hasta el punto que el servicio se prestó en precario con ausencia absoluta de la ley administrativa y con claro perjuicio para el Ayuntamiento. Todo ello fue posible por la connivencia y acuerdo de los investigados (también esta imputado un funcionario municipal)», sostiene el fiscal del caso.

Para la explotación del año 2024, el Ayuntamiento proponía un canon anual de 132.000 euros, en base a un estudio de viabilidad económica previo. Sin haber sido resuelta la contratación del servicio, a mediados de marzo de 2024, la actual alcaldesa, entonces edil de Turismo, tuvo conocimiento de que Iberpark había llamado a los trabajadores de la zona azul, siendo testigo en el 15 de marzo de que «el parking estaba funcionando sin contrato», por lo que exigió al encargado de la empresa y al alcalde que se precintaran las máquinas expendedoras de inmediato.

El lunes 18 de marzo desde el Ayuntamiento se realizaron las gestiones pertinentes, ofertando la licitación de la explotación del parking por un periodo de un año y medio y sacándose a la plataforma de contratación, ganando el concurso de nuevo la empresa Iberpark, «si bien con unas mejoras en su pliego de más de 72.000 euros, respecto al año anterior», según relata el fiscal.

El representante del Ministerio Público considera que de estos hechos se desprende un presupuesto delito de prevaricación administrativa en cuanto al «burdo uso de las normas de contratación pública para dar cobertura y opacidad a la realidad criminal establecida previamente por los investigados, hasta el punto de llegar a prestar el principal servicio del municipio sin contrato alguno».

Además, detecta otro presunto delito de fraude en la contratación «por el concierto entre los investigados para prestar el servicio público de aparcamiento de forma absolutamente opaca, sin control ni posibilidad de intervención de terceros licitadores y en perjuicio de los ingresos del erario público municipal».