La valla que rodeaba a la residencia de Soto de la Marina desde 2017 es retirada por orden judicial
Trabajadores y usuarios celebran que «por fin la justicia nos ha dado la razón y ha puesto fin a la brutal discriminación» de esta verja, colocada por la urbanización vecina con permiso municipal
«Ya no nos tienen enjaulados». Los usuarios y trabajadores de la residencia sociosanitaria Medinaceli, en Soto de la Marina, celebraban ayer que ... el cerramiento que rodeaba al edificio desde hace año y medio -«la valla de la discriminación», como la llamaron-, ha sido retirado por orden judicial. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha fallado a favor de la empresa, que impugnó la licencia provisional para la colocación de esa verja, concedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, siendo alcalde aún el ahora vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, a petición de la urbanización Virgen del Mar.
La comunidad de vecinos, que trató sin éxito de evitar que se construyera en 2010 este edificio anexo a su terreno, peleó después para delimitar las parcelas, apoyándose en «los problemas» que les causaban los usuarios en los espacios que compartían.
La valla de la discordia, de dos metros de altura, se colocó al borde de la acera paralela a la fachada del centro, que está concertado con Servicios Sociales (Icass) y atiende a más de un centenar de adultos con discapacidad física grave, enfermedad mental o trastornos conductuales. Casi acostumbrados ya a tener que entrar y salir por ese espacio acotado entre vallas (la del propio recinto de la residencia y la añadida en la acera), que «recordaba a la frontera de Ceuta y Melilla», los usuarios amanecieron ayer con los operarios desmontando la instalación metálica. «Nos ha dado mucha alegría a todos», comentaba Raquel López, la directora, ya con la acera despejada. «Pese a la impotencia de ver ahí la valla cada día, acabas asumiendo que es lo que hay, pero al presenciar cómo la quitaban los usuarios se han puesto locos de contentos. Varios de ellos han venido a mí emocionados: '¡Hemos ganado!', decían».
«Aún habrá que seguir trabajando», apunta el abogado que ha llevado el caso, José Antonio Trujeda, puesto que «tanto el Ayuntamiento como la comunidad de propietarios han presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo», lo cual no ha evitado «la ejecución provisional de la sentencia que habíamos pedido, que ordenaba la retirada de la valla». Una sentencia, explica, que «no responde sólo a criterios urbanísticos, sino que se fundamenta en el perjuicio que causaba ese cierre a los residentes del centro, al generar una sensación de aislamiento y segregación».
Tras el malestar inicial que provocó la verja -fueron varios los colectivos sociales que reaccionaron con indignación (Cermi, Antares, Anpir...)-, el paso del tiempo apagó la polémica mientras el asunto se decidía por la vía judicial. «En este tiempo, residentes y familias hemos esperado con paciencia, unidos, con la rabia contenida por esta muestra de discriminación brutal, creyendo siempre que la justicia nos iba a dar la razón. Y hoy podemos decir que nos la ha dado. Hemos ganado la batalla», sostiene Pilar Cadenato, hermana de uno de los residentes. «Los enfermos han dado una lección a toda esa gente que les ven como gente fea y extraña que no deben ocupar sus barrios. Estamos felices de la lucha. Nos queda el resquemor de que las instituciones no se mojaron, pero lo importante es que la valla del terror se ha derribado».
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