El nuevo Plan General de Camargo sólo podrá actuar en el 30% de su territorio

Vista área del municipio de Camargo. /Roberto Ruiz
Vista área del municipio de Camargo. / Roberto Ruiz

La reserva de suelo para construir 2.250 viviendas sociales y la generación de 800 hectáreas de suelo industrial son los ejes principales del documento urbanístico

María Causo
MARÍA CAUSOMuriedas

El equipo de Gobierno de Camargo (PSOE-PRC) presentó este viernes los detalles del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y anunció su intención de llevar el documento a Pleno en la primera quincena del mes de marzo, después de debatirlo en una Comisión de Urbanismo que tendrá lugar «en los próximos días». Así lo explicó la alcaldesa, Esther Bolado, en una rueda de prensa acompañada del edil de Urbanismo, Carlos González, y del concejal de deportes, Gonzalo Rodeño, en representación del PRC.

Según la regidora, este proyecto es el «más importante» para Camargo de los últimos 30 años y, por tanto, es «vital» para el desarrollo socioeconómico del valle y «para el futuro de las miles de familias que viven en nuestro municipio». Por ello, ha incidido en que es un documento «para los vecinos» y «no de los partidos políticos».

El nuevo Plan General se centra en dos ejes fundamentales: la creación de reserva de suelo para la construcción de 2.250 viviendas sociales y la generación de 800 hectáreas de suelo industrial para permitir el asentamiento de nuevas empresas y la generación de empleo. En este sentido, Bolado ha destacado el «carácter integrador» del documento con el objetivo de sacarlo adelante en el pleno «entre todos los grupos». Y es que este tipo de trámites requieren mayoría absoluta de la Corporación y el bipartito -que gobierna en minoría- debe buscar los apoyos de PP o IU.

Además, la regidora ha recordado que el actual equipo de gobierno retomó el proyecto que había dejado hecho el PP por «no perder más tiempo» y que, aunque era un documento que «no compartían al cien por cien», había que trabajar por un nuevo planeamiento. A día de hoy, el PGOU vigente data del 1988, está «completamente obsoleto» y no permite crecer «por ningún lado».

Por su parte, el concejal de Urbanismo quiso señalar que el Plan se ha redactado teniendo en cuenta un informe de sostenibilidad económica, social y medioambiental que insta a consumir «los recursos mínimos», entre ellos, el suelo. Así, ha detallado que de los 37 millones de metros cuadrados que tiene el municipio, el 60,5% está calificado como suelo rústico de especial protección, y el 9,4% como suelo rústico de protección ordinaria. Por tanto, estos terrenos protegidos suman casi un 70% y el desarrollo urbanístico se llevará a cabo en el 30% restante, que ocupa 11 millones de metros cuadrados.

Dentro de este espacio, González ha anunciado la intención de edificar 8.500 viviendas en los próximos 15 años, lo que iría ligado a un crecimiento de 16.000 habitantes y supondría un 62% del parque actual de vivienda -a día de hoy hay cerca de 13.500-. Además, ha explicado que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) les ha exigido que en las áreas periurbanas haya un 35% de viviendas protegidas, a lo que el PGOU camargués ha respondido con una propuesta del 40% de Viviendas de Protección Oficial, que serían 2.250 hogares.

Respecto al suelo industrial, el documento reserva unas 800 hectáreas, una limitación a la que obliga también el POL y lo que justifica que el planeamiento sea «dinámico» y quede «abierto» a modificaciones puntuales en un futuro. El documento incluye también la actuación prevista para cubrir unos 300 metros de vías en el casco urbano del municipio, cuyo proyecto definitivo podría iniciar Adif en otoño, mientras que el Consistorio «intentará conseguir» que el Ministerio de Fomento asuma la totalidad de la financiación. La estimación de la inversión de este proyecto es de unos cinco millones de euros, a los que habría que sumar otros cuatro millones de euros para completar la actuación prevista que permitiría la integración total del casco urbano.

Plazos

González ha explicado que si el Pleno da luz verde al documento, comenzará una fase de exposición pública para que los ciudadanos hagan alegaciones. Este periodo está estipulado por ley y es de 45 días, aunque se podrá ampliar en función de la participación.

El siguiente paso sería recoger las alegaciones aceptadas y, después, la aprobación definitiva le correspondería al Gobierno de Cantabria a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), que tardaría «al menos» un año.