CastroVerde advierte nuevas irregularidades en los contratos de gestión de podas

Así las cosas, desde el partido verde han destacado que “el informe técnico del expediente lo firma el propio concejal, algo que hace de manera reiterativa”, han advertido, “y no el técnico de medio ambiente del que dispone el Departamento, lo que llega a confundir al propio interventor, quien da por bueno el informe al entender que lo firmaba el funcionario, en el cual se indicaba que los restos de poda de la parcela los había depositado el Ayuntamiento”.

CastroVerde ha destacado, además, que dicho informe técnico fue firmado por el edil, “que a la vez es alcalde pedáneo de la Junta de Sámano, propietaria de la parcela, y en él rehúsa la responsabilidad de ésta en la generación de residuos, derivándola en el Ayuntamiento”.

“Esta actuación, totalmente inadmisible, supone una vulneración administrativa, ya que debió ser un técnico neutral y ajeno a la junta vecinal quien dirimiera sobre el origen de esos restos, y no el propio alcalde pedáneo que decidió que su retirada debe pagarla el Ayuntamiento, eximiendo la propia responsabilidad”, han denunciado desde la formación ecologista.

Teniendo en cuenta lo mencionado, CV ha añadido que dicho contrato “es el segundo que se realiza en el mismo año para el mismo servicio”, ya que se realizó otro el pasado mes de enero por 13.000 euros, cuantía que supera “ampliamente el importe del contrato menor, contraviniendo la Ley de Contratos”. “Esta forma de actuar, con continuas chapuzas e irregularidades en la contratación, dista mucho de lo prometido y pone en entredicho la capacidad del PSOE para la gestión municipal”, han afirmado.

Por otra parte, desde CV han querido recordar que ya en el mes de septiembre denunciaron los contratos de gestión de podas en el área de Medio Ambiente, unas actuaciones “que superaron en menos de un año los 67.000 euros”. Este verano, según el partido ecologista, el interventor municipal realizó “la correspondiente advertencia de legalidad” debido a que “al menos uno de ellos constituía un servicio estructural y no podría adjudicarse mediante un contrato menor”.

Entre otras cuestiones, la formación ecologista acusó a la concejalía de Medio Ambiente de que entre los contratos realizados, se encontraba uno “de diversas podas en Mioño y Urdiales, que fueron contratadas a una empresa que había sido sancionada por el Ayuntamiento por infracción urbanística muy grave y el importe de adjudicación se igualó al de la multa más los intereses debidos”.