El PP no tomará ninguna medida contra el alcalde de Liendo hasta que se concrete la causa judicial
La Fiscalía ha presentado una denuncia contra él y su antecesor regionalista por avalar con su firma el supuesto desvío de fondos de dos empleadas del Ayuntamiento
El Partido Popular de Cantabria ha decidido no tomar, por ahora, ninguna medida disciplinaria contra el alcalde de Liendo, Juan Alberto Rozas, después de que la Fiscalía le haya incluido en la denuncia interpuesta ... ante el Juzgado por las supuestas irregularidades contables detectadas en este Ayuntamiento. El Ministerio Público apunta que el «caos» en la gestión municipal y el desvío de fondos públicos tiene como principales responsables a la anterior interventora y a otra trabajadora del Consistorio, pero a la par considera que tanto Rozas como su antecesor en el cargo, el regionalista Javier Villanueva, avalaron con su firma los supuestos expedientes fraudulentos y que conocieron, así, las actuaciones de estas dos trabajadoras.
«No tenemos nada que aportar desde el PP. Respetamos los procedimientos y los tiempos judiciales. Cuando se den las circunstancias, tomaremos las decisiones oportunas», explicó ayer el portavoz parlamentario de los populares, Juan José Alonso.
Por ahora, la denuncia se encuentra en el Juzgado de Laredo, que aún no ha dicho si comparte la tesis de la Fiscalía. En opinión del Ministerio Público, los hechos detectados, que se produjeron entre julio de 2022 y noviembre de 2024, «pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, sin perjuicio de una más concreta calificación que pudiera resultar de la investigación».
Consultado por El Diario Montañés, Rozas prefirió ayer no hacer declaraciones. Sí se pronunció el que fuera alcalde de Liendo hasta julio de 2023, Javier Villanueva. El regionalista no comparte la atribución de responsabilidades que hace la Fiscalía en su escrito y recuerda que él no tuvo conocimiento de estos posibles delitos hasta que el actual interventor los hizo públicos este mismo año a través de un demoledor informe, en el que se hablaba de pago de gastos personales con dinero público, nóminas infladas, facturas pagadas por duplicado y sin respaldo presupuestario y una falta total de control en las cuentas municipales.
«Nosotros somos cargos políticos. La persona que tenía que saber de leyes y velar por su cumplimiento era la interventora», recordó Villanueva, que se mostró tranquilo porque, después de consultar la situación con su abogado, está convencido de que no tiene «culpa de nada».
Entre los hechos que detalla la Fiscalía -y que relataba también el informe del actual interventor que llevó el PSOE a la Fiscalía y desencadenó esta investigación- se encuentran la aprobación de pluses de productividad que se autorizaron sin justificación para algunos trabajadores o adelantos de nóminas sin ningún tipo de respaldo que no se devolvieron. De ambos supuestos se habrían beneficiado las dos principales responsables. En el caso de la exinterventora, también se habla del uso de una tarjeta de crédito del Consistorio para pagar en una joyería o material de estudio de oposiciones.
Fueron precisamente estas irregularidades contables las que provocaron la disolución del pacto de Gobierno municipal PP-PRC el pasado verano. Los regionalistas explicaron que actuaban de esta manera tras exigir explicaciones a Rozas cuando se emitieron los primeros informes del interventor, en el mes de abril.
También pidieron que se tomaran medidas urgentes para corregir los «reiterados incumplimientos legales. «Ni ha tomado medida alguna ni ha sido capaz de justificar el cúmulo de irregularidades que salpican su gestión», lamentaron.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
