La Fiscalía pide un año de cárcel y doce de inhabilitación para el exalcalde de Noja

Díaz, al fondo, pasa junto al actual alcalde, Miguel Ángel Ruiz. /Celedonio Martínez
Díaz, al fondo, pasa junto al actual alcalde, Miguel Ángel Ruiz. / Celedonio Martínez

El Ministerio Público le acusa de un supuesto delito de prevaricación y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios para perjudicar a la constructora del actual regidor

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DM .Santander

La Fiscalía de Cantabria pide un año de cárcel y doce de inhabilitación al exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP), a quien acusa de un supuesto delito continuado de prevaricación y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios para perjudicar a la constructora del actual regidor, Miguel Ángel Ruiz (PRC) e impedir la concesión de licencias de construcción de viviendas en Socaire, una finca urbana de la villa. Por estos hechos, la acusación particular reclama hasta 6 años de cárcel y 26 de inhabilitación.

En el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, además de a Jesús Díaz, este organismo público acusa al secretario municipal José Luis Sainz Messia, pero en este caso por un único delito de prevaricación continuada, con una solicitud de pena de diez años de inhabilitación.

El Ministerio Público también pide que Jesús Díaz pague una multa de 6.750 euros y que tanto él como el secretario indemnicen a Nocanor por los perjuicios que le han ocasionado.

La Fiscalía destaca en su escrito que los acusados, Díaz y Sainz Messia, aprovecharon su condición de alcalde y secretario del Ayuntamiento de Noja para dictar y amparar, respectivamente, «a sabiendas de su ilegalidad», diversas resoluciones administrativas «que contradecían manifiestamente la legislación», para perjudicar el proyecto de construcción de viviendas de Nocanor, la empresa del actual alcalde.

Así, según el Ministerio Público, los acusados retrasaron el proyecto de la empresa «como consecuencia del interés mostrado por el señor Díaz en la adquisición de la finca urbana» de 12.812 metros cuadrados que estaba destinada a la construcción y venta de viviendas, locales y garajes. Esa finca fue adquirida por la empresa Nocanor Promociones SL, sin que se llegara por parte del exalcalde Díaz a un acuerdo con el propietario de la finca.

En el escrito de la Fiscalía se recoge que Díaz llegó a advertir al propietario de que a la hora de tener en cuenta las diversas ofertas que había recibido por el terreno, entre las que había algunas de la empresa de su mujer, debía considerar que «él era el que concedía las licencias urbanísticas».

El propietario de los terrenos no le hizo caso y vendió a Nocanor y, según el fiscal, cuando la empresa inició los trámites urbanísticos en el Ayuntamiento para construir le solicitaron informes y documentación que no era necesaria. La Fiscalía explica que en el momento en que se presentó la solicitud de licencia por la empresa, se produjo «un goteo de requerimientos de la más diversa documentación» que «demoró artificialmente la resolución del expediente».

En octubre de 2007, la Junta de Gobierno Local denegó la licencia, con una resolución que indicaba que previamente había que hacer un proyecto de urbanización y otro de compensación, lo que, según la Fiscalía, se «apartaba» de otros precedentes municipales y del criterio que había mantenido hasta entonces el alcalde.

Por todo ello, se iniciaron procesos judiciales en la vía contencioso administrativa que ganó Nocanor pero que fue recurriendo el Ayuntamiento.

La Fiscalía destaca que, como consecuencia de «todas las trabas e impedimentos» que sufrió Nocanor, solo se pudo ejecutar la primera fase del proyecto, que constaba de 59 viviendas, 1.219 metros cuadrados de locales y 69 garajes, más algunas dependencias auxiliares. Y subraya que no han quedado determinados los perjuicios causados a la empresa.

Pero en su escrito de acusación, Nocanor, que está personada en el proceso, cifró en 12,9 millones los perjuicios que sufrió.

En esta causa también está personado como acusación el Ayuntamiento de Noja, que solicita siete años de inhabilitación para el exregidor y para el secretario por presunta prevaricación.

El Juzgado ha dictado además ya el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, en el que declara como órgano competente para enjuiciar estos hechos al Juzgado de lo Penal.

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