El Gobierno regional pide a Casares «que no se lave las manos» con El Puntal
La presidenta cántabra asegura que el problema del botellón «se resuelve en un minuto y medio con determinación»
El Ejecutivo regional traslada toda la responsabilidad de impedir que se celebren botellones en la playa de El Puntal a la Delegación de Gobierno. Lo ha dicho por partida doble este miércoles, tanto a través de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, como de los consejeros de Medio Ambiente y Ganadería, Roberto Media y María Jesús Susinos, respectivamente, quienes mantuvieron una reunión con el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, para analizar el problema.
La jefa del Ejecutivo regional fue la más tajante: «Esto se resuelve en un minuto y medio con determinación. Y ésa es la primera tarea del nuevo delegado del Gobierno», dijo, refiriéndose al socialista Pedro Casares. Recordó situaciones similares vividas en Castro Urdiales y Noja, y cómo se les puso fin. «Sabemos cómo se ataja esto: desde la anticipación, vigilancia, control y sanción», que se traduce en un refuerzo «de los dispositivos de fuerzas y cuerpos de seguridad ante evidentes convocatorias que ya se están produciendo».
«Es un problema o un fenómeno relacionado con las modas, los comportamientos sociales y con un comportamiento incívico, como el que estamos viendo en las piscinas. Un problema que, es cierto, daña un espacio tan sensible como es El Puntal, que daña nuestra imagen y nuestra reputación turística y que es imperioso atajar y cortar de raíz. Para mí es una cuestión de seguridad y orden público. Tenemos que combatir desde la colaboración y la coordinación entre distintas Administraciones. Aquí ni vale mirar para otro lado ni pelotearse las competencias y decir 'esto no va conmigo', ni quitarse de en medio. Y tampoco vale dejar solo al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, que tiene la mayoría de las competencias pero se ve absolutamente sobrepasado porque ni tiene medios humanos ni materiales para afrontar esto en la forma debida».
Una actividad «incompatible» con un espacio natural de gran valor
Desde las asociaciones conservacionistas ARCA y SEOBirdLife se insiste en la necesidad de proteger de un espacio natural del valor del campo dunar de El Puntal.
«Hay dos conceptos básicos: se trata de usos adecuados e incompatibles, por un lado, y de límite de carga para cualquier actividad, por otro», explica Carlos García, secretario general de ARCA. «El límite de carga es clave para mantener el atractivo y la riqueza paisajística y natural del recurso, en este caso, las dunas».
García considera «normal» que la playa de El Puntal reciba miles de visitantes, «pero si esa misma gente se desplaza a las dunas sí genera un problema».
«Esas fiestas ruidosas con basura no son compatibles con un espacio natural». «Hay espacios para cada cosa, y un campo dunar en una zona protegida de riqueza extraordinaria no es sitio para esa actividad, y debe ser prohibida, sin duda», opina el representante de ARCA, quien también anima a actuar «con valentía» para buscar una solución, aunque sea el mal menor: «Si no puedes evitar esa celebración, debes encauzarla, buscar un sitio en la zona que no cause ese destrozo».
«Hace ya tiempo que se viene advirtiendo de la amenaza que supone el uso público sin control en numerosos espacios naturales de nuestra región», coincide Felipe González, delegado territorial de SEOBirdLife. «Podemos ver ejemplos de su impacto en Costa Quebrada, Monte Buciero, las secuoyas de Cabezón, Fuente Dé, Oyambre... paradójicamente la coincidencia de sitios de enorme valor natural y de gran atractivo turístico requiere de una gestión activa de esta circunstancia teniendo en cuenta el escenario al que nos enfrentamos con un mayor número de visitantes cada temporada».
«La naturaleza de Cantabria es uno de los activos más importantes, que atrae cada día más visitantes a la región, por lo que contar con los instrumentos de gestión y protección de espacios y especies es la única garantía para lograr un turismo responsable con la naturaleza que no la ponga en riesgo», defiende.
«Aquí nadie puede lavarse las manos», recalcó, por su parte, Roberto Media, quien, junto a su compañera de Gabinete María Jesús Susinos y el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, han exigido a la Delegación de Gobierno que «de una vez por todas» tome, en el ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias «para poder acabar con esas concentraciones ilegales que están generando una gran alarma social».
«La seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público son una competencia de esa Delegación del Gobierno, más aún si tenemos en cuenta la carencia de medios que tiene un ayuntamiento como el de Ribamontán al Mar y que estas concentraciones, en ningún caso, están autorizadas por su parte».
Informó, además, de que el Gobierno de Cantabria prevé aprobar el proyecto de ley de transporte marítimo, que permitirá imponer sanciones a «gente con barcos particulares que traen y llevan a personas al Puntal y les cobran» y que contribuyen a la clebración de esas concentraciones.
La consejera de Desarrollo Rural ha insistido igualmente en que «no podemos permitir que los espacios naturales protegidos de Cantabria soporten este tipo de aglomeraciones porque dañan los recursos naturales de la región» y, en el caso de El Puntal de Somo, a una zona dunar catalogada como Zona de Especial Conservación (ZEC).
«Estamos ante un problema que necesita de la ayuda de todos para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener los espacios naturales protegidos libres de residuos y de comportamientos incívicos que lo único que hacen es dañar los ecosistemas y la imagen de Cantabria», opinó Susinos.
Tras el encuentro, ambos consejeros y el regidor han enviado una carta conjunta al nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en la que exigen que tome medidas «útiles» para acabar con las concentraciones «masivas e ilegales» que se producen en El Puntal desde hace dos años con fiestas de jóvenes que «llenan de botellones, ruidos y suciedad ese espacio natural protegido». En la misiva, señalan que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, siendo la Administración competente a la hora de gestionar dicho espacio, «se ve incapaz de hacerlo de forma óptima al no contar con los medios humanos y materiales suficientes para contener ese tipo de concentraciones ilegales».
