La liquidación de la obra del Centro de Emprendedores termina en el juzgado

La herida que supuso la no ejecución del proyecto estrella de la pasada legislatura en Torrelavega, la construcción del Centro de Emprendedores, aún no se ha cerrado. El Ayuntamiento y el autor del proyecto y director de la obra, Javier Rodríguez Alcoba, discrepan abiertamente a la hora de liquidar el trabajo realizado y todo parece indicar que será un juez quien tenga la última palabra, una vez agotada la vía administrativa.

La Alcaldía le ha comunicado al arquitecto madrileño el resultado del expediente que abrió para determinar los daños ocasionados al Consistorio como consecuencia de los «defectos e insuficiencias» del proyecto. El Ayuntamiento ha determinado en la cantidad de 85.199 euros el importe de dichos daños y exige al adjudicatario del contrato la mitad (42.599 euros), cifra que le reclama por vía de apremio. Rodríguez Alcoba opina lo contrario y reclama al Consistorio más de 50.000 euros por los trabajos realizados durante más de un año.

La Corporación de Torrelavega acordó en 2012 incluir el proyecto en el plan europeo (Urban) para tratar de relanzar el populoso barrio de La Inmobiliaria. El arquitecto madrileño ganó el concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento y le fueron adjudicadas al año siguiente tanto la dirección como la ejecución de las obras.

En la resolución de la Alcaldía se señala que después las obras sufrieron diversos «avatares», especialmente una suspensión de los trabajos derivada de la necesidad de tramitar un modificado del proyecto, como consecuencia de la aparición de «servicios ocultos no detectados», así como fibrocemento en la caseta de bolos que existía en la parcela. El retraso sufrido en la obra, ante la necesidad de tener que tramitar un segundo modificado del proyecto para resolver la aparición de «nuevos servicios ocultos», motivó, finalmente, el acuerdo de resolver de mutuo acuerdo el contrato con la UTE adjudicataria (Vías y Codelse) en 2015, ante el riesgo de perder la cofinanciación europea (50%).

Las alegaciones del arquitecto han sido desestimadas. Consistían, en síntesis, en intentar atribuir a la supervisión de los servicios técnicos municipales la obligación de detectar la omisión en el proyecto de la existencia del fibrocemento, tanto en la cubierta de la caseta de bolos (uralita) como en la tubería de abastecimiento de agua aparecida en la parcela. Rodríguez Alcoba también defiende que correspondía al Ayuntamiento el haber informado de estas circunstancias, así como que el redactor del proyecto actuó con la debida diligencia. Igualmente, el técnico pedía en sus alegaciones la devolución del aval del contrato de dirección de obra, dado que pasó a estar retenido tras la apertura del expediente.

Esta última cuestión quedó solventada al acordar la Corporación la devolución del aval en un pleno celebrado el pasado 1 de marzo. Por contra, el informe de los técnicos municipales desmontó el resto de alegaciones. Respecto a la aparición de la tubería, el Ayuntamiento nunca intentó imputar la responsabilidad al proyectista, al tratarse de un servicio afectado oculto, no incluido en la documentación que se le facilitó, y ser un supuesto de modificación del contrato de obra que estaba previsto expresamente en el pliego. Sin embargo, distinta es la situación de la uralita de la caseta de bolos, al ser «visible y corresponder al proyectista, actuando con la debida diligencia, realizar las indagaciones oportunas para su detección y posterior inclusión en el proyecto».

Políticos y baja temeraria

«Ha terminado la vía administrativa, ahora queda la contencioso-administrativa. El Ayuntamiento me imputa un perjuicio y no lo comparto en absoluto», afirma Rodríguez Alcoba. Ambas partes tampoco están de acuerdo con el dinero a recibir por el trabajo realizado. El Ayuntamiento solo está dispuesto a abonar la parte correspondiente a la obra ejecutada (2%) y el arquitecto reclama más de 50.000 euros: «Es el trabajo que hice durante más de un año. Visitas, informes, actas... Además, el director de ejecución le contraté yo. Queremos que se liquide el trabajo, como dice la Ley de Contratos del Estado».

Rodríguez Alcoba dice que en ningún momento actuó con falta de diligencia o profesionalidad, y que fue la constructora la que fue alargando los plazos hasta que el Ayuntamiento renunció a la ejecución del proyecto por falta de tiempo para percibir las ayudas europeas. Al técnico no le ha pasado nada parecido «en ningún lugar de España» y lo atribuye a la baja temeraria (42,5%) con la que se adjudicó la obra, ya que «las cosas valen lo que valen». El proyecto también fue «único» para él en el apartado político: «En año y medio me tocaron tres alcaldes, y cada uno opinaba distinto».