El intermediario del nuevo tanatorio de Torrelavega es condenado a tres años de prisión
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le sentencia por los delitos de estafa y falsedad en documento oficial
La persona que hizo de intermediaria en la construcción del tanatorio de Miravalles, ha sido condenada a tres años y dos meses de prisión ... por haber cometido los delitos de estafa y falsedad en documento oficial. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación que presentó el intermediario, Vicente Fernández, frente a la sentencia dictada el año pasado por la Audiencia Provincial, que le condenó como autor de un delito de estafa a la pena de dos años y dos meses de prisión, y multa de siete meses con una cuota diaria de 10 euros. El TSJC ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por uno de los dos denunciantes, la funeraria Ruiz Varela Nereo Hermanos -el otro fue el Ayuntamiento-, y ha condenado también al intermediario como responsable, «en concepto de autor y sin circunstancias», de un delito de falsedad en documento oficial a la pena de un año de prisión y multa de siete meses a razón de una cuota de 10 euros al día, elevando así la condena inicial de la Audiencia Provincial de siete meses de prisión. El fallo, que no hace imposición de las costas devengadas, ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo.
La sentencia señala que la citada empresa, interesada en la instalación y explotación de un tanatorio en Miravalles, así como en la construcción de un vial de acceso, encargó al intermediario la localización del terreno y la realización de las gestiones administrativas relacionadas con la inversión. Para ello el ahora condenado presentó en el Ayuntamiento, en representación de Ruiz Varela Nereo Hermanos, numerosa documentación, mientras la empresa le abonaba los honorarios profesionales mediante transferencia bancaria, previa expedición de factura.
Ánimo de enriquecerse
Según la sentencia, Fernández, conociendo los términos del convenio urbanístico y el importe del presupuesto de ejecución de la obra desde enero de 2013, con ánimo de enriquecimiento ilícito, hizo creer al representante de la mercantil que debía pagar de modo inmediato al Ayuntamiento las dos terceras partes del presupuesto del coste de la obra establecido en el proyecto. Le requirió el pago a sabiendas de que dicha cantidad no debía ser abonada hasta que la Alcaldía aprobara el proyecto de ejecución del vial.
El representante de la empresa, siguiendo las indicaciones de esta persona «en la que confiaba», pues ya había presentado el convenio urbanístico, el estudio de detalle y el proyecto de ejecución vial, firmó dos documentos de provisión de fondos y entregó al condenado cheques bancarios por importe total de 110.057 euros.
El fallo judicial señala que el condenado se quedó con el dinero para construir un vial
En cuanto al proyecto de ejecución del vial, una vez obtenida la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Alcaldía aprobó el proyecto de la obra en 2015, cumpliendo así el convenio urbanístico firmado con Ruiz Varela Nereo Hermanos. La Alcaldía también acordó requerir a la empresa para que entregase los 110.056 euros, cantidad correspondiente a los dos tercios del presupuesto total de la obra del vial. El representante legal de la mercantil, convencido de que el Ayuntamiento se había confundido al requerirle para el pago que creía había efectuado a través del intermediario, se presentó en el Consistorio para justificar dicho pago adjuntando las dos fotocopias que en su día el condenado le proporcionó. Esos documentos no figuraban en el expediente del Ayuntamiento.
«Aparentar»
El fallo judicial señala que el intermediario, con la finalidad de aparentar que el dinero lo había ingresado en el Consistorio, confeccionó, por sí mismo o por medio de otras personas que le ayudaron, unas fotocopias de los documentos justificativos del desembolso en los que constaban el sello del Ayuntamiento, un número de apunte contable manuscrito y el concepto de carta de pago de los 110.057 euros. Finalmente, Ruiz Varela Nereo Hermanos depositó en el Consistorio en octubre de 2017 un aval bancario por el mismo importe, en garantía del cumplimiento de la obligación asumida en el convenio urbanístico, desbloqueando así la construcción del vial, que, finalmente, entró en servicio el año pasado tras varios años de paralización del proyecto.
El tanatorio entró en funcionamiento cinco años antes, en 2013. La quinta generación que regenta la funeraria está representada por los hermanos Ruiz Calzada, una familia que mantiene y ha modernizado el negocio, fundado por Joaquín Ruiz Cimiano en 1900.
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