Vecinos del edificio apuntalado acusan al Gobierno de «mentiras» y «maltrato institucional»
Los afectados de la calle Coro Ronda Garcilaso se reafirman en la sentencia que, en 2020, asoció las grietas en el inmueble a una obra de la Consejería
Las explicaciones que dio la consejera de Empleo y Políticas Sociales en el Parlamento sobre las responsabilidades aún judicializadas del edificio apuntalado de la ... calle Ronda Garcilaso, el pasado lunes, no han gustado nada a los vecinos afectados de la comunidad. «El edificio está mal, pero no es por unas obras que haya realizado el Gobierno de Cantabria. Lo dice un juez, no yo», declaró entonces, sentencia en mano y a preguntas del PP, Eugenia Gómez de Diego, tras asegurar que se ha reunido con los residentes en «decenas» de ocasiones y reiterar la posición que viene asegurando el Ejecutivo desde hace meses: las grietas y el mal estado que revela el interior de algunas viviendas se debe no a la actuación que desarrolló el Icass hace cuatro años sino a un «problema estructural» del inmnueble. Los vecinos damnificados por esta situación, la mayoría mayores, niegan la mayor desde entonces, también con un fallo de la Audiencia Provincial en la mano –este sí, firme–: «No cuente mentiras. Ni siquiera se ha dignado a venir. Esto es maltrato institucional».
Las palabras de la portavoz de los afectados, Lourdes Verdeja, pronunciadas en un vídeo en respuesta a la consejera, trasladan el «infierno» que desde entonces vienen atravesando los residentes del número 6 de la calle Coro Ronda Garcilaso, una «vivienda construida hace 33 años» y que, coincidiendo con la creación del Punto de Encuentro Familiar del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) en la planta baja, empezó a resquebrajarse. «Reúnanse con los vecinos y traigan propuestas reales. Nos están dando la espalda», lamenta.
La responsabilidad sobre el mal estado del inmueble está judicializada desde entonces. E incluso aquí parece haber disparidad de opiniones. La Audiencia Provincial de Cantabria ya dio la razón a una de las vecinas –Verdeja– en 2020, ratificando un fallo del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Santander que asociaba la obra a los trastornos de su vivienda en el segundo piso. Dos años después, y para sorpresa de los vecinos, el Juzgado Nº 5 negó dicha relación tras analizar los desperfectos en la vivienda más afectada, un primero donde habita Blanca Hernández.
Esa es la sentencia que ahora está pendiente de revisión. Entre tanto, tanto la disparidad de opiniones por parte de la Justicia como la «falta de soluciones» que, según dicen, ofrece el Gobierno de Cantabria enerva a estos torrelaveguenses, personas mayores, la mayoría mujeres, con una pensión de entre «400 y 800 euros». La respuesta de estos ciudadanos suma un capítulo más a este desencuentro, todo mientras las grietas ganan centímetros, el ascensor sigue sin servicio y el número 6 de Coro Ronda sigue resquebrajándose.
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