Los afectados por la alta tensión recurren ante el Supremo

Según recordó la asociación, la anterior autorización para este tramo "ya fue declarada ilegal" por esa misma Sala del Tribunal Supremo en el año 2002, y el nuevo expediente tramitado, a su juicio, "incurre en idénticos defectos que el declarado nulo, con muy numerosas ilegalidades, agravadas por el transcurso del tiempo y el conocimiento del criterio jurisprudencial por parte de las empresas eléctricas y el Gobierno de España".

En su opinión, "el supuesto Estudio de Impacto Ambiental realizado, arbitrariamente fraccionado en pequeñísimos tramos, no cumple mínimamente las exigencias de la legislación española, ni mucho menos las de las directivas europeas en la materia".

Además, la asociación critica que "se pretende dejar sin estudio los muy graves impactos que la línea produce en numerosas localidades", aduciendo que "hay tramos que ya estarían aprobados anteriormente sin necesidad de haber realizado dicho estudio de impactos".

Para ACAAT, esa postura "además de vulnerar gravísimamente la normativa en la materia, constituye una burla sangrante al derecho de todos los ciudadanos a recibir el mismo trato de los poderes públicos" y "solamente pretende salvar de cualquier forma la obra ilegalmente realizada hace ya muchos años y evitar los gastos de su obligatorio derribo".

La asociación recalca que esa obra "debiera haber sido ya demolida íntegramente" y ahora solicitarán responsabilidades por el "incumplimiento".

PARALIZACION

En este sentido, y ante la sospecha de que REE (Red Eléctrica de España), "con la connivencia de la Administración", opte por "un nuevo intento de implantar de cualquier forma la línea y seguir la política de los hechos consumados", para que "posibles sentencias judiciales posteriores no tengan ningún efecto práctico", ACAAT ha acudido además a la vía penal "en exigencia de las responsabilidades delictivas que en todo ello pudieran concurrir".

Al mismo tiempo, "para evitar precisamente el éxito de esa política de hechos consumados", en pieza separada de la demanda formulada ante el Tribunal Supremo se solicita la "inmediata suspensión cautelar de la autorización concedida a dicho tramo Soto de Ribera-Penagos y la consiguiente paralización de las obras".

Igualmente, ACAAT solicitará de forma inmediata la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente en estas cuestiones, añadió la asociación.

OTRAS DENUNCIAS

Por otro lado, los afectados recuerdan que también han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del TSJC por "posibles delitos de prevaricación y contra el medio ambiente que se podrían estar produciendo con la actuación de REE (Red Eléctrica de España) y las administraciones intervinientes con relación a actividades fundamentales y complementarias para la implantación de la línea eléctrica a 400 kV que enlaza Asturias y el País Vasco".

Así, aluden por ejemplo a las obras en ejecución para la ampliación de la subestación de Quintana o Penagos, "que se está llevando a efecto sobre el curso de dos arroyos que alimentan el más importante humedal interior o de agua dulce de Cantabria ".

Ese mismo humedal, añaden, "es víctima en la actualidad de otras agresivas e inaceptables actuaciones, tanto por parte del Ayuntamiento de Penagos, que ha efectuado rellenos evidente y manifiestamente ilegales, como el Ministerio de Fomento, en las pretendidas obras de construcción de una autovía que afectaría gravemente a la zona".

Otra actuación denunciada ante la Fiscalía es la construcción de una pista de rodadura "de casi dos kilómetros de longitud y gran impacto ambiental para la implantación de una torre, en el área de protección de la Cueva Cobrantes, en el termino municipal de Voto, de gran interés arqueológico".

"Dicha pista ha sido construida, pese a las reiteradas denuncias de los vecinos, con la pasividad cómplice de las Direcciones Generales de Biodiversidad y Cultura, que lo permiten pese a no disponer de proyecto, ni de autorización o licencia del Ayuntamiento y Junta Vecinal, excederse con mucho la anchura autorizada por la Dirección General de Biodiversidad, modificarse arbitrariamente y sin autorización el trazado, causar derrumbes y no disponer de estudio de impacto ambiental", agregó la asociación.