Clamor contra el cierre de los registros civiles que plantea el Gobierno de Rajoy

Ciudadanos de Santander realizan gestiones en la oficina del Registro Civil de la ciudad.
Ciudadanos de Santander realizan gestiones en la oficina del Registro Civil de la ciudad. / Celedonio Martínez
  • El Ejecutivo presenta alegaciones al modelo ministerial, los ayuntamientos preparan mociones en contra y los sindicatos rechazan en bloque el proyecto

Los registros civiles llevaban unos años en la cuerda floja. Y ahora, salvo que el Gobierno de Rajoy rectifique, recibirán la puntilla. El próximo 1 de julio entrará en vigor la Ley del Registro civil, aprobada por el que fuera ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que suponía la supresión de los registros civiles, además de transferir este servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, lo que suponía cobrar por realizar inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios, trámites que ahora son gratuitos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió en abril de 2015 paralizar la privatización, enmendando así el proyecto de su antecesor en el cargo. Pero, además se comprometió a mantener las oficinas del Registro Civil. En Cantabria hay una oficina en cada uno de los ocho partidos judiciales y en los 24 Juzgados de Paz y Agrupaciones existentes. En 90 ayuntamientos existe además una oficina para la tramitación de este tipo de papeleo.

Nada más lejos de la realidad. Catalá anunció hace unos días en la Conferencia Sectorial que con carácter general serán las autonomías las que tendrán que abordar la reorganización. Su propuesta establece que cada comunidad autónoma sólo está obligada a tener una Oficina General de Registro Civil, y le posibilita a crear otra más por cada 500.000 habitantes, así como cuantas juzgue conveniente por razón de la distribución de la población o características del territorio. Además, los Juzgados de Paz perderán sus competencias en materia registral, y sólo podrán recibir solicitudes para su remisión a la Oficina General correspondiente. En otras palabras, el proyecto de Catalá no privatiza el Registro Civil pero lo pagarán las comunidades autónomas. De llevarse a cabo, la medida obligará a los 411.000 vecinos de la región a trasladarse a Santander, municipio donde probablemente se centralizará el servicio o, en su caso, a recurrir a gestorías privadas para la tramitación de asuntos cotidianos.

Contra esta situación se ha alzado el Gobierno de Cantabria, que ha presentado alegaciones al plan ministerial, y los sindicatos en bloque, que denuncian que Justicia les «mintió», y se oponen al cierre de los registros.

Comisiones Obreras se ha dirigido a los alcaldes y grupos municipales afectados para que exijan al Gobierno central una «rectificación inmediata» y que insten a los partidos políticos para que apoyen el manteniento de todas las oficinas del Registro Civil. Su responsable de Justicia, Borja Bats, se ha reunido también con los partidos políticos regionales para trasmitirles las consecuencias que tendría esta decisión, tanto para la administración regional de Justicia como para los ciudadanos.

El Ejecutivo cántabro se ha movilizado y ha reclamado al Ministerio de Justicia que se mantengan todas las oficinas en los ayuntamientos para que los vecinos no tengan que desplazase a la oficina general para registrar nacimientos, defunciones, matrimonios o adopciones. Ese es uno de los objetivos de las alegaciones que ha presentado al proyecto de modificación del Registro Civil, junto a la garantía de los medios precisos para poner en marcha la reforma y la apertura de un periodo transitorio hasta la llegada del sistema tecnológico necesario.

Público y gratuito

Cantabria quiere mantener el carácter público y gratuito de este servicio, «siempre gestionado en el entorno de la administración pública y dirigido por los letrados de la Administración de Justicia», señala el consejero de Justicia, Rafael de la Sierra, que ha trasladado su desacuerdo con el modelo último planteado por el Ministerio.

En sus alegaciones, defiende que el necesario avance tecnológico «no puede enfrentarse con la proximidad al ciudadano», por lo que solicita que el sistema garantice, a través de los ayuntamientos, juzgados de paz y juzgados mixtos con funciones de Registro Civil y que los vecinos y ciudadanos puedan seguir accediendo a ellos para recibir asistencia personal en este ámbito.

A su juicio, la introducción de trámites telemáticos en el Registro Civil «no debe implicar que se deje de asistir a la ciudadanía de forma presencial», ni que ésta tenga la obligación de trasladarse y realizar sus trámites en la Oficina General, que «seguramente» se ubicará en Santander. Cantabria ha pedido también la apertura de un periodo transitorio ante la falta del sistema informático necesario para implantar el sistema de folio único personal, que contendrá toda la información de cada ciudadano de forma unificada.

Las organizaciones sindicales, por su parte, han solicitado a Catalá una reunión urgente para exigirle que rectifique.

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