Los investigadores contradicen al agente de Tráfico juzgado por favorecer a la empresa de su mujer

Este martes se ha celebrado la segunda sesión del juicio con jurado popular en el que la Fiscalía acusa a este guardia civil de un delito continuado de actividades prohibidas a funcionarios públicos, por el que solicita una pena de dos años de prisión, 3.240 euros de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años.

Según el Ministerio Público y la acusación particular, desde su puesto en el Centro Operativo de Tráfico este hombre benefició a los camiones de la empresa de transportes de su mujer con el fin de permitir traslados especiales sin la oportuna autorización. Parte de esas piezas estaban destinadas a las obras del Centro Botín.

Durante la sesión de ayer, el guardia civil negó haber realizado cualquiera de las acciones que se le atribuyen, y afirmó que su trabajo «sólo» consistía en «transmitir órdenes de jefes e incidencias» a otros agentes. Sin embargo, este martes los dos guardias civiles a los que se encargó que investigasen este asunto han apuntado que el puesto que ocupaba el encausado, como responsable del Centro Operativo de Tráfico, corresponde a «alguien de la confianza» del teniente coronel, que en ese momento era Lorenzo Bárez.

«Evidentemente él (el teniente coronel) no puede estar todos los días ahí, por eso delega sus competencias», ha asegurado uno de los guardias que han declarado como testigos, para quien el acusado era «los ojos del jefe del servicio» y actuaba «como tal».

Este testigo ha señalado que el encausado tenía suficientes competencias para tomar decisiones por su cuenta y ordenar modificaciones en los servicios que iban a realizar las patrullas. «Está allí sólo, debe decidirlo todo», ha añadido.

«Independientemente de que la pareja esté formada por un coronel, un sargento o dos guardias, el que manda es el del Centro Operativo de Tráfico», ha subrayado, y ha explicado que centraron su investigación en el acusado porque todas las irregularidades se habían cometido durante sus turnos de trabajo.

Ambos guardias civiles han destacado que los transportistas a los que preguntaron les dijeron que «trataban» directamente con el encausado, y han subrayado que su mujer no era «persona conocida» en el sector.

Además, han manifestado que la propietaria de la empresa de transportes no quiso hablar con ellos durante la investigación ni entregarles la autorización para transportes excepcionales que se ponía en duda que tuviese cuando se la requirieron.

«No nos la quiso entregar, dijo que ya declararía delante de su señoría», ha reiterado uno de ellos. Aun así, la esposa del encausado se ha acogido a su derecho a no declarar; mientras que el gerente de otra empresa de transporte ha asegurado que «era un comentario que había en la calle» que el encausado llevaba el negocio de su esposa.

En su escrito provisional, el Ministerio Público habla de un episodio en el que el guardia civil ordenó a patrullas de Tráfico que se desplazasen para dejar sin control zonas por las que iba a circular un camión de su empresa que carecía de autorización especial, e incida que también mandó agentes a que escoltasen un transporte que tampoco tenía ese permiso excepcional.

Las parejas de agentes que supuestamente recibieron estas órdenes también han testificado en la vista que ha tenido lugar hoy.

Los guardias a los que el encausado presuntamente mandó que se moviesen han detallado que la razón que se les dio fue que debían encargarse también de la demarcación conexa a la suya, y que, al dirigirse hacia allí, pararon a un vehículo que parecía ser un transporte especial porque no contaban con que fuese a pasar ninguno por esa zona, pese a que ese tipo de camiones deban avisar con antelación.

Conforme a su relato, al pedir al conductor del camión la documentación correspondiente, les dijo que la llevaba el coche que le acompañaba, y que en él iba «su jefe», refiriéndose a Bárez.

En ese momento, uno de los guardias civiles recibió en su teléfono personal la llamada del encausado, que estaba de guardia y que le asegura que el vehículo es suyo y que está en perfectas condiciones, así como que Bárez, quien, según le confirma, va en el coche, más tarde hablaría con ellos sobre ese transporte.

Ambos testigos han coincidido en que nunca se llegó a producir esa conversación.