El sindicato médico apunta a otros dos contratos del SCS que urge investigar

Los datos a los que ha tenido acceso (compartidos con este periódico) «parecen indicar una compra individualizada para eludir el control de los órganos de Intervención», advierte el sindicato. Es decir, que «los susodichos ecógrafos se han adquirido centro de salud a centro de salud, y no mediante el correspondiente concurso único para obtener el mejor precio posible, no sabemos si con el propósito de eludir a los órganos de Intervención de la comunidad». Esa compra está repartida a partes iguales entre dos modelos de ecógrafo, uno de la firma italiana Esaote, con un coste de 13.908,95 euros la unidad, y otro de la china Sakura, a razón de 12.584 euros cada aparato, como consta en la información extraída del Boletín Oficial de Cantabria. En total, la factura de Esaote por el suministro asciende a 152.998 euros y la de Sakura, a 138.424 euros.

Según la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores aquellos con un valor estimado inferior a los 40.000 euros en el caso de obras y de 15.000 euros para suministros o servicios.

Pero siendo la vía más ágil para ejecutar actuaciones de pequeño importe, es también la menos transparente. De ahí que tradicionalmente planee la sombra de la irregularidad sobre esta fórmula cuando cabe la posibilidad de un fraccionamiento del contrato para favorecer una adjudicación. Será el procedimiento informativo en ciernes, y después la Intervención General, quien deberá determinar si este supuesto es aplicable al caso que denuncia el Sindicato Médico.

«Nos llama poderosamente la atención esta compra cuando, a pesar de ser la realización de ecografías una aspiración de los médicos de Atención Primaria, no es en absoluto una prioridad en estos momentos ante la existencia de problemas mucho más graves como la sobrecarga asistencial», resalta la organización sindical. Pero «lo que es aún más llamativo», a su juicio, es que «tampoco parece que la implantación de la ecografía en Atención Primaria sea una prioridad para la Consejería, más allá de la compra de los aparatos, pues cinco meses después de su compra permanecen embalados en los centros de salud y los profesionales sólo van a recibir un curso de 32 horas para su manejo, que es una formación completamente insuficiente».

Pero además de la adquisición de los ecógrafos, el Sindicato Médico pide que la investigación en marcha apunte en otra dirección: la adquisición del programa informático ISIS en los llamados 'centros en transición', un programa piloto que comenzó el pasado diciembre en siete centros de salud: Doctor Morante (Dávila), Astillero, Camargo Costa, Laredo, La Barreda, Dobra y Saja. Cuestionada por este asunto, desde la Consejería de Sanidad explicaron a este periódico que «es un proyecto de innovación sanitaria en Atención Primaria cuyo objetivo final es mejorar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema». ¿Cómo? «A través del comportamiento profesional, basado en el conocimiento. La meta es incrementar la salud de la población, resolviendo el mayor número de necesidades sanitarias existentes, de la forma más sostenible, eficiente y equitativa».

Una explicación que el Sindicato Médico traduce así: «Básicamente consiste en que una empresa privada pasa a gestionar una serie de centros de salud en los que instala un software informático mediante el que se controla la actividad que realizan los médicos, fundamentalmente las derivaciones al hospital y las prescripciones de fármacos». En definitiva, opinan desde el sindicato, «lo que hace es clasificar a los médicos entre buenos o malos, con arreglo a las directrices dictadas por dicha empresa privada». Pone como ejemplo, «la prescripción de algunos antibióticos, pretendiendo que se recete en contra de la evidencia clínica simplemente para abaratar costes».

El proyecto en cuestión, valorado en 81.457 euros, lo desarrolla la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) y la empresa CYMAP S.L, a través de un contrato menor de la Gerencia de AtenciónPrimaria. Según ha podido averiguar este periódico, esa misma empresa ofertó sus servicios al Gobierno anterior (PP), que en su día rechazó la implantación de este sistema informático porque le exigía un desembolso importante de dinero, además de un porcentaje del ahorro generado con las medidas aplicadas en la actividad de los médicos.

Por otro lado, el sindicato transmite su «solidaridad hacia la funcionaria que ha denunciado» las irregularidades en los contratos del SCS. «Es intolerable que quien denuncia, como es su obligación, sea perseguido públicamente por hacerlo». Por tanto, exige «que se retire la querella anunciada. De no ser así, pedimos que el presidente de Cantabria cese inmediatamente a la consejera de Sanidad y a toda la cúpula directiva del Servicio Cántabro de Salud».