"La junta de gobierno era como un zoco. Todo se compraba y vendía"

Los acusados, los exconcejales Elisa Dopico y José Miguel Rodríguez, y la exveterinaria municipal, sigue el testimonio de Urruticoechea por videoconferencia.
Los acusados, los exconcejales Elisa Dopico y José Miguel Rodríguez, y la exveterinaria municipal, sigue el testimonio de Urruticoechea por videoconferencia. / Antonio 'Sane'
  • El exinterventor municipal de Castro Urdiales Fernando Urriticoechea declara como último testigo por el 'caso Trapur' y asegura que "la magnitud de la ilegalidad en el equipo de gobierno de 2003 a 2005 era muy grande"

"Las sesiones de la junta de gobierno eran un zoco en el que todo se compraba y se vendía. Cada concejal llevaba sus expedientes a su buen criterio y muchos sin pasar por la Intervención y sin informes técnicos ni jurídicos". Las duras declaraciones son de Fernando Urriticoechea, el exinterventor municipal de Castro Urdiales que ha declarado este jueves en la Audiencia de Cantabria en la que ha supuesto la última jornada del juicio por la presunta adjudicación a dedo de los trabajos de desratización del municipio a la empresa Trapur.

Urruticoechea, que en su carrera se ha ganado el apodo de funcionario 'derroca-alcaldes' por destapar más de un caso de corrupción municipal en diferentes localidades españolas, ha vuelto a demostrar que la corrupción, por muy pequeña que sea, no puede cruzarse en su camino.

"La magnitud de la ilegalidad en el equipo de gobierno castreño de 2003 a 2005, cuando tuvieron lugar los hechos del caso Trapur, era muy grande". Aunque sus palabras procedían de una videoconferencia, su lengua no mostraba pelos al acusar de supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho a los exediles de Sanidad y de Hacienda, Elisa Dopico y José Miguel Rodríguez, y la exveterinaria municipal.

En su intervención virtual ante el juez, el funcionario vasco recordó que él mismo fue el encargado de impartir unos cursos sobre legalidad administrativa y contratación a los ediles implicados en la trama cuando el equipo de gobierno PRC-PP-IU llegó al poder en 2003.

Un conocimiento del procedimiento sobre el fraccionamiento del pago y de los contratos que explicó a los ediles "de forma pormenorizadora", pero, que según su relato, no fueron suficientes para evitar el futuro fraude porque "en aquella época el Ayuntamiento funcionaba de manera desorganizada".

En vez de quedarse de brazos cruzados, no dudó en poner "sellos rojos" en multitud de facturas de la empresa Trapur. Unas advertencias que no eran tenidas en cuenta por los acusados porque "las llevaban a la junta de gobierno para aprobarlas".

La reacción de la defensa ante el testimonio del exinterventor ha sido la de pedir que no se tomen en cuenta sus declaraciones porque el hecho de que Urruticoechea estuvo personado como acusación en este procedimiento pero se retiró posteriormento, lo que pone "en entredicho" su credibilidad.

Por su parte, a Fiscalía y las defensas han elevado hoy a definitivas sus conclusiones, de forma que el Ministerio Fiscal ha mantenido la acusación y las peticiones de penas y las defensas han solicitado la absolución.