El Ayuntamiento no asumirá las reclamaciones económicas por la anulación del PGOU

El Ayuntamiento de Santander no tiene intención de asumir las reclamaciones económicas que pueda generar la anulación del plan urbanístico de 2012. Así lo señaló ayer César Díaz, concejal de Infraestructuras, al dar la relación de proyectos afectados y no afectados por la sentencia del Supremo que se conoció hace dos meses. De momento, "no hay requerimientos" por esta causa en el Consistorio, pero Díaz se mostró tranquilo para el caso de que los hubiera. Como la anulación del plan urbanístico no se puede achacar a un error municipal, "no nos correspondería a nosotros asumirlas", opinó.

Por este motivo, "a priori", la situación no supondrá un perjuicio económico para las arcas municipales. Según sus datos, si el Tribunal Supremo hubiera determinado que el Plan General lo había planteado mal el equipo de gobierno local, "la responsabilidad económica sería compartida al 50% con la Administración regional" ya que esta segunda tiene la función de supervisar y controlar por medio de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) como estamento superior a los municipios. Sin embargo, al haberse anulado el plan "por una causa externa y ajena a nosotros ni siquiera tendríamos que afrontar esa mitad de la responsabilidad", subrayó.

"Lo que da una solución global son las Normas Urbanísticas Transitorias", manifestó, "y si no nos las dan, nosotros defendemos que, perjuicio económico para el Ayuntamiento, ninguno".

Puso un ejemplo. El Ayuntamiento está negociando con la Fundación Caja Cantabria para solucionar la papeleta que tiene con la antigua residencia de mayores de Cazoña, ya que el Consistorio ingresó casi siete millones de euros en concepto de plusvalías al recalificarla. Según relató César Díaz, la Fundación "podría reclamar" esos siete millones, porque con la normativa de 1997 el inmueble vuelve a tener uso socio-sanitario tras haber perdido el residencial del que se le dotó con el plan de 2012 y que generó el citado ingreso para las arcas locales.

"La parcela ha perdido la calificación urbanística residencial, pero la causa no es imputable al Ayuntamiento, por lo que quizá deban ser otros los responsables", dejó caer.

Díaz señaló que la Fundación Caja Cantabria tiene dificultades para vender esta parcela como uso residencial, por lo que ambos (Ayuntamiento y Fundación) están intentando llegar a un acuerdo y evitar la vía judicial "explorando otras posibles salidas que están sobre la mesa. Nos hemos dado un tiempo".

Las explicaciones que dio el portavoz del equipo de gobierno de Santander no convencieron a los grupos de oposición, que acusaron a César Díaz de haberlas ofrecido "tarde" e "incompletas". También revelarían que sí habrá consecuencias económicas para las arcas locales.

El portavoz del PSOE en Santander, Pedro Casares, tachó de "suposiciones, posibilidades e incertidumbres" la información facilitada por el PP y pidió a este partido que deje de "repartir responsabilidades". Casares criticó que en la Comisión de Desarrollo Sostenible no se entregara ningún informe "en el que se valore las consecuencias concretas ni se analice punto por punto los efectos", ni siquiera de las "18 actuaciones más importantes que se ven afectadas".

"Al contrario de lo que dice el PP, muchos proyectos que son importantes podrán seguir si se realiza una modificación puntual del PGOU de 1997, que es competencia exclusiva del Ayuntamiento", expresó el líder de los socialistas en Santander.

Tampoco el PRC salió satisfecho de la reunión, a la que acudieron los ediles Vicente Nieto y Raúl Huerta. Su portavoz municipal (José María Fuentes-Pila) señaló que "nos hicieron creer que no pasaba nada y vaya si pasa". A sus ojos, a partir de ayer se produce "un antes y un después, porque "el PP tendrá que dejar de minimizar el impacto que la anulación del plan tendrá no solo sobre proyectos concretos sino sobre la propia actividad económica" por los planes que quedan en suspenso.

Para Miguel Saro, concejal de IU, el diagnóstico que les ofrecieron ayer "es desesperanzador", puesto que los compromisos que "deberá asumir el Ayuntamiento por el incumplimiento de sus previsiones puede ocasionar a todos los vecinos un serio quebranto económico que veremos en los próximos años".

Por su parte, Antonio Mantecón cuestionó el tipo de información recibida. "No se nos ha explicado qué partes del plan se quieren salvar de manera íntegra y por qué. Sin duda alguna, este es un debate fundamental". Tampoco le gustan las prisas del PP, que "garantizan una mayor inseguridad jurídica, si cabe".